Cifuentes cesa del Consejo Taurino a un alcalde imputado y nombra nuevo consejero con ‘historial’

Madrid

Cifuentes cesa del Consejo Taurino a un alcalde imputado y nombra nuevo consejero con ‘historial’

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid

Miguel Ángel Santamaría Novoa deja de ser vocal del Centro de Asuntos Taurinos tras su recién imputación por presunta corrupción. Cristina Cifuentes mueve el Consejo de Administración del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid después de los últimos acontecimientos que salpican a algunos de sus miembros. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publica este viernes que Miguel Ángel Santamaría Novoa deja de ser vocal de este organismo, el cual se encarga, entre otras competencias, de “defender la fiesta de los toros, su pureza y permanencia” o la “explotación, por medio de cualquier fórmula sujeta al Derecho Administrativo, de la Plaza de Toros de Las Ventas” y que maneja un presupuesto de 1,39 millones de euros.
 
Una “decisión consensuada”, como ha afirmado el protagonista a la Cadena SER, que llega pocas semanas después de que Santamaría Novoa, también alcalde de Colmenar Viejo, conociese, finalmente, después de que los juzgados y la Fiscalía rechazasen los pertinentes recursos, que se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados por supuesta “apología de la prevaricación”. Acusación por la que la Fiscalía solicita 3,6 años de prisión al presenciar que adjudicó “16 licencias urbanísticas pese a claros informes técnicos y jurídicos desfavorables, por vulneración de la normativa urbanística aplicable”.
 
Pero el cese de este polémico regidor no es la única noticia que viene acompañada en el movimiento de fichas en el Centro de Asuntos Taurinos. La sombra de la sospecha también se situó, a lo largo de su carrera política, sobre el sustituto de Santamaría Novoa. Mario Anselmo de la Fuente Estévez será el encargado de asumir las funciones de vocal que deja el alcalde de Colmenar Viejo. Un nombre que también es conocido para la Justicia, a pesar de no llegar hasta el nivel de su predecesor.
 
El que fuera exalcalde de Robledo de Chavela, donde varios inmigrantes denuncian que rechazó de forma ilegal su empadronamiento, entra de lleno en el organismo taurino, a pesar de que su historial como gestor le ha granjeado problemas con la Fiscalía de Medio Ambiente cuando se le acusó de un supuesto delito medioambiental al no haber sido lo suficientemente diligente en mandar a los servicios de inspección municipal a comprobar una presunta irregularidad, tal y como informó El Mundo a finales de mayo de este año.
 
La irregularidad saltó a la luz en el momento en el los agentes forestales denunciaron que el propietario de un pajar, situado en la zona conocida en la localidad de la Cruz Verde, había realizado una serie de obras en una zona no urbanizable y de protección. Una denuncia que, pese a las advertencias de los profesionales, el Consistorio hizo oídos sordos.
 
La principal línea de defensa a la que se acogió De la Fuente se basa en que un informe de la Comunidad de Madrid se aseguraba que no hacía falta calificación urbanística porque no iba a haber aumento ni de superficie, ni de volumen ni cambiaba el uso. Algo que no comparten, en absoluto, los forestales, a los que el exalcalde de Robledo de Chavela acusa de motivar todo el litigio por “una vendetta por ser del PP”. Finalmente, la retirada de la acusación de esos mismos agentes, ha servido para que el político quede absuelto.
 
Amistades con implicados en el caso Malaya
No obstante, este conflicto medioambiental no es el único problema que ha tenido que afrontar el nuevo vocal del Centro de Asuntos Taurinos. Ya en 2006, De la Fuente, como detalló El País, encubrió supuestamente a un implicado en el caso Malaya (gracias a las escuchas telefónicas que consiguió la Policía) que empleaba en una finca taurina de la localidad a trabajadores inmigrantes rumanos sin papeles. Una cuestión que se agrandó en el momento en el que uno de estos trabajadores murió en su puesto de trabajo después de ser arrollado por un novillo mientras recogía piedras en la finca.
 
La implicación del exalcalde de la localidad madrileña llega cuando el empresario y dueño de la finca, Ismael Pérez Peña, levantó el teléfono del regidor, del que se declaraban amigos, para que le guardase el secreto del fallecimiento. Un guante que recogió De la Fuente que, siempre como recuerda El País, incluso se ofreció a convencer al yerno del fallecido para que no contradijera la versión falsa tejida por Pérez Peña.
 
“Tras solucionar las gestiones con el seguro, Pérez Peña se dispuso a dar aspecto de regularidad a los contratos de otros trabajadores rumanos de la finca. En conversación con un tal Francis, Pérez Peña dijo: ‘Voy a hablar con Mario, el alcalde que es muy amigo mío y hace lo que yo le diga. (…) Y le voy a decir, oyes Mario, un papel como que llevan aquí, a ver, que hagan un chanchullo ¿entiendes?’”, relató el medio tras acceder a los pinchazos telefónicos.
 
Viejos conocidos en el Centro de Asuntos Taurinos
El Centro de Asuntos Taurinos en total cuenta con hasta 18 vocales, un presidente, una secretaría del consejo y un director gerente. Un consejo en el que se encuentran viejos conocidos de la política madrileña como el exalcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano y el expresidente de la Empresa Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento capitalino, Sigfrido Herráez.
 
Este último llegó a ser hasta denunciado por Alberto Ruiz-Gallardón al ver que en mayo de 2004, el Consejo de Administración de la empresa municipal adjudicó un contrato de 153.000 euros para el diseño, montaje y mantenimiento del stand municipal en el Salón Inmobiliario de Madrid 2004 a Special Events, la empresa de Francisco Correa.
 
A su vez, entre los vocales también se encuentran políticos actuales que no son desconocidos para la Justicia. Como es el caso de Jaime González Taboada, consejero actual del Gobierno regional y que se encuentra salpicado por la Operación Púnica después de que David Marjaliza, cerebro de la trama corrupta madrileña, vinculase al número tres de Cifuentes acusándole de “mangonear” los contratos del plan Prisma, que dirigía el diputado, mientras que las comisiones se las repartían entre Francisco Granados, el popular y Marjaliza.

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