La victoria pírrica de Erdogan en el referéndum constitucional de Turquía no convence a casi nadie. El Presidente ansioso de multiplicar sus poderes esperaba que la consulta se convirtiese en un plebiscito y terminó transformada en una polémica internacional. Quienes le ponen peros y le formulan críticas al proceso autocrático tienen muchos argumentos en sus manos. Quizás el primero, las ansias de poder que desde hace quince años viene demostrando Erdogan. El segundo, la ausencia de garantías de imparcialidad.
El referéndum se organizó y se celebró con la sociedad o encarcelada bajo la sospecha de haber tenido algo que ver en el golpe de Estado del pasado julio – muchas decenas de miles están presos — o, en la generalidad del censo, sometida a un estado de excepción que ha demostrado sobradamente que no anda con contemplaciones: detiene por la mínima y retiene sin juicio, cierra medios que no son afines o amenaza con reimplantar la pena de muerte.
Los que no están de acuerdo con la concentración de poderes que asumirá el Presidente, que son muchos como se ha visto a pesar de las dudas que despierta el resultado, apenas han tenido posibilidades de exponer sus razones. La campaña, extendida con mucha insistencia a las colonias turcas en el extranjero, no dudó incluso en estimular el nacionalismo que enfrenta a los residentes contra los países que les brindan acogida y en enfrentarlos con los gobiernos.
Las sospechas de que hubo trampas en el recuento de los votos son tan variadas y contundentes que ponen en serias dudas ese uno por ciento que le dio a Erdogan el triunfo. Los observadores de la OSCE además no dudaron en dejar claras sus reservas sobre la forma en que todo el proceso fue ejecutado. Ni dentro ni fuera de Turquía nadie se ha quedado tranquilo a la vista del resultado y del triunfalismo con que fue acogido en Ankara.
En cualquier caso, que un uno por ciento de los votos de un censo de 55 millones desencadene sin más un cambio de régimen político de semejante naturaleza, sin posibilidad fácil de vuelta atrás, es algo que merece alguna reflexión complementaria. Que una diferencia tan exigua, que a lo que de verdad equivale es a dividir en dos a la sociedad, no puede ser tan determinante. Un cambio así, que convierte al país en una verdadera autocracia, merecería ser procesado con mayores garantías y mientras tanto excluirlo de su incorporación a la UE.
