“Hoy hemos enterrado a mi padre Timoteo, pero no nos olvidemos de los que aún faltan”, afirmaba ayer Ascensión Mendieta, hija del sindicalista fusilado hace 78 años cuyos restos fueron arrojados a una fosa común en Guadalajara.
Pero, si se cumpliera el deseo de Ascensión de recuperar “a los que faltan”, lo más probable es que no lo conozcamos a través de la televisión pública. En el archivo web de RTVE sólo figuran dos noticias sobre el caso de la familia Mendieta. Una de esas piezas data de enero de 2016; la otra se remonta a 2014.
No hay más espacio en la televisión de todos para una lucha sustentada de forma privada a la fuerza, en un país con una ley de Memoria Histórica incumplida. Los informativos de este fin de semana tampoco han cubierto el emotivo entierro del sindicalista en la tarde de ayer. A sus 91, Ascensión lograba dar sepultura en Madrid a los restos de su padre, acompañada de familiares, amigos, y decenas de personas que quisieron acompañarla en el final de una búsqueda que ha durado 35 años.
“Identificado por ADN el padre de Ascensión Mendieta, que pidió ayuda a Argentina porque los Gobiernos españoles no la escucharon. Nunca se ha rendido”. Con estas palabras Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), anunció hace menos de un mes que los trabajos de exhumación por fin habían dado con los restos del sindicalista de UGT detenido y fusilado en un cementerio de Guadalajara en 1939, cuando Ascensión tenía 13 años y abrió la puerta a los que matarían a su padre.
Hace más de 40 años, la esposa de Mendieta y madre de Ascensión y sus ocho hermanos, recibió la negativa de recuperar los restos de su marido, aunque le permitieron poner una placa con su nombre en el lugar en el que, se suponía, debían estar sus restos.
Desde entonces, la lucha jurídica por sacar a Timoteo de la fosa común ha sido una constante en la familia, a través de las generaciones. Al principio, en absoluta soledad.
La historia que pasa por Argentina y Noruega
Las hermanas Ascensión y Paz retomaron las gestiones que inició su madre. La llegada de la Ley de Memoria Histórica reconoció a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, pero no fue capaz de subvencionar la apertura de las fosas y desengrasar el bloqueo institucional generalizado que obstaculiza el trabajo de familiares y asociaciones. La llegada de Rajoy al Gobierno derogó de facto la ley, dejándola sin dotación presupuestaria en los ejercicios posteriores.
En un giro impredecible del guión, los Mendieta encuentran la esperanza en Argentina: Chon Vargas, nieta de Timoteo e hija de Ascensión, conoció el caso del primer querellante contra el franquismo, en Buenos Aires. Se trata de Darío Rivas, hijo de un alcalde republicano asesinado a manos de falangistas y cuyos restos pudieron ser recuperados en 2005. Siguiendo su ejemplo, y con la participación de la ARMH, iniciaron la llamada “querella Argentina”.
La jueza Maria Servini tomó declaración en Buenos Aires a Ascensión en 2013, cuando su hermana Paz ya había fallecido y ella sumaba 88 años. Como víctima de los crímenes franquistas, logra hasta tres exhortos de la jueza argentina antes de conseguir el decreto de exhumación y que se compare el ADN del cadáver con el de su hija.
En 2014 el primer intento falló, y no fue hasta casi dos años después cuando el juzgado español competente siguió los dictados de Buenos Aires y se ordenó exhumar los restos. El cadáver de Timoteo no estaba en la fosa en la que figuraba su nombre sino en una segunda. Ascensión siguió al pie de las excavaciones buena parte del proceso.
Pero no solo fue una búsqueda posibilitada por un juzgado extranjero. La ley dice no explicita que deba ser el Estado el responsable de la exhumación de los represaliados y es muy ambigua en los derechos que protege. Por tanto, la recuperación de Mendieta y de sus compañeros de fosa corre a cargo de la familia, de los socios de la ARMH y de algunas ayudas que la plataforma recibe: un premio archivístico de procedencia estadounidense y unos 20.000 euros anuales donados por un sindicato noruego.
Ascensión y su familia han luchado contra el silencio y las trabas de las administraciones, pero también con el de los informativos públicos. Todos ellos, incapaces de cumplir la ley que ordena reparar el daño de las víctimas de una dictadura que deja a España como el segundo país del mundo con más desaparecidos. La ARMH ha documentado más de 114.000 casos de hombres y mujeres enterrados en fosas comunes en España.
