Los pequeños accionistas de Banco Popular continuarán con las acciones legales después de que la resolución tomada para evitar el colapso de la entidad dejara sin valor sus inversiones. La oferta de compensación anunciada la semana por el Santander no ha disuadido a los minoritarios de sus planes.
El bufete Cremades & Calvo Sotelo, que representa a unos 2.000 inversores del Popular dentro de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), ha dado la bienvenida a la propuesta de la entidad presidida por Ana Botín como una posición “sensata e inteligente”, sin embargo, no cree que sea suficiente para prevenir acciones legales contra los reguladores europeos o ex directivos de Banco Popular.
Según ha explicado Javier Cremades, abogado del despacho, al diario Financial Times, sólo dos de sus clientes han abandonado los procesos de demandas desde que Santander dio a conocer el plan de compensación.
El banco anunció la semana pasada que los minoristas que acudieron a la ampliación de capital de Banco Popular en junio de 2016 o que suscribieron obligaciones del Popular emitidas entre julio y octubre de 2011 serían compensados, siempre que en ambos casos “las mantuvieran depositadas en alguna de las redes del Grupo Popular en España o de Banco Santander en el momento de la resolución”.
El importe a entregar dependerá de la inversión que realizaron. Así, los que invirtieron hasta 100.000 euros recibirán la totalidad; para el tramo entre 100.000 y 500.000, el 75%; y para el tramo entre 500.000 y un millón, el 50%.
Para beneficiarse de esta medida, los clientes tendrán que renunciar a emprender acciones legales contra el Santander, sus administradores, directivos y empleados. Además, tendrán que mantener, cuando se entreguen los bonos de fidelización, una relación comercial equivalente con el banco a la que tenían en el momento de adquisición de las acciones o de las obligaciones subordinadas.
Ampopular, la plataforma liderada por el líder de Naturhouse, Félix Revuelta, considera que esta oferta es “insuficiente”. Rafael Moreno, el abogado de esta plataforma, que agrupa a cerca de 12.000 accionistas, subraya que la propuesta cuenta con muchas limitaciones y afecta a “muy pocos” perjudicados por la resolución, recoge Europa Press.
En su opinión, la reformulación de las cuentas anuales de Popular demuestra que la contabilidad estaba “un poco manipulada”, por lo que estima que un accionista que compró títulos de la entidad en 2015 está en la misma situación que otro que lo hizo en el periodo que comprende la oferta de Santander. Señala también que los accionistas susceptibles de ser compensador por Santander quedan “en manos de la entidad” durante siete años, el plazo para que se puedan convertir en efectivo los bonos ofrecidos por el banco.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también califica la oferta del Santander de “insuficiente”, si bien reconoce que “podría ser una solución para algunos de los clientes afectados”. En este sentido, destaca que deja fuera a los accionistas y bonistas que tuvieran depositados los valores en otras entidades y a los que hubieran adquirido las acciones antes o después del momento que recoge la propuesta.
“Aun así, quienes reúnan los requisitos para acogerse podrían optar por esta solución, no recuperarán todo su dinero, pero sí una parte. Deben valorar, con todo, que la permanencia de siete años puedes ser demasiado largo, y que pierden la posibilidad de luchar en tribunales contra Santander (pero no contra otros responsables, como la anterior directiva, el Banco de España, auditores, etc.)”, apunta la OCU en un comunicado.
