El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, ha presentado un informe en el que pide el archivo de las actuaciones en este tribunal contra el exjefe de Anticorrupción Manuel Moix. La asociación Contratrama se querelló contra el fiscal por ignorar en 2007 la denuncia sobre el campo de golf en terrenos del Canal Isabel II.
Se trata de una adjudicación que dejó la gestión del espacio en manos de familiares de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid. González sigue en prisión provisional por su participación en el caso Lezo, centrado en delitos de corrupción en torno a la empresa pública de aguas madrileña.
En su informe de 8 páginas, recogido por Europa Press, Navajas rechaza la existencia de los delitos de prevaricación, omisión de perseguir delitos y encubrimiento en la conducta de su compañero, ya que Moix se encuentra actualmente destinado en la Fiscalía de este órgano con categoría de Fiscal de Sala. Moix dimitió como jefe de Anticorrupción tras el escándalo por su posesión de una sociedad en Panamá para la propiedad de un chalé en Madrid. Su compañero pide a la Sala de lo Penal que proceda «al archivo de las actuaciones al no revestir los hechos el carácter de delito«.
En una providencia con fecha de este martes, la Sala de lo Penal remite este informe al magistrado ponente de las actuaciones, Francisco Monterde, para que les proponga si deben acordarse diligencias para empezar a investigar los hechos o bien se archivan, tal y como solicita el Ministerio Público.
Los hechos denunciados se remontan a 2002, cuando el Ayuntamiento de Madrid y el Canal de Isabel II suscribieron un acuerdo para que en un terreno del barrio madrileño de Chamberí se construyera el denominado «tercer depósito», un parque público de acceso libre que incluía 80.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes. Tras las elecciones de 2003, cuando González ascendió a la vicepresidencia de la Comunidad, el proyecto se varió y parte de dicho parque se sustituyó por un campo de golf.
Para ello, González anuló la declaración de interés general del proyecto inicial. También se subcontrataron parte de las obras y parte de ellas recayeron en Tecnoconcret Proyectos e Ingenieria S.L., controlada por el hermano y el cuñado del propio González; a lo que se suma que la explotación de las instalaciones deportivas se adjudicó a un consorcio en el que participaba también la citada compañía.
En relación con estos hechos se interpusieron dos denuncias en 2007 y en 2009 ante la Fiscalía de Madrid y una querella en 2010 instadas por 400 vecinos de Chamberí que terminaron constituyéndose en una asociación. En los dos primeros casos Moix decretó el archivo de las denuncias.
Sobre la querella, la Fiscalía evacuó informe oponiéndose a su admisión a trámite. Según la asociación denunciante, el pronto archivo de estas iniciativas evitó la realización de diligencias elementales que habrían servido ya en 2007 para descubrir una de las operaciones de corrupción que se investigan desde el pasado mes de abril en la Audiencia Nacional dentro del denominado caso Lezo.
También la venta fraudulenta de Inassa
El campo de golf no es la única conexión de Moix con el caso Lezo: la misma agencia publicaba ayer que la Fiscalía Anticorrupción pidió la imputación de Alberto Ruiz- Gallardón, expresidente de la Comunidad de Madrid y exministro de Justicia, por supuestamente controlar una operación sospechosa en el Canal de Isabel II.
Anticorrupción pidió el pasado mes de noviembre la imputación del expresidente por la compra en 2001 de la filial del Canal de Isabel II Inassa. El motivo que marcaron los fiscales fue el supuesto desfalco de 70 millones de euros en la operación, la cual fue “controlada por Alberto Ruiz-Gallardón y por ‘su gente’”.
Según los documentos en poder de Europa Press, el principal motivo que llevó a Moix a frenar cualquier actuación en este sentido fue que, ante el estallido de la ‘operación Lezo’ y las correspondientes detenciones, esta compra que involucra a Gallardón debía llevarse en un asunto aparte. Incluso, el ya ex fiscal jefe de Anticorrupción se negó a que se realizara un registro en Inassa
