La oleada de rescates bancarios en Europa tras la crisis financiera de 2008 llevó a las autoridades europeas a poner medidas para que los contribuyentes no tuviesen que volver a pagar las facturas de las quiebras bancarias. La respuesta fue el ‘bail in’ (en contraposición con el ‘bail out’), que establece cargas para inversores y acreedores antes de que se ponga un solo euro de dinero público. Este sería el sistema que se podría utilizar si finalmente el Popular no es capaz de encontrar comprador o realizar una macroampliación de capital.
La ‘Directiva de recuperación y de resolución bancaria’ tiene como objeto que los futuros rescates bancarios no los paguen los contribuyentes después de que la crisis de 2008 costase a las arcas públicas 1,6 billones de euros. Se aprobó en 2014, aunque sólo desde el año pasado entró en vigor la medida más controvertida de todas: la imposición de normas más estrictas sobre las pérdidas que deben asumir los acreedores de un banco quebrado.
Esta polémica medida establece que un 8% de los pasivos de un banco debe ser borrado antes de que se puede proporcionar apoyo de los contribuyentes, emplazando a los tenedores de bonos senior no garantizados y también a los grandes depositantes corporativos a asumir pérdidas.
En el caso del Popular, todas las alarmas del mercado se dispararon cuando salieron a la luz unas supuestas declaraciones de la presidenta de la Junta Única de Resolución (SRB por sus siglas en inglés), Elke König, sobre la vigilancia que las autoridades comunitarias estaría teniendo sobre el banco que preside Emilio Saracho. Aunque el Popular y el propio SRB intentaron tranquilizar a los inversores, el miedo se ha instalado en los inversores sobre una posible resolución del grupo si no encuentra comprador.
Si se tuviese que activar el ‘bail in’, que todavía no se ha usado como tal, los primeros en pasar por ventanilla deberían ser los accionistas. El Popular cuenta con unos fondos propios –capital y reservas- de 6.100 millones de euros, y a partir de esa cifra se irían activando los protocolos dispuestos:
En primer lugar se reducirá “sustancialmente el valor nominal de las acciones”, que a día de hoy cotizan en el mercado por debajo de los 40 céntimos. Tal y como recuerda Cinco Días, en el caso de Bankia las acciones pasaron de 2 a 0,01 euros por título antes de que se produjese la inyección de fondos públicos.
La segunda línea de defensa con los bonos Additional Tier 1, más conocidos como CoCos, y que han estado bajo una fuerte presión en las últimas semanas. El Popular tiene actualmente en circulación 1.250 millones de euros en CoCos de dos emisiones: una de 500 millones de euros realizada en 2013 con un cupón del 11,5%; y otra de 750 millones de febrero de 2015 con un cupón del 8,5%. Estos títulos son capaces de absorber pérdidas mediante su transformación en acciones en el caso de que el banco que los emita se encuentre en dificultades o su solvencia baje de determinada cota. En el caso de los títulos del Popular, la conversión se contempla si la ratio CET 1 cae por debajo del 7% en la emisión de 2015 y del 5,125% en la de 2013.
También tiene capacidad de absorber pérdidas la deuda Tier 2, que sería la siguiente en pasar por caja: el Popular cuenta con 636 millones de euros en este tipo de pasivo.
El ‘bail in’ implica también que los tenedores de deuda senior e incluso los depositantes, respetando los 100.000 euros garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos puedan sufrir quitas, especialmente los depósitos de las grandes empresas, aunque es muy difícil que, incluso en el peor de los casos, se tuviese que llegar a este punto antes de llegar al requisito del 8% de los pasivos.
