La ley de la gravedad no es suficiente motivo para explicar el auge y caída de Alberto Ruíz-Gallardón. El disfraz de progresista y buen gestor le facilitó la inclusión en la categoría de futuribles a liderar el Partido Popular. Era un hombre bien valorado hasta que el yo freudiano venció al ello (la careta progresista) y todos repararon en lo que había debajo: un mal gestor sin ápices progresistas (último ejemplo: el funeral de Utrera Molina).
Las constantes investigaciones y sentencias judiciales revelan que sus años como alcalde de Madrid fueron un espejismo. Deuda, sobrecostes, y acusaciones de malversación de caudales públicos, entre otras muchas cosas, son la herencia que ha dejado a una ciudad que hasta la llegada de Manuela Carmena no ha dado la sensación de querer revertir.
Las auditorías encargadas por el actual equipo de gobierno municipal, unidas a las investigaciones policiales y a las conclusiones de órganos fiscalizadores como la Cámara de Cuentas han destapado ocho años (2003-2011) de despropósitos.
Sobrecostes ‘everywhere’
La historia de Alberto Ruíz-Gallardón al frente de la alcaldía de Madrid es la historia de decenas de sobrecostes en la ejecución de obras públicas.
El tamaño de esos pagos es tal que, sirva como ejemplo, los sobrecostes de solamente cuatro obras supusieron más dispendio económico que el ahorro realizado por el actual gobierno de Manuela Carmena en sus casi dos años de mandato.
2.422 millones de euros. Esa fue la cantidad total que destinó el Ayuntamiento de Madrid de Gallardón a sufragar los sobrecostes de las obras correspondientes a la M-30, al Palacio de Cibeles, a la Caja Mágica y al Centro Acuático.
Las obras de la M-30 se encarecieron 1.632 millones de euros en total, existiendo un aumento en el gasto de hasta el 63%. El Palacio de Cibeles, actual sede del Ayuntamiento, se presupuestó en 40 millones de euros y finalmente costó 530 millones, un 1.225% de desviación. La Caja Mágica costó 206 millones de euros, más del doble de su precio de adjudicación y en el Centro Acuático, obra inacabada, se invirtieron más de 54 millones, a pesar de estar tasado solamente en 23,5 millones.
Madrid Calle 30 y contratos inflados
Madrid Calle 30 es la joya de la corona de Alberto Ruíz-Gallardón. Estipulada como sociedad mixta (80% del Ayuntamiento, 20% de EMESA – consorcio compuesto por Dragados, Ferrovial y API) en el año 2004, esta empresa es la encargada de la gestión, explotación y mantenimiento de la vía de circunvalación M-30 y sus infraestructuras.
Las consecuencias financieras de esta operación han supuesto el camuflaje de la deuda municipal que, tarde o temprano, ha aflorado. Actualmente, el Ayuntamiento paga 125 millones de euros para sufragar gastos de mantenimiento, de los que solo se utilizan 37 millones.
Este es solo un ejemplo del sinfín de casos delirantes que suceden bajo esta empresa mixta que durante años ha estado pagando 200.000 euros al año por una estación meteorológica que cuesta 700 euros. En total, el mantenimiento de la red de estaciones meteorológicas de Madrid Calle 30 ha costado 1,5 millones de euros desde 2007 hasta diciembre de 2015, a pesar de que está compuesta por una única estación.
La realidad es que EMESA cobraba por el mantenimiento de diez estaciones. A pesar de solo haber una. De ese mismo modo, el Ayuntamiento de Madrid ha pagado 58 millones en luz y agua de la M-30 que correspondían a las adjudicatarias, tal y como informó eldiario.es.
El asunto es que en el momento en el que se hizo la concesión se estableció que el modelo y el contrato debían permanecer del mismo modo hasta 2040. Solo se hizo una modificación años más tarde. Fue en 2011, antes de abandonar la alcaldía, cuando Gallardón varió las condiciones para garantizar – a través de contratos blindados, un hábito – que las empresas adjudicatarias mantuvieran una rentabilidad superior al 7%. Fueran como fueran las obras y la economía municipal.
Por otro lado, las obras de reforma de la M30 que diseñó Gallardón se presupuestaron en 2.458 millones de euros, y acabaron costando un 42% más. Esta es otra de las razones por las que la Comisión de Investigación del Ayuntamiento dedicada a Madrid Calle 30 ha citado a declarar al exalcalde.
La ‘aventura’ olímpica
Gallardón tuvo una ‘corazonada’. La tuvo hasta tres veces, la última ya con Ana Botella. Madrid sede olímpica. No pudo ser. Por el camino, instalaciones inacabadas, gastos en infraestructuras prescindibles y sobrecostes en las obras.
La inversión total en las ‘aventuras’ se intuye (cerca de los 15.000 millones en total) pero se desconoce, pues el gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón no quiso hacer públicas las cifras.
La concejala del PSOE, Mar Espinar, aseguró en su momento a elboletin.com que aún se deben el 80% de los créditos que otorgaron las entidades financieras al Ayuntamiento de Gallardón para que realizara las obras. Las más significativas:
El Centro Acuático: situación descrita en la sección de ‘sobrecostes’, las obras de construcción de este centro se abandonaron en julio de 2010. A pesar que se pararon las obras, las empresas Dragados y Construcciones Ortiz han seguido cobrando facturas labores de mantenimiento y vigilancia.
Caja Mágica: presupuestado en 139,8 millones de euros, su factura final ascendió a los 294 millones. La mala gestión es el denominador común de este espacio, donde anualmente se celebra un torneo internacional de tenis y por el que Ahora Madrid ha pedido la intervención de la Fiscalía. Sospechan que el consistorio de Gallardón pagó por duplicado diversos actos acaecidos en este lugar.
Deuda
Estos logros son solamente una mínima parte de los muchos que le atesoran a Alberto Ruíz-Gallardón. Se necesita una tesis para poder sintetizar de manera más concisa determinados aspectos. Sin embargo, lo que no requiere muchas palabras es observar el nivel de deuda que alcanzó el Ayuntamiento de Madrid durante sus ocho años de gobierno.
Entre 2002 y 2012, la deuda municipal pasó de poco más de 1.000 millones de euros a 7.732 millones. La mayor parte de ellos fueron responsabilidad de la ‘gran promesa’ del Partido Popular. Cifras derivadas de operaciones como las descritas, como los SWAPS, y en donde no se contabiliza la pérdida de patrimonio que se produjo durante su mandato y el de Ana Botella.
El mejor ejemplo del segundo caso fue lo sucedido con la vivienda social municipal y su venta a fondos buitre. Entre 2012 y 2013, con Botella en el cargo, el Ayuntamiento decidió vender el 25% de la vivienda pública para fines sociales.
