Auge y caída de las energías renovables

Especial 25 aniversario

Auge y caída de las energías renovables

Molinos de viento

España tendrá dificultades para cumplir con los objetivos europeos sobre energías limpias fijados para 2020, después de haber llegado a ser un referente mundial en la eólica y la fotovoltaica. El sector energético ha iniciado en los últimos 25 años la transición hacia un modelo sostenible y respetuoso con el medio ambiente que ponga fin a la dependencia de los combustibles fósiles. España cogió pronto el timón de este proceso de transformación, convirtiéndose en referente mundial en el desarrollo y la exportación de tecnologías fotovoltaicas y eólicas, pero la crisis económica, los cambios regulatorios y la temprana sobreinstalación de potencia han acabado por debilitar la posición de nuestro país en el campo de las energías limpias justo en el momento en el que la apuesta a escala global alcanza cifras récord.
 
A principios de los 90, aunque las centrales hidráulicas ya generaban buena parte de la energía consumida, las placas solares se limitaban a viviendas aisladas en zonas rurales y los pocos aerogeneradores instalados tenían muy poca potencia. El panorama comenzó a cambiar poco después, ante las advertencias de los organismos internacionales sobre la necesidad de reducir las emisiones contaminantes: en 1992, el año en el que el primer número de El Boletín salió a la calle, se aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con el fin de promover la reducción de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Este marco jurídico sirvió como base para la firma, cinco años después, del Protocolo de Kyoto.
 
España, motor de la energía verde
 
Los gobiernos comenzaron entonces a tomarse en serio la protección del medio ambiente, adoptando medidas en el marco energético para reducir la contaminación y el calentamiento global. España estableció en 1998 un sistema de primas para impulsar el desarrollo de instalaciones del llamado Régimen Especial (las que producen energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y tratamiento de residuos) y con el cambio de siglo se aprobó el Plan de Fomento de las Energías Renovables (PFER) para el período 2000-2010, con el objetivo de que la aportación de estas tecnologías a la demanda energética alcanzara una cuota mínima del 12% al final de la década. Este último fue posteriormente revisado en el Plan de Energías Renovables en España (PER) 2005-2010, en el que se introdujeron las nuevas metas europeas de generación eléctrica con renovables.
 
A lo largo de la primera década de los 2000, España fue desarrollando distintos mecanismos de incentivos, principalmente a través de las citadas primas. Es decir, las renovables podían “vender” su energía a la red eléctrica en base a los precios del mercado general, pero además recibían un dinero adicional por el valor ambiental de esa producción de energía limpia. El más destacado de ellos fue el Real Decreto 661/2007 aprobado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
 
Estas generosas retribuciones, junto a la caída del sector inmobiliario y las condiciones climáticas favorables atrajeron a numerosos inversores e instituciones financieras, desencadenando el ‘boom’ de la eólica y fotovoltaica en España en 2007 y 2008, años en los que nuestro país se puso a la vanguardia de las energías renovables.
 
En concreto, la inversión en el sector fotovoltaico en 2008 ascendió a 16.380 millones de euros, un 450% más que la registrada en el año anterior, según la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), lo que permitió a nuestro país convertirse en líder mundial con más de 2.500 MW instalados nuevos, hasta un acumulado de 3.204 MW, de acuerdo a los datos de la extinta Comisión Nacional de Energía (CNE).
 
Por su parte, la eólica experimentó un fuerte aumento de la potencia instalada en 2007, con más de 3.500 MW nuevos, hasta un acumulado de 15.104 MW, apuntan los datos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE). Según la Asociación Europea de la Energía Eólica (EWEA, por sus siglas en inglés), ese año España encabezó el crecimiento de la potencia de energía generada por el viento, un hito que volvió a repetir en 2009, aunque en este caso sumó 2.460 MW.
 
Las compañías españolas de renovables también se convirtieron en referentes mundiales y empezaron a exporta su tecnología. Es el caso de Gamesa, que ya entonces dominada la fabricación de aerogeneradores; Abengoa, muy potente entonces en el campo de los biocombustibles y presente en varios mercados; o T-Solar un emblema español del sector fotovoltaico. Grandes empresas eléctricas tradicionales y de infraestructuras decidieron también apostar por la energía verde, como Iberdrola, con Iberdrola Renovables, presente en 20 países; o Acciona, con activos en todos los campos de las energías limpias y líder en la promoción y construcción de instalaciones eólicas.
 
Del ‘hachazo’ de Zapatero al ‘impuesto al sol’
 
A partir del año 2009, como consecuencia de la crisis que afectó a la demanda de renovables, el elevado nivel del déficit de tarifa eléctrica y la propia aceleración del sector, comenzaron los primeros recortes a las renovables. El primero llegó en 2010, con Zapatero en el Gobierno y Miguel Sebastián al frente del ministerio correspondiente, cuando, entre otras cosas, se puso una limitación a las horas primadas.
 
El golpe más duro llegó en 2012, ya con Mariano Rajoy en La Moncloa y José Manuel Soria en la cartera de Industria. Se aprobó el Real Decreto-ley 1/2012, que suspendió los incentivos económicos para nuevos proyectos de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. Esta paralización de la asignación de primas a las renovables, conocida como ‘moratoria verde’ no se levantó hasta finales de 2015.
 
Pero el año pasado, la energía fotovoltaica recibió un último revés: el llamado ‘impuesto al sol’. A principios de octubre, el Consejo de Ministros dio luz verde al Real Decreto que imponía lo que la regulación denomina como “peaje de respaldo” al autoconsumo energético, que se traduce en un gravamen a los consumidores que instalan placas solares para producir su propia electricidad.
 
Los primeros recortes y las sucesivas reformas energéticas aumentaron la incertidumbre política y provocaron, a finales de la pasada década, el cierre de multitud de empresas que apostaron por el sector ante los incentivos públicos. También causaron estragos en el empleo: en 2008, la energía renovable daba trabajo a 143.000 personas, entre empleo directo e indirecto; actualmente, la cifra apenas llega a los 75.500. Por su parte, la nueva potencia instalada desde el 2012 no alcanza los 1.000 MW.
 
Prácticamente al tiempo que los gobiernos españoles iniciaron el ‘golpe’ a las energías limpias en nuestro país, Alemania dio rienda a la Energiewende, la transformación hacia un escenario casi 100% renovable en 2050, en el que la dependencia de los combustibles fósiles haya llegado a su fin. Esta ambiciosa propuesta tiene su origen en la catástrofe nuclear de Fukushima en marzo de 2011, que llevó al Ejecutivo de Angela Merkel a anunciar la desconexión de todas las centrales nucleares en 2022. Esta apuesta ha difuminado el liderazgo de España en energía verde en el Viejo Continente.
 
¿Recuperación a la vista?
 
Según los datos de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), la patronal del sector, el consumo de energía primaria procedente de renovables disminuyó en 2015 por primera vez desde que contabiliza el dato, en 2008. La eólica experimentó su peor año desde los ochenta, pues no se instaló ni un solo megavatio, mientras que la fotovoltaica sumó sólo 47 MW nuevos.
 
El 2016 parece haber ido mejor para estas tecnologías una vez finalizada la moratoria y el acuerdo firmado hace un año en la Cumbre de París para limitar el aumento aumento de la temperatura del planeta anima a la recuperación del sector.  
 
Sin embargo, pese acicate y al exceso de potencia en los inicios del ‘boom’, varios informes y organismos internacionales han advertido ya que, probablemente, España no cumplirá con los objetivos fijados en la Directiva Europa de renovables 2009/28, que establece que al menos un 20% del consumo final bruto de energía proceda de fuentes renovables en 2020.

Más información