El conflicto con los afectados por la hepatitis C no está ni cuanto menos resuelto. La no inclusión en los presupuestos de 2017 de los 200 millones de euros prometidos para tratar a los enfermos sea cual sea la fase de la enfermedad provocó una serie de acciones por parte de la Plafhc. Y es que el problema sigue muy presente; más al ver el precio por fármaco que paga el Gobierno.
Según ha podido conocer la Plafhc, la Administración cuenta con un informe de prevalencia que cifra en más de 235.000 pacientes que estarían pendientes de recibir el tratamiento. Ahí comienzan los problemas, como relata el colectivo: “Si calculamos que han sido tratados cerca de 67.000 enfermos y el Ministerio de Sanidad nos dice que se han gastado un total de 1.774 millones de euros estamos hablando de que los tratamientos han costado una media de 26.500 euros”.
De esta manera, atender a todos los afectados, con estos precios por paciente que han marcado desde la Plafhc, costaría 6.227 millones de euros. Sin embargo, el hepatólogo Javier García-Samaniego, profesional del hospital La Paz de Madrid, señaló a El País el año pasado que el coste del fármaco ronda los 13.000 euros por paciente. Aun así, las cifras, teniendo en cuenta esta rebaja, supondrían 3.055 millones de euros.
Sean unas u otras las cifras -el Ministerio de Sanidad no da información de lo que paga a las farmacéuticas por este tratamiento-, la Plafhc es consciente del alto precio por lo que ha reclamado al Consejo Interterritorial una solución, “una demanda que venimos defendiendo en todos los foros”: que el Ministerio de Sanidad apueste por “una reducción drástica de los precios de estos fármacos, hasta alcanzar un precio justo”.
Una cuestión que, según la plataforma, no es utópica y sabiendo que el tratamiento se “está vendiendo en otros países por menos de 200 dólares según los datos de la Organización Mundial de la Salud”. “Debería estar limitado al precio de coste de fabricación más el 12% que permite como beneficio industrial la Administración española”, han valorado desde la Plafhc.
“Nuestro Sistema Nacional de Salud no es sostenible con estos precios impuestos por las farmacéuticas con el consentimiento del regulador”, han aseverado desde la plataforma. Por el momento, el Consejo Interterritorial, al que asistió por primera vez la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, acordó universalizar el tratamiento para todos los afectados, aunque sin que se haya pactado una financiación específica como pedían las comunidades autónomas.
Por todo ello, a la espera de que se defina la financiación de este acuerdo para tratar a todos los afectados, la Plafhc ha insistido que “en el caso de que las farmacéuticas no reduzcan drásticamente el precio de los medicamentos”, el Gobierno de Mariano Rajoy tome cartas en el asunto. Un paso al frente que el colectivo ha instado a Sanidad para que lleve a cabo “la utilización de licencias obligatorias por motivos de salud pública”, con lo que se permitiría “la fabricación de genéricos o la importación de los mismos”, tal y como están haciendo otros países como Egipto.
