Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta, Rosendo Naseiro, Ángel Sanchís y Carmen Navarro, cinco de los siete tesoreros que ha tenido el PP, desde los tiempos en que era Alianza Popular, han tenido problemas con la justicia por casos de corrupción.
Las cuentas del Partido Popular siguen en el ‘ojo del huracán’ ya que las sucesivas imputaciones de sus tesoreros por presuntos casos de corrupción no hacen sino extender las sospechas de que durante años la financiación irregular de la formación no ha sido un hecho aislado.
La última imputación ha sido la de Carmen Navarro, a la que el juez que instruye el caso Taula –en el que se investiga la presunta caja B del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia y el blanqueo de hasta 50.000 euros en la campaña electoral de 2015 por el método del ‘pitufeo’- ha imputado en esta supuesta trama de financiación ilegal del partido.
No es la primera vez que Carmen Navarro, gerente y tesorera del PP- es imputada, ya que también lo está por la destrucción de los discos duros de su antecesor en el cargo, Luis Bárcenas, y también lo fue por el despido improcedente de su predecesor Luis Bárcenas, una causa que se archivó pero que la Audiencia Provincial de Madrid ordenó volver a reabrir a primeros de este años.
Lapuerta y Sanchís, salpicados por Bárcenas
Precisamente, el procesamiento de Bárcenas fue el que provocó un efecto dominó que afectó a sus antecesores. Ángel Sanchis y Alvaro Lapuerta. Sanchís fue imputado por sospechas de que ayudó a Bárcenas a ocultar su fortuna en el caso Gürtel, mientras que Lapuerta lo hizo en la pieza separada de Gürtel sobre los conocidos ya como ‘los papeles de Bárcenas’, sobresueldos en B entregados supuestamente a dirigentes del PP.
Pero el pionero fue Rosendo Naseiro en 1988, ya que fue la primera investigación judicial originada por las sospechas de corrupción en la financiación del Partido Popular. Un caso que se descubrió por causalidad, cuando por unas escuchas relacionadas con el tráfico de drogas sacaron a la luz una trama de sobornos a cambio de recalificaciones y venta de terrenos–se destapó la vinculación del tesorero popular en una trama de financiación irregular que llevó su propio nombre, el ‘caso Naseiro’.
