El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha condenado este jueves a España a pagar una multa de 3 millones de euros por el retraso en la aprobación de la reforma para liberalizar el sector de la estiba. La pena impuesta dista mucho de la cantidad inicialmente solicitada por la Comisión Europea, que ascendía a 24 millones de euros.
La polémica por la reforma del sector y la consiguiente huelga de los trabajadores en pos de asegurar sus empleos y derechos laborales ha llenado titulares durante todo 2017. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, advertía ayer de que si había una multa a España «superior a cero euros» por su retraso en reformar la estiba, será «única y exclusivamente responsabilidad de aquellos que no apoyaron la convalidación del real decreto ley» en su día, lo que obligó a presentar otro.
Finalmente, la sanción de tres millones de euros por tardar 29 meses en liberalizar el sector ha quedado reducida a una de las cifras más pequeñas por las que Europa ha multado a España. A efectos presupuestarios, y comparando la sanción con otros costes que tendrá que asumir el Ministerio de Fomento a cuenta perdida, los tres millones de multa a la estiba son el 0,08% de lo que, según el Tribunal de Cuentas, deberá pagar el Estado por el rescate a las autopistas quebradas.
Según el fiscalizador, Fomento se enfrenta a costes de 3.718 millones de euros por su responsabilidad sobre las sociedades concesionarias de las autopistas, tanto por construcciones como por las expropiaciones de terrenos que fueron necesarias. Y eso sin contar con los posibles litigios en caso de que las expropiaciones llegaran a los tribunales.
De la Serna recordaba ayer que una primera sentencia pedía a España pagar 27.500 euros diarios hasta aprobar el real decreto ley de reforma. También hubo una segunda sentencia, con una multa de 134.000 euros diarios, que Bruselas aconsejó congelar cuando finalmente se aprobó en mayo la reforma.
Con estas amenazas, el ministro criticaba que, si el real decreto se hubiera convalidado en su primer paso por el Congreso en marzo pasado, se hubiera condonado la parte devengada de la primera sentencia, cerca de 25 millones de euros. «Como algunos grupos decidieron no apoyar la convalidación, hubo que ir a una segunda», y ha apostilló: «Hubiera costado cero euro a los españoles».
España, siempre en el pódium de los más infractores con Europa
La sanción de tres millones es, en cualquier caso, una anécdota en el currículum infractor de las administraciones españolas. En 2015, nuestro país tenía el dudoso honor de ser el segundo socio con más sanciones de cuño europeo. Según el informe anual de la Comisión, España fue en 2014 el tercer país con más sanciones, solo por detrás de Grecia e Italia. En 2015 ya era segundo con 86 procesos abiertos y los datos de 2017 revelan que hay más de 160 procedimientos abiertos contra España en la actualidad.
Incluso aunque el TJUE hubiese decidido aplicar la multa que pedía la Comisión, de 24 millones, la cifra sería similar o inferior a otras sanciones que España ha debido abonar, sin polémica ni conflicto laboral de por medio. En 2014 la Administración hizo frente a una sanción de 50 millones de euros por las ventajas tributarias a empresas de Euskadi, las conocidas como “vacaciones fiscales vascas”, y otros 20 millones en 2012 por unas ayudas al grupo Magefesa declaradas ilegales en 1989.
También está pendiente una sanción millonaria que prácticamente duplica el coste de las primeras cifras sobre la estiba, pero de la que apenas se habla: este año la UE comunicaba a España la imposición de una multa de 46,5 millones de euros por una deficiente recogida de aguas residuales en 17 aglomeraciones urbanas en todo el país.
Otra multa sonada y muy relacionada con la responsabilidad del PP, el partido en el Gobierno, es la sanción de 19 millones de euros a la intervención general de la Comunidad de Valencia, por manipular de manera sistemática los datos de déficit y deuda pública durante más de 20 años. El Gobierno valenciano, entonces en manos de los populares, omitió considerables gastos sanitarios, lo cual fue calificado por la Comisión Europea como negligencia grave. Esta sanción aún da tumbos por los tribunales de justicia europeos, ante los recursos de España sobre el procedimiento de infracción y sobre la propia multa.
