Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos (BVODH), una organización que documenta las redadas racistas, ha acudido a la ONU para denunciar que el Estado español “castiga y criminaliza la protesta social” por sancionarles repetidamente debido a su labor de vigilancia a los agentes.
BVODH, un colectivo que denuncia los controles de identidad por perfil étnico efectuados por la policía, informa que ha interpuesto la demanda ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra el Estado Español por las repetidas sanciones que se les han impuesto por observar y documentar redadas racistas, ya que consideran que estas multas “vulneran los derechos y libertades fundamentales de libertad de expresión e información, de reunión y de asociación”.
Explican desde este colectivo que La Delegación de Gobierno de Madrid “impuso multas a participantes en las Brigadas por un total de 3.500 euros” y aclara que “las sanciones fueron recurridas por vía judicial y, en todos los casos en que se celebraron juicios, se estimaron nuestras peticiones” y que también fueron absueltos del procedimiento penal, derivado de otra denuncia de la policía
Señalan que en septiembre de 2012, presentaron una demanda por vulneración de derechos fundamentales ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo contra la Delegación de Gobierno de Madrid que sólo se estimó parcialmente, por lo que recurrieron al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Tribunal que determinó no admitir la demanda.
Este colectivo se queja de que el TSJM inadmitiera la demanda sin tener en cuento el número de integrantes de las Brigadas denunciados ni las críticas que sobre ellos vertieron tanto la Delegada del Gobierno en Madrid como algunos mandos policiales. Y también hacen notar que el Tribunal Superior madrileño “tampoco tomo en consideración, los múltiples informes de organismos de derechos humanos denunciando las prácticas racistas en España…) ni a las causas”.
Por ello, y dado que creen ser víctimas de una represión institucional “que viola derechos humanos fundamentales para coartar la denuncia social y que debe ser respondido en diferentes ámbitos” y habida cuenta de que “los tribunales de justicia han hecho oídos sordos”, han decidido recurrir a “instancias internacionales”. Su objetivo: “Denunciar que el Estado español castiga y criminaliza la defensa de los Derechos Humanos, y las diferentes formas de protesta social, como es el cuestionamiento público de una práctica discriminatoria como los controles de identidad por perfil racial que forman parte de políticas migratorias criminales”, concluyen.
