La recuperación económica ha ido teniendo dos velocidades. O al menos así ha ido sucediendo en algunos sectores donde se ven cómo unas cifras aumentan a un ritmo y otras, directamente, caen. Algo que se ha vivido en la sanidad pública andaluza, tal y como ha podido constatar la Cámara de Cuentas de Andalucía. Y es que mientras el Sistema Andaluz de Salud (SAS) perdía de 2011 a 2013 un total 7.773 empleados, se pagó a los altos cargos y los directivos de la Consejería de Salud y de los hospitales por encima de lo marcado por la ley.
El informe publicado este miércoles por la Cámara de Cuentas de Andalucía relata que existió a finalización de 2013 una diferencia de 2.166.965 euros entre “los datos que se deducen de las aplicaciones de nóminas” a los dirigentes y “el importe consignado en el modelo 190 de la AEAT de Retribuciones y Retenciones”. Es decir, se ha superado en más de dos millones de euros el límite de sueldo máximo que se puede pagar a estos altos cargos de la sanidad andaluza.
En concreto, el estudio realizado por el órgano fiscal expone que en la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía dos efectivos recibieron 28.784 euros más de lo marcado por ley. De la misma manera, en los Servicios Centrales del SAS, dos efectivos percibieron un total de 34.126,84 euros; en los cinco hospitales seleccionados del SAS, a ocho efectivos se les pagó 40.734,52 euros más; en las agencias públicas empresariales sanitarias (APEs), sucedió lo mismo con seis directivos y con 93 cargos intermedios que registraron “un exceso total de 2.028.598,58 euros”.
Una irregularidad que cometió la Junta de Andalucía en un año en el que en septiembre de 2013 vivió un cambio en la Presidencia cuando Susana Díaz se alzó con el poder. Mientras tanto, el informe de la Cámara de Cuentas ha reprochado que en todos estos casos la Consejería de Salud, el SAS y las agencias, según la normativa vigente, “deberían haber iniciado procedimientos de reintegro por los importes satisfechos en exceso”. “No obstante, a la fecha de finalización de los trabajos de campo, dichas entidades aún disponían de plazo para el inicio de dicho trámite”, ha completado el organismo.
Asimismo, el estudio presentado en este mes de julio también hace hincapié en cómo la polémica unificación de hospitales que provocó numerosas movilizaciones impulsadas por ‘Spiriman’ se realizó de manera irregular. Según el informe, esta decisión se hizo sin regulación, “con una inadecuada y poco transparente planificación”, así como que la selección de los directivos no cumplió con “los principios de publicidad, concurrencia y no discriminación”.
Mientras, los profesionales han ido sufriendo el encadenamiento contratos eventuales uno tras otro, tal y como se repiten en numerosas regiones. “Tanto en los cinco hospitales seleccionados del SAS como en las APEs se produce el fenómeno del encadenamiento de contratos, de tal forma que un número significativo de efectivos han superado los 300 días contratados en el mismo centro. Esta incidencia afecta a 1.149 personas, con una media de seis contratos por año, en el SAS; y a 743 personas, con una media de ocho contratos, en las APEs”, ha constatado la Cámara de Cuentas de Andalucía.
