La Comunidad de Madrid paga a la empresa concesionaria del Hospital Puerta de Hierro por 135 camas que no existen. Y lo lleva haciendo desde su inauguración en 2008. Se trata, nada menos, que de 28 millones solo en los últimos cuatro años. Para encontrar una explicación hay que ir nueve años atrás cuando Esperanza Aguirre decidió que las habitaciones dobles pasaran a ser individuales. Algo que no supuso ninguna modificación en el contrato.
Así lo desvela la SER, que explica que, según el contrato, el Puerta de Hierro debía contar con 878 camas. Tal es así, que esas camas fueron adquiridas e instaladas en habitaciones habilitadas para dos pacientes. Poco antes de la inauguración Aguirre, que por entonces presidía el gobierno regional, dio la orden de convertir las habitaciones en individuales. Esto provocó la retirada de135 camas, que fueron sustituidas por sillones para los acompañantes de los pacientos.
Esto no supuso ningún cambio en el contrato con la empresa privada que gestiona la parte no sanitaria del hospital. Y eso que al haber menos camas la concesionaria debería cobrar menos dinero.
Un informe de la Comisión Jurídica Asesora, que depende de la Comunidad de Madrid, realizado a petición de la Consejería de Sanidad, confirma esta situación. Así como que los cambios en el contrato, pese a que nunca fueron aprobados formalmente, sí fueron convalidados en 2008 por el Consejo de Gobierno de Aguirre.
El dictamen de la Comisión Jurídica, según señala la SER, aún sin terminar, se basa en el informe realizado hace un año por un bufete de abogados privado en el que se pone de manifiesto el desequilibrio económico que ha supuesto el descenso de camas a favor de la concesionaria y que, recomienda, adecuar el contrato a la situación actual. Esta comisión solicita informe a la Abogacía general de la Comunidad de Madrid que da el visto bueno al dictamen, aunque matiza que, por ley, únicamente se puede reclamar lo pagado de más en los últimos cuatro años. Es decir, 28 millones de euros.
Por su parte, la concesionaria alega que el derecho de la Comunidad ha prescrito y que no se puede cambiar el contrato. Que la administración de Esperanza Aguirre, “con independencia del procedimiento más o menos riguroso” no realizó ningún equilibrio económico y que ahora no existe apoyo normativo para hacerlo, según la mencionada radio.
