Los afectados por la venta de viviendas del Ivima al ‘fondo buitre’ Goldman Sachs vuelven a manifestarse hoy ante la sede del Gobierno Regional para exigir al Ejecutivo de Cristina Cifuentes “una solución definitiva a su problema, que dura ya casi cuatro años y afecta a casi 3.000 familias madrileñas” además, quieren proclamar su «desesperación» por la dilación en el proceso judicial que se está ‘eternizando’ en el juzgado número 48 de Madrid, de lo que culpan a la delegada especial de la Agencia Tributaria en Madrid, Raquel Catalá Polo, hermana del ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Desde la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI) recuerdan que es la cuarta vez que salen a calle en los últimos tres meses y medio, y explican lo hacen para que esta privatización de viviendas sociales “no caiga en el olvido para la opinión pública» y, también para “animar a las familias damnificadas a continuar en la brecha”, algo que reconocen no es fácil, por lo que decenas de estos afectados “no solo han abandonado la lucha sino sus propias viviendas, hoy propiedad del fondo buitre Encasa Cibeles, al ver como poco a poco se deterioraban sus condiciones de vida”.
Y es que aunque Comunidad aseguró que los inquilinos no notarían ningún cambio en sus condiciones de alquiler, lo cierto es que los afectados han vivido un auténtico calvario a lo largo de estos cuatro años, ya que han denunciado reiteradamente que desde que llegó Encasa Cibeles – la sociedad a través de la cual que Goldman Sachs-Azora gestiona la viviendas- les subieron el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el recibo de la comunidad, y no se renovaron las ayudas al alquiler, con lo que muchos vecinos tuvieron dificultades para pagar su casa.
A ello se unió que estas familias tuvieron que sufrir, principalmente en el Ensanche de Vallecas, la llegada de lo que ellos denominan ‘okupas mafiosos’, inquilinos conflictivos que provocan serios problemas de convivencia, algo que los afectados achacan al desentendimiento de su nuevo casero, el fondo buitre. Como guinda, los afectados se enfrentan a la posibilidad de verse en la calle, después de algunos de ellos hayan recibido cartas comunicándoles que deben abandonar sus pisos ante la inminente finalización de sus contratos que la empresa no pretende renovar.
Ante este desolador panorama, tanto la AVVI como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid demandan “a los poderes públicos su total colaboración para que se agilice la causa penal que actualmente instruye el Juzgado número 48 de Madrid sobre la operación de enajenación de esas 2.913 viviendas del IVIMA ejecutada en 2013 por el Ejecutivo autonómico durante la presidencia de Ignacio González”, una petición que renuevan hoy en las calles después de conocer esta semana que el fiscal del caso ha solicitado una nueva prórroga.
El colectivo de afectados informa que este jueves tuvo conocimiento de que el fiscal ha solicitado una prórroga de la instrucción, ya que en julio vencen los 18 meses de la primera prórroga solicitada por él mismo en el marco de una causa que arranca en 2014 y aclara que la petición del fiscal se debe a “que aún no ha recibido el informe -clave para el caso- que pidió a la Agencia Tributaria de Madrid, una Administración que, dirigida por la hermana del actual ministro de Justicia, está jugando a dilatar al máximo los tiempos, al igual que ha hecho la Comunidad de Madrid desde el primer momento”.
Las acusaciones de los afectados se deben a que el Juzgado lleva largo tiempo esperando a que Hacienda nombre dos peritos que lo auxilien en la investigación de la controvertida venta de las viviendas. A pesar de ello, desde la asociación se asegura que los inquilinos no van a dejar sus casas y que “esta estrategia de dilatar los plazos por parte de la hermana del ministro para impedir o retrasar la acción de la justicia no va a obtener lo que esperan, es decir, vencernos por agotamiento”. “El colectivo ha demostrado que tiene aguante suficiente para resistir y el que resiste vence. No vamos a abandonar las casas de las que somos legales adjudicatarios aunque los buitres quieran terminar los contratos para echarnos” proclaman en un comunicado.
A pesar de sus quejas por la lentitud del proceso judicial, AVVI aclara que espera que el juez atienda la petición del fiscal ya que considera que de otra manera, “el caso podría cerrarse en falso. Con un mensaje final, pedir al Gobierno de Cifuentes que no permita un solo desalojo ante “el riesgo de desahucio que sufren actualmente decenas de familias por la finalización de sus contratos con Encasa Cibeles”.
