El enfrentamiento entre las organizaciones de fiscales está abierto. La exigencia de la Unión Progresista de Fiscales de apartar al fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, ha encontrado rápida respuesta. La Asociación de Fiscales, enmarcada dentro de una postura más conservadora, ha querido poner en valor el mandato que está llevando a cabo el señalado Moix.
En declaraciones a Europa Press, portavoz de dicha asociación y fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ha afirmado que las peticiones de cesar al fiscal Anticorrupción tan sólo se tratan de “rumores”. De hecho, la Asociación de Fiscales, la cual ha sido señalada por maniobrar para colocar a Moix en dicho puesto, ha manifestado que gracias a la labor de esta institución el expresidente de la Comunidad de Madrid y cabecilla de la ‘operación Lezo’, Ignacio González, está en prisión.
La organización conservadora ha aseverado que ha quedado demostrado que “si hay un imputado que se alegraba” del nombramiento de Moix -en referencia a una conversación telefónica entre González y el exministro Eduardo Zaplana- le ha salido mal la jugada al acabar en prisión. De esta manera, la Asociación de Fiscales ha respondido a la Unión Progresista de Fiscales ante las críticas de una “apariencia de parcialidad” en la institución.
Alonso ha precisado que el modelo que abogan desde su organización pasa por un Ministerio Fiscal “lo más imparcial e independiente posible dentro de los parámetros de la Constitución”. Sin embargo, el portavoz de la Asociación de Fiscales ha querido matizar que “entendemos que tienen que haber unos principios de unidad de actuación porque sino cada fiscal actuaría de manera diferente según la parte del territorio nacional en que se encontrase”.
La Asociación Profesional Independiente carga contra Moix
Por su parte, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales también ha valorado la polémica que se ha levantado en torno a Moix. En este sentido, la organización ha criticado que el fiscal Anticorrupción haya cometido dos decisiones que, a su entender, no son correctas: su postura contraria a la del fiscal de la ‘operación Lezo’ en relación a determinados registros vinculados a operaciones de la empresa Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa) y su propuesta de relevar a los fiscales del caso del 3%.
“Nos oponemos a que un jefe pueda dictar una orden de no hacer algo (…) Proponemos que si un jefe remueve o sustituye a un fiscal en un caso concreto tiene que tener la aprobación del Consejo en la siguiente reunión y si no le convencen las razones debería dejarse sin efecto esa decisión. Los órganos colegiados (del Ministerio Fiscal) existen pero hay que reforzar su competencia”, ha manifestado el portavoz de esta asociación, Miguel Pallarés, tal y como ha recogido Europa Press.
Es por eso que el camino que ha reclamado la Asociación Profesional Independiente de Fiscales pasa por reforzar las competencias de las Juntas de Fiscales, de Sala y Consejos Fiscales. Si no se opta por esta opción, según han denunciado, la institución se convertirá en una “cadena de transmisión de orden y disciplina” y al final se transmite a la opinión pública que se funciona bajo la fórmula del “ordeno y mando”.
