El sindicato CCOO ha exigido la paralización “inmediata” de LexNET, así como del Expediente Judicial Electrónico, más conocido como ‘papel 0’, hasta que “no se dé solución a la gran cantidad de problemas detectados” en los últimos días. “Los fallos en el sistema de seguridad de LexNET son solo la punta del iceberg de una nefasta gestión que exige la asunción de responsabilidades políticas y el cese o dimisión de sus responsables”, afirma Comisiones.
El Sector de la Administración de Justicia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO sostiene que “la implantación de nuevas tecnologías de forma precipitada a través de contratos opacos, sin coordinación con las administraciones autonómicas y sin formar suficientemente a la plantilla ha provocado el caos en los órganos judiciales”.
De ahí que el sindicato reclame su paralización y la del ‘papel 0’. “Los sistemas y programas informáticos no son fiables, no son seguros, no son suficientes, no se han implantado de forma programada y no se ha dado la suficiente formación a la plantilla”, denuncia Comisiones Obreras, que defiende que la implantación de las nuevas tecnologías debió hacerse “de forma paulatina”. En concreto, “con experiencias piloto que hubieran permitido detectar y corregir los fallos puntuales que ahora son globales”.
Para el Sector de Justicia de FSC-CCOO el culpable “de esta nefasta gestión” es el ministro Rafael Catalá, pero también los máximos responsables de su equipo (Secretaria de Estado, Secretario General y Subdirector de Nuevas Tecnologías), “que se han negado a escuchar las continuas quejas desde todos los operadores jurídicos”. Todos ellos “han venido advirtiendo de las constantes caídas de las aplicaciones informáticas, de su lentitud y de su falta de capacidad, de la insuficiencia de recursos destinados para la atención a los usuarios, de la inexistente política de formación profesional”, entre otras cosas.
Algo a lo que hizo caso omiso el titular del Ministerio de Justicia, que “optó por la precipitación, por la contratación a través de empresas tecnológicas con total opacidad, por seguir adelante de forma tozuda y propagandística a pesar de los continuos fallos y caídas del sistema que se vienen produciendo con asiduidad”.
Asimismo ha denunciado “que el poder ejecutivo sea el poseedor de los sistemas informáticos y, por ello, tenga acceso a todas las actuaciones judiciales”. Lo que, según CCOO, puede contravenir la no injerencia en el poder judicial a la que obliga la Constitución.
Todo este “cúmulo de despropósitos”, destaca Comisiones, exigen la “adopción de medidas contundentes y necesarias” que deben pasar por la paralización de todos los proyectos tecnológicos del Ministerio de Justicia, así como el “diseño de una nueva estrategia de implantación” de las nuevas tecnologías en la administración y el control parlamentario y judicial de las adjudicaciones de los contratos a determinadas empresas.
Incidencias en Madrid
Por su parte, el PSOE ha registrado una proposición no de ley en la Asamblea de Madrid en la que se insta al Gobierno de Cristina Cifuentes a realizar un informe, en el plazo de un mes, sobre la implantación de este sistema en la Comunidad. En él, los socialistas quieren que se indique “todas las incidencias ocurridas en los órganos judiciales” de la región y “las medidas que ha llevado a cabo para solventarlas”.
Además, han solicitado a la mesa de la Diputación Permanente la comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno, Ángel Garrido, ante el Pleno de la Asamblea para dar cuenta de la la valoración Gobierno madrileño sobre lo ocurrido.
