Queda menos de un mes para que se decida si finalmente Banco Popular encuentra un comprador, y los grandes interesados ya han comenzado a mover ficha. Entre los grandes favoritos aparece Banco Santander, que habría contratado a Citi para analizar la operación, mientras que BBVA, que lideraba las quinielas hasta ahora, pierde fuelle después de conocerse que pidió ayudas públicas antes de embarcarse en una compra.
Según publica hoy El Confidencial, BBVA pidió al Gobierno un esquema de protección de activos (EPA) similar a los concedidos en las ventas de la CAM, Banco de Valencia o Unnim, operación esta última que realizó el banco que preside Francisco González. La preocupación del gigante bancario español no era sólo la exposición inmobiliaria del Popular, sino también la amenaza de demandas judiciales tras las ampliaciones de capital de los últimos años.
La respuesta del Ejecutivo habría sido tajante, señala el diario digital: este tipo de ayudas sólo las puede otorgar el Gobierno en entidades que hayan sido rescatadas con dinero público, algo que no ha ocurrido en el caso del Popular.
Esta negativa habría enfriado el interés de BBVA por hacerse con Popular, aunque no se descarta que acabe presentando una oferta.
El gran favorito que emerge ahora es Banco Santander, que habría contratado a Citi para preparar una oferta formal. Según asegura El Confidencial, el banco que preside Ana Botín quiere que un banco internacional valide su propuesta vinculante de cara a poder defender el justiprecio ante los inversores institucionales.
La otra opción sobre la mesa es Bankia, pero el hecho de que sea una entidad participada por el Estado puede ser vista por la opinión pública como un ‘rescate encubierto’ del Popular difícil de explicar.
Además, el interés de Bankia ha despertado el recelo del sector financiero. Tal y como recordaba recientemente en privado un gran banquero, “si hasta ahora Bruselas le había puesto restricciones a la compra de un banco, alguna razón habría”. La compra del Popular convertiría al banco que preside José Ignacio Goirigolzarri en la primera entidad del país en lo que se considera una distorsión de la competencia teniendo en cuenta que está controlado por el Estado.
