Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea denuncia que el PP ha impedido que el Senado admitiera a trámite la proposición de ley con la que se pretendía evitar que las empresas pudieran despedir a los donantes de órganos.
Además, la iniciativa pretendía equiparar en derechos a las mujeres que siguen tratamientos de reproducción asistida a los de las mujeres embarazadas e impedir el despido y de aquellos trabajadores con bajas médicas inferiores a 20 días que se derivan de intervenciones quirúrgicas, tratamientos de rehabilitación, procedimientos invasivos o bajas hospitalarias.
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea recuerda que métodos de reproducción asistida son cada vez más habituales en nuestra sociedad, por lo que consideran requiere la adaptación de nuestra normativa laboral.
Recuerda este grupo parlamentario que “nuestro país se ha convertido en el primer país de Europa en reproducción asistida y el tercero a nivel mundial” y que “el año 2014 nacieron 33.934 niños y niñas por las diferentes técnicas de reproducción asistida”.
Informa que “los artículos 2.1 y 5.1 de la Directiva 76/207/CEE del Consejo de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres para el acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, sí se oponen al despido de la mujer que se encuentra siguiendo un tratamiento de fecundación in vitro”, pero sin embargo, la legislación hoy vigente en nuestro país no garantiza ni protege plenamente a las mujeres que se encuentran en esta situación.
Por ello, la Proposición de Ley de Unidos Podemos proponía la modificación de los artículos 52.d y 37.3 de la Ley del estatuto de los trabajadores. “De esta manera, quedarían excluidas de penalización las faltas de asistencia por tratamiento de reproducción asistida, y el reconocimiento de los permisos regulados en el propio estatuto de los trabajadores para la realización de las pruebas necesarias para la reproducción asistida”, indica el grupo del Senado en una nota.
La Proposición de Ley, rechazada por la mayoría absoluta
del PP en el Senado, pretendía además proteger a aquellos trabajadores con bajas médicas inferiores a 20 días que se derivan de intervenciones quirúrgicas, tratamientos de rehabilitación, procedimientos invasivos o bajas hospitalarias.
Y es que Podemos advierte que “la modificación del artículo 52. d) del Texto Refundido por el Estatuto de los Trabajadores, realizada en 2012, está permitiendo supuestos de despido como el de personas donantes de órganos en vida y de trabajadores con determinadas bajas por enfermedad o por ingresos hospitalarios, curaciones o asistencias a terapias de rehabilitación establecidas por los servicios sanitarios oficiales, ya que estas bajas justificadas de carácter intermitente no están actualmente amparadas”.
La modificación del artículo 52. d) del Texto Refundido por el Estatuto de los Trabajadores, realizada en 2012, está permitiendo supuestos de despido como el de personas donantes de órganos en vida.
El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea recuerda que el 24 de abril de 2017 el pleno del Senado aprobaba por unanimidad una moción presentada por el Partido Popular en la que se instaba al Gobierno a “adoptar las medidas necesarias para que la donación de un órgano por parte de un donante vivo se siga considerando causa de incapacidad temporal, con los efectos y las prestaciones de la Seguridad Social correspondientes, incluyendo todo el proceso médico necesario que conlleve el tiempo del propio proceso de donación hasta que se produzca el trasplante”.
Y hace notar que “el portavoz popular defendió con énfasis la iniciativa, explicando la situación real vivida por un padre que fue despedido tras donar un riñón a su hija” pero se queja de que “las mociones aprobadas por el Senado, no obstante, no tienen carga legal alguna y de que el Partido Popular “a la hora de la verdad, cuando se trataba de tramitar una ley que permita proteger a los donantes de órganos, es capaz de contradecirse a sí mismo y, con su mayoría absoluta en el Senado, bloquear una iniciativa que permitía un avance real para los colectivos afectados y que contaba con el apoyo del resto de fuerzas políticas”.
