Miles de universitarios tenían la mente puesta en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados. Este miércoles se debatía una Proposición No de Ley (PNL) de Unidos Podemos para exigir al Gobierno que volteé el escenario que viven los estudiantes que se encuentran con miles de euros de deuda y amenazados por los bancos.
Según fuentes de ElBoletín.com, la iniciativa ha contado con total de 23 votos a favor, 14 abstenciones y ninguno en contra, siendo las abstenciones protagonizadas por el Partido Popular. De esta manera, el Congreso de los Diputados insta sin oposición que el Gobierno de Mariano Rajoy acuda al ‘rescate’ de estos alumnos que denuncian la estafa del Préstamo Renta Universidad.
Y es que la escena que viven los universitarios narra unos jóvenes con deudas superiores a los 4.000 euros, sin haber podido acabar la carrera -por culpa del aumento de las tasas- y amenazados con ser trasladados (sus datos personales) a los ficheros de Control de Morosidad, a pesar de que los fondos del programa de préstamos son exclusivamente públicos.
De 2007 a 2017, una década de problemas
Una historia que nace en 2007 cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero implanta un sistema de préstamos educativos con los que pretende ayudar a los estudiantes universitarios de bajos recursos económicos. En ese momento, las condiciones fijaban unos intereses cero, una prescripción de la deuda a los 15 años de contraerla y unas obligaciones de devolución que no se pagarían hasta que no se cobrase una nómina anual de 22.000 euros como mínimo.
Sin embargo, con los años, las exigencias se fueron endureciendo hasta que en 2010, en plena crisis económica, todo cambió: los intereses de la deuda incluyeron tipos por encima del 4%, se eliminó el umbral de renta de 22.000 euros y el cobro de la deuda empezaría a los dos años de finalizar los estudios. Una serie de cambios que apenas fueron comunicados dejando en un escenario de desprotección a los estudiantes.
Siete años después, y con las amenazas de las entidades financieras de llevar a los estudiantes a ese Control de Morosidad al reclamar a los afectados el pago de las cuotas sumando comisiones y cobrando intereses de demora abusivos, la Comisión de Educación ha decidido tomar cartas en el asunto.
¿Qué se exige al Gobierno?
Por ello, la Cámara Baja ha reclamado al Ejecutivo establecer un canal de comunicación adecuado entre el Ministerio de Educación y la Asociación de Afectados por el Préstamo Renta Universidad para escuchar sus demandas y proporcionar respuestas eficaces a la situación de los afectados.
Asimismo, la PNL aprobada también habla de aprobar las normas jurídicas y llevar a cabo las actuaciones necesarias para que el reembolso de los préstamos correspondientes a la convocatoria de 2008 y siguientes sólo tenga lugar cuando los prestatarios posean una renta anual de 22.000 euros en cada ejercicio, extinguiéndose la deuda en todo caso a los quince años, en consonancia con las condiciones incorporadas en el sistema de préstamos renta en 2007.
Y, por último, los parlamentarios instan a Rajoy a que exija a las entidades financieras colaboradoras el cese de los requerimientos de pago y de las cláusulas y prácticas relativas al cobro de comisiones e intereses moratorios y a la incorporación de datos personales en ficheros de morosidad en relación con los contratos de todas las convocatorias del programa de préstamos.
Una decisión que ha sido celebrada por la Asociación de Afectados por el Préstamo Renta Universidad. “Gracias a todos y sobre todo, mucha fuerza a los afectados, estamos ya muy cerca de la solución”, ha celebrado la plataforma tras una larga tarde de espera.
Gracias a todos y sobre todo, mucha fuerza a los afectados, estamos ya muy cerca de la solución.
— Afectados PRU (@AfectadosPRU) 22 de marzo de 2017
