Nace el primer Sindicato de Inquilinos ante la burbuja del alquiler

Vivienda

Nace el primer Sindicato de Inquilinos ante la burbuja del alquiler

La organización exige unos alquileres justos, estables y asequibles, así como combatir el abuso inmobiliario y reclamar una regulación.

Piso en alquiler

El aumento de los precios del alquiler no está pasando por alto. De la misma manera que el Plan de Viviendas que anunció el Gobierno de Mariano Rajoy ha elevado duras críticas por parte de las inmobiliarias por su ‘efecto burbuja’, la sociedad civil ha decidido organizarse. Y para ello se ha dado nacimiento al primer Sindicato de Inquilinos.

“Los salarios bajan y la especulación nos ahoga y nos desposee de nuestros ingresos cuando los contratos se acaban”. Bajo este análisis realizado por uno de los portavoces de la organización Jaume Palomera, el Sindicato de Inquilinos se ha marcado como objetivo la defensa de unos alquileres justos, estables y asequibles, así como combatir el abuso inmobiliario y reclamar una regulación.

Y es que el escenario que ha denunciado el sindicato habla de una Barcelona con 200.000 familias que viven de alquiler y donde hay nueve desahucios diarios, de los que un 83% son por impago de alquiler. Mientras tanto, el precio del alquiler no se detiene, según el Sindicato de Inquilinos: ha aumentado un 9% en el último año dejando la media en la ciudad catalana en los 801 euros mensuales por un piso pequeño.

Asimismo, aparte de regular el sistema de alquiler, Palomera, según ha recogido EFE, ha remarcado como punto imprescindible la derogación de la Ley de Arrendamiento Urbano. Una regla que, como ha marcado, redujo la duración mínima de los contratos de alquiler de cinco a tres años. Con esta medida, el portavoz ha aseverado que se podría la estabilidad de los contratos del alquiler y así evitar “desahucios invisibles” de los inquilinos a los que se les acaba el contrato.

Por su parte, otra de las portavoces, Irene Sabaté, ha pedido la implicación al Ayuntamiento de Barcelona para trabajar en un índice de referencia vinculante que evite la expulsión de los vecinos de sus viviendas y ha reclamado priorizar el uso residencial de las viviendas por encima de cualquier otro, como el financiero -como inversión- o el turístico.

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