Este miércoles se produjo la primera Junta General de Accionistas del Canal de Isabel II desde que estallara la operación Lezo. Ese caso desveló profundas irregularidades cometidas al calor de lo que supuestamente debería ser el agua de todos los madrileños. Meses después, la situación interna del Canal parece no haber motivado un cambio radical en sus dirigentes.
Falta absoluta de transparencia, opaco y partidista. Así califican todos los partidos, a excepción del PP, y varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, al actual Consejo de Administración del Canal de Isabel II.
Liderado por la ‘mano derecha’ de Cristina Cifuentes, Ángel Garrido, el Consejo está formado en gran medida por miembros del actual Ejecutivo del Partido Popular y próximos a la presidenta regional. Engracia Hidalgo (Consejero de Economía), Pedro Rollán (Consejero de Transporte y Vivienda), Jaime González Taboada (Consejero de Medio Ambiente) y Rafael Prieto, director general del Canal, y muy próximo a Cifuentes.
El hecho de que prácticamente la mitad del Consejo esté constituido por miembros del PP de la Comunidad tiene sentido político al ser el Canal un órgano dependiente de la Asamblea de Madrid. Sin embargo, son las formas – además de determinadas relaciones ‘pasadas’ – las que inquietan a los partidos y ayuntamientos.
Ciudadanos, socio de Cifuentes, ha repetido en más de una ocasión que pretenden cambiar la legislación del Canal de Isabel II para evitar que el PP “vuelva a saquearlo”. Según los naranjas, el Ejecutivo y Ángel Garrido (portavoz del Gobierno regional) han vetado información clave del Canal cuando se la han solicitado.
Una denuncia exacta a la realizada por Podemos y PSOE. Según ha podido saber elboletin.com, miembros de estos partidos acusan a Cifuentes de escudarse en el proceso judicial del Canal para no facilitarles ninguna información que pudiera ser comprometedora.
La diputada socialista Mercedes Gallizo llegó a acusar en su momento al Gobierno regional de Cristina Cifuentes de llevar «datos falseados» y «muy inexactos» sobre el Canal de Isabel II a la Asamblea de Madrid.
Los ayuntamientos se unen a la denuncia
La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, participó este miércoles en la Junta de Accionistas del Canal – el consistorio tiene un 10% de las acciones – para exigir mayor transparencia e información de la empresa del Canal.
“Vamos a pedir la información y la documentación que nos parece mínima y que como ayuntamiento tenemos que tener. No tenemos ni convenios, ni memorias económicas, ni los expedientes que han desarrollado en estos años y que hemos requerido al canal y se nos ha rechazado en diversas ocasiones”, asegura Rita Maestre.
En ese sentido, Maestre confirmó que el Ayuntamiento de Madrid – como otros ayuntamientos de la Comunidad – solicitará la revisión del papel de las inversiones del Canal fuera de la región de Madrid y muy especialmente en el extranjero.
Entre los ayuntamientos que han trabajado conjuntamente y comparten la posición del Consistorio madrileño se encuentra el de Alpedrete, Ciempozuelos, Torrelodones, Rivas, San Fernando y Pinto, junto con diversas Candidaturas de Unidad Popular en la oposición de los municipios de Torrejón de Ardoz, Pozuelo de Alarcón, Valdemoro, Getafe, Parla, Las Rozas o Collado Villalba y los grupos que forman el gobierno tripartito de Navalcarnero.
El alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura, aseguró este miércoles que ya no se fía del Consejo de Administración porque “siguen siendo la Comunidad de Madrid y el PP”. Del Cura denuncia que «la falta absoluta de transparencia sigue siendo la tónica general y está Junta General es otro ejemplo de ello».
Nueva política del Canal
A priori, todas las partes están de acuerdo en vender las filiales que tiene la empresa en Latinoamérica para centrarse exclusivamente en la Comunidad de Madrid. El máximo responsable político del Canal, Ángel Garrido, ha asegurado en público y privado que esa es su intención.
