El Parlamento Europeo ha votado a favor de crear nuevas normas de transparencia fiscal para las grandes multinacionales de la UE. Se aplicará a las compañías con una facturación anual superior a los 750 millones de euros, que deberán informar de los impuestos que pagan en cada estado, incluidos los tributos abonados en países extracomunitarios.
Es el resumen del proyecto legislativo de la Eurocámara que, sin embargo, deja una puerta abierta a que las multinacionales oculten información que puedan presentar como “datos comercialmente sensibles”. Esta “cláusula de salvaguardia” es la gran crítica de parte de los socialdemócratas, la izquierda europea y un buen puñado de plataformas y ONGs, que tachan de hipócritas a los liberales y conservadores por no exigir toda la transparencia posible a las transnacionales.
“Populares (PPE) y liberales (ALDE) dicen que trabajan para evitar el fraude fiscal pero cuando llega la hora de apoyar medidas concretas hacen lo que pueden para rebajar su contenido”, ha criticado Ramón Jáuregui, eurodiputado del PSOE en el grupo de los socialdemócratas (S&D) y también miembro de la comisión que investiga los escándalos de los Papeles de Panamá y Lux Leaks.
Otro reclamo de los progresistas europeos era que el límite de facturación para presentar estos informes fiscales fuese de 40 millones, y no de 750 como finalmente se ha votado. En cualquier caso, reconocen que “es un avance” que las multinacionales deban especificar la lista de sus filiales, empleados, facturación neta, capital declarado, activos fijos, beneficios antes de impuestos, importes pagados como impuestos en cada jurisdicción, ganancias acumuladas y tratos fiscales preferentes si la empresa disfrutara de ellos en algún país.
“Estas medidas evitarán que las compañías presenten los datos de su actividad de forma global, uno de los mecanismos más usados para eludir el pago de impuestos con la llamada ingeniería financiera”, afirmaba Jáuregui.
El pleno aprobó ayer el texto con 534 votos a favor, 98 en contra y 62 abstenciones, configurando un proyecto de ley para “incrementar la transparencia fiscal y combatir la evasión”, informa el Parlamento Europeo. La Comisión Europea calcula que la evasión fiscal por parte de las empresas cuesta a los países de la UE entre 50.000 y 70.000 millones de euros anuales en ingresos perdidos.
La norma prevé sanciones para las empresas que no faciliten la información requerida, que fijará cada Estado miembro y que pueden consistir en multas administrativas y en la exclusión de los procedimientos de licitación pública y de concesión de financiación procedente de los fondos estructurales de la Unión.
En cuanto a la cláusula de secreto fiscal, sus detractores también pidieron que no pudiera durar más de un año. Finalmente se podrá proteger “la información comercialmente sensible” con un permiso que podrá ser renovado anualmente sin límite de años, y que solo afectará a la jurisdicción del país que la concede.
“Tras aceptar una excepción, el país debe informar a la Comisión Europea de manera confidencial sobre la información omitida, junto a una justificación detallada. Cada año, la Comisión publicará en su página web una lista de las empresas que se benefician de ese tipo de excepciones, con una explicación sucinta del porqué”, explica la Eurocámara.
Transparencia “con grandes lagunas”
ONGs como Oxfam Intermón o Transparencia Internacional han rechazado esta cláusula en el proyecto legislativo por considerar que “los eurodiputados siguen arrodillándose ante las grandes empresas”, en palabras de la primera.
Oxfam cree que muchos europarlamentarios aún priorizan a las grandes multinacionales sobre los ciudadanos y las Pymes, a pesar de los escándalos como Luxleaks y los Papeles de Panamá. “Corresponde a los países miembro no bloquear reformas en este sentido, pues de lo contrario el sistema tributario seguirá inclinado hacia el lado del lucro y no de las personas”, critica la ONG que hace campaña por la transparencia fiscal “porque las políticas fiscales en Europa tienen efectos en países de todo el mundo, tanto ricos como pobres”.
En el caso de Transparencia Internacional, la plataforma cree que “no puede haber responsabilidad corporativa sin transparencia”. “Si queremos detener la corrupción, la evasión de beneficios y otras prácticas de evasión fiscal necesitamos una verdadera transparencia corporativa tanto en la UE como en el extranjero”, afirmaba ayer Elena Gaita, directora del sector en la plataforma.
