Una empresa salpicada por la Gürtel volverá a participar en la gestión del IVIMA

Conurma, que aparece en el ‘Caso Gürtel’ y que tuvo de apoderado a un expopular protagonista en la trama, se hace con un contrato de 5 millones de euros en la Comunidad de Madrid. Hace menos de un año la Asamblea de Madrid abordaba un asunto polémico que implicaba a la Consejería de Vivienda y al antiguo IVIMA. Una de las adjudicaciones que realizó la Comunidad de Madrid traía consigo varios inconvenientes, tal y como resumió la diputada socialista Pilar Sánchez Acera: “Yo creo que llega el momento de decir que tenemos que salir de adjudicaciones que dejan a la Comunidad de Madrid mal […] Las mismas empresas, personas que han estado en Gobiernos, personas que están implicadas en casos de corrupción… ¡Yo creo que es el momento!” Una ocasión de desvincularse, que casi año después y al abordar la misma contratación, no se ha aprovechado.
 
La Consejería de Vivienda ha vuelto a adjudicar el mismo contrato a una empresa salpicada por el ‘Caso Gürtel’. Conurma será la encargada (a través de una Unión Temporal de Empresas junto a Factoría de Vivienda, filial que pertenece al grupo Conurma) de servir de “apoyo en la gestión integral del patrimonio y en la generación de sus ingresos de la Agencia de Vivienda Social (antiguo IVIMA)”. Si el 3 de noviembre la oposición pedía explicaciones por el contrato del año pasado, este 12 de septiembre el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicaba la formalización que ha recaído de nuevo sobre esta compañía que aparece en el sumario de la trama corrupta.
 
De hecho, la vinculación de esta empresa con la región le ha granjeado al consejero Pedro Rollán duros enfrentamientos con la oposición durante todo el año. “¿Cómo valora el señor consejero que la Comunidad de Madrid haya seguido contratando con la empresa Conurma, empresa que aparecen en el sumario de la Gürtel y a cuyo administrador le piden 22 años de cárcel?”, le preguntó el diputado de Podemos Miguel Ongil a principios de marzo de este año. Una pregunta que fácilmente se podría volver a preguntar en el próximo pleno al ver el nuevo contrato.
 
De hecho, Sánchez Acera ha mostrado su sorpresa y cabreo a ElBoletín.com al parecerle cuanto menos “extraño” que Conurma vuelva a hacerse con esta gestión después de que el consejero de Vivienda afirmase a la diputada socialista que “no era partidario que esta empresa volviera a estar presente en el concurso”. No obstante, la justificación que dio el Gobierno de Cristina Cifuentes a los diputados cuando cuestionaron la legalidad del concurso también podría valer para este caso, al ser el mismo contrato (aunque con un año más de duración y mayor importe).
 
“Si una empresa, sea cual sea, no se encuentra inhabilitada, se presenta a un proceso, cumple todos los requisitos exigidos y la mesa de contratación, compuesta por técnicos de la Comunidad de Madrid, la proponen por ser la oferta más ventajosa, nos guste o no nos guste, hay que adjudicar el contrato porque, en caso contrario, estaríamos incurriendo en prevaricación”, respondió Rollán a Ongil después de la pregunta que espetó el político de Podemos.
 
Un año después se repiten las sospechas
 
Pero la vinculación de Conurma con un caso de corrupción no son las únicas dudas que rondaron la cabeza de los diputados. Esas mismas cuestiones parece repetirse en esta nueva adjudicación.
 
El anterior contrato fue adjudicado a Conurma después de que presentar la oferta “más ventajosa”, es decir, la que mejores condiciones económicas ofrecía. Una oferta difícil de rechazar: la sociedad realizaba el apoyo en las gestiones al IVIMA por un 40,20% más barato de lo que estimó la Comunidad de Madrid. Algo que fue duramente criticado y calificado como baja temeraria (concepto que se da cuando se presenta una oferta anormalmente baja superior a 25 unidades porcentuales) por las dudas que sucitaba y que se mantienen en este contrato.
 
La Consejería de Vivienda ha estimado para este año el valor del contrato en unos 8.371.966,08 euros (mayor presupuesto al ser una gestión de dos años a diferencia del único año que tenía el contrato anterior) y finalmente la UTE integrada por Conurma y Factoría de Vivienda se ha hecho con el concurso por 5.065.039,48 euros. La sombra de la baja temeraria vuelve a aparecer, tal y como sospecha Jacinto Morano, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y que cargó contra el consejero el año pasado por la adjudicación, en ElBoletín.com: “El contrato está bastante por debajo de su precio. Se podría hablar de baja temeraria”.
 
La vinculación con la Gürtel
 
Conurma no es nueva para la Comunidad de Madrid y no, precisamente, porque el año pasado ya se hizo con el mismo servicio que se requiere este año. La vinculación entre la empresa y el Gobierno regional –en aquella época de Esperanza Aguirre y de Ignacio González- nace en el momento en el que Juan Carlos Clemente Aguado, director general de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la región desde 2003 a 2005 y viceconsejero de Inmigración  en los años 2006 y 2007, fue nombrado apoderado de Conurma.
 
Clemente Aguado aterrizó en la política como asesor del Ministro de Justicia, José María Michavila en los años 2002 y 2003. Más tarde sería diputado del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid en la V y VI Legislaturas y no tardó en alzarse con un puesto en el Gobierno de Aguirre que mantendría de 2003 a 2007. Años después, ya en enero de 2012 –aún con Aguirre en la Presidencia-, recalaría como apoderado en Conurma hasta noviembre de 2014. Ni tan siquiera la imputación del político tres años atrás (en 2009) en el caso Gürtel impidió a que Conurma le ‘fichase’.
 
Será el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira el que procedió en 2009 a imputar a Clemente Aguado al entender que él y Alberto López Viejo percibieron importante cantidades de dinero por la mediación para adjudicar contratos a empresas relacionadas con Francisco Correa. Unas comisiones que acabaron perjudicando al contribuyente, encareciendo de ese modo los servicios contratados y abonados con el consiguiente perjuicio para la Comunidad de Madrid.
 
Durante los casi tres años en las que la unión entre Conurma y Clemente Aguado fue total, la Comunidad de Madrid, tal y como relata a este medio la diputada Sánchez Acera, “dio a esta empresa muchos millones” en forma de contratos. Aun así, el nombre del imputado por la Gürtel, al que el juez pide 22 años de prisión, parece desconocido en las actuales filas populares: “El consejero me comentó que no sabía que estaba Clemente en Conurma”, desvela la socialista.
 
A pesar de que el fichaje de Clemente Aguado –ya imputado cuando entró a la empresa- no parece el más adecuado, Conurma ya mantenía sus vínculos con la trama que salpica al PP. En el epígrafe del sumario titulado “Información adicional que puede ser de utilidad para profundizar en la investigación”, como desveló El Mundo, el nombre de la compañía aparece por una relación con una empresa pública de vivienda. Concretamente con la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, cuna de la Gürtel en Madrid.
 
Según el relato del juez, los contratos del exalcalde del municipio, Arturo González Panero (conocido como ‘El Albondiguilla’), están más que bajo sospecha y el nombre de Conurma aparece al formar parte de “un grupo de empresas con las que trabaja habitualmente la EMSV de Boadilla del Monte y que, curiosamente, cuando se les solicita certificaciones de cualquiera de ellas, siempre las presenta la misma persona; de lo cual se deduce que deben tener vinculación entre las mismas”. “Estas empresas son: Jetransasu SL, Transjañer SL, Conurma, Rehabilitaciones y Construcciones SA, Tecomsa, Rústicas Mbs, Cover, y ATJ”, redactó el magistrado en el sumario.
 
La externalización del servicio
 
Unas razones que, al no estar Conurma inhabilitada, no son suficientes para la Comunidad de Madrid al repetir año tras año un nuevo contrato con esta compañía. “Es sospechoso que siempre toque el mismo contrato con bajadas notables a la misma empresa”, afirma el diputado de Podemos Jacinto Morano a ElBoletín.com.  Mientras la UTE se encargará, como resumió Morano cuando la Asamblea de Madrid abordó este asunto el año pasado, de “las labores de inspección y policía” que tengan que ver con el IVIMA.
 
Concretamente, nueve son las funciones que ha de hacer Conurma, entre las que se encuentran “apoyar a los trabajos de facturación y cobro de los ingresos generados por la gestión del patrimonio de la Agencia de Vivienda Social” o el “apoyo en los trabajos de gestión de los procesos de morosidad”, es decir, “que el contratista impulse todos los trámites del proceso de lucha contra la morosidad”, como puede  ser informar al antiguo IVIMA de qué propietarios cuentan con deudas con la Agencia de Vivienda Social, tal y como se detallan en las condiciones del contrato.
 
Unas funciones que desde Podemos, según apreció el diputado Hugo Martínez Abarca, “creemos que muchas se podrían, y se deberían, prestar directamente por el IVIMA, puesto que afectan al derecho fundamental a la vivienda y seguramente nos saldría a los madrileños más barato”.
 
De hecho, sobre el seguimiento de los morosos lanzó varias preguntas el diputado de Ciudadanos Enrique Veloso Lozano: “¿Cómo garantizamos que se respetan los derechos sociales, especialmente en la lucha contra la morosidad? ¿Se tienen en cuenta todas las partes? ¿Se hacen los seguimientos y estudios adecuados? ¿Quiere esto decir, de todas maneras, que nuestro sistema de detección de fraude lo tenemos externalizado?”.
 
Unas cuestiones de las que el consejero quiso quitar hierro al asunto asegurando que “lo que hace la empresa es un trabajo de campo”. Y que “las cuestiones fundamentales, las importantes, la conciencia social, siempre, absolutamente siempre, reside en los profesionales de la Agencia de Vivienda Social como un requisito sine qua non”.
 
Un “trabajo de campo” que la Comunidad de Madrid ha destinado a una empresa salpicada por la Gürtel y que se ha ganado un nuevo contrato de dos años por más de cinco millones de euros.