El Defensor del Pueblo ha pedido al Gobierno que estudie la posibilidad de reducir la parte fija de la factura eléctrica a los consumidores para incentivar el ahorro. Es una de las once recomendaciones que el organismo ha remitido a la Secretaría de Estado de Energía para que sean estudiadas y tenidas en cuenta en el reglamento que se está confeccionando para desarrollar el real decreto sobre el nuevo social. El Ministerio de Energía dio a conocer el pasado lunes algunos detalles de la normativa de la nueva ayuda, aunque el reglamento no se concretará al menos hasta el mes que viene. Las líneas fundamentales desveladas dejan claro que el bono se aplicará exclusivamente a los clientes que tienen contratada una tarifa regulada: “La suscripción de contratos en mercado libre implica que no resulte aplicable la percepción del bono social”, explica la cartera en un comunicado.
Choca con otra de las peticiones de la institución liderada por Soledad Becerril, que exige que la aplicación de este descuento en la factura de la luz para los hogares más vulnerables se extienda también a los clientes que tienen una tarifa de libre mercado. En concreto, aconseja en su texto “introducir entre las medidas de protección contra el corte de suministro a los consumidores vulnerables a aquellos que estén acogidos al mercado libre”.
Las recomendaciones, que tienen en cuenta las conclusiones alcanzadas en la Jornada bajo el lema ‘Medidas para la Protección de los Consumidores Vulnerables en Materia de Energía Eléctrica’, celebrada en su sede a finales del mes de marzo, piden también establecer un procedimiento que permita a los consumidores la impugnación en caso de denegación del derecho al bono social, así como “dar publicidad suficiente a los requisitos para acceder al bono social de manera que llegue al conocimiento de las personas afectadas”.
Varias de las peticiones de la institución para el nuevo bono social sí están en línea con los aspectos fundamentales ya anunciados por el ministerio dirigido por Álvaro Nadal. Tienen que ver con la definición de un concepto de consumidor vulnerable de acuerdo de acuerdo exclusivamente a criterios renta y una modulación de distintos niveles de vulnerabilidad.
Lo que aún desconocemos del nuevo bono social
Lo que sabemos hasta ahora del reglamento es que se crearán diferentes categorías para los hogares vulnerables de acuerdo a unos umbrales de renta establecidos mediante el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), el índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo. Se incluirá la categoría de hogares vulnerables severos, que estarán más protegidos y se beneficiarán de un descuento más elevado que el resto de consumidores con dificultades.
Sin embargo, como apunta la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aún son un misterio los niveles de renta específicos que determinarán las distintas categorías de la ayuda. También se desconoce cuál será el porcentaje de descuento a aplicar en cada una. Hasta ahora, la rebaja en el recibo de la luz es del 25%.
Se aplica actualmente a los todos los usuarios con menos de 3 kW de potencia contratada, los jubilados con pensiones mínimas, las familias numerosas y los hogares con todos los miembros en paro, sin embargo, la nueva ayuda se concederá exclusivamente en función de las rentas. De esta forma se revisará si la baja potencia contratada es para segunda vivienda, garajes o locales o qué familias numerosas son realmente vulnerables.
Así, no sabemos qué ocurrirá con los beneficiarios actuales y los actuales criterios de acceso al bono social. Las familias numerosas ya han iniciado una campaña para pedir al Gobierno que mantenga su acceso al bono social.
Los demás detalles anunciados están relacionados con las notificaciones la coordinación entre las empresas y las administraciones públicas y la transparencia informativa a los clientes. Las compañías deberán comunicar a los consumidores los impagos de sus facturas desde el primer momento que suceda mediante al menos tres comunicaciones antes del corte de suministro, que no podrá realizarse hasta que hayan pasado dos meses de la reclamación fehaciente del pago (el plazo se extiende a 4 meses si el consumidor está reconocido como consumidor vulnerable severo). Además, las comercializadoras deberán comunicar a sus clientes la posibilidad de acogerse al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y de solicitar el bono social si se cumplen las condiciones de renta establecidas.
