Los amnistiados fiscales de Montoro cuentan los días para librarse de devolver el dinero

Ciudadanos exige al Gobierno de Mariano Rajoy que revise la amnistía fiscal antes del 30 de noviembre, ya que tras esa fecha no se podrá reclamar dinero a estos “defraudadores”. Los beneficiados de la amnistía fiscal impulsada en 2012 por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no levantan la mirada de sus calendarios con el único deseo de que pasen los días. Y cuanto más rápido, mejor. Y es que, el 30 de noviembre, cuatro años después de finalizara el plazo para presentar la ‘Declaración Tributaria Especial’ (DTE), prescribirá el derecho de la admnistración para realizar las revisiones correspondientes.
 
Así lo advierte Ciudadanos, que logró que en el acuerdo para la investidura (fallida) de Mariano Rajoy el PP asumiera el compromiso de recuperar los 2.800 millones que, según la formación naranja, se “perdonó” con la amnistía fiscal. “Antes de exigir un euro a los contribuyentes honestos, hay que aplicar la ley a los defraudadores”, afirmó esta semana el portavoz de Hacienda de este partido, Francisco de la Torre.
 
Según el diputado de Ciudadanos, “hay un Gobierno en funciones, pero no lo están ni la Agencia Tributaria ni el Estado de Derecho”. De ahí que haya reclamado al Ejecutivo que se ponga manos a la obra para recuperar “todo lo que se pueda de este dinero que los defraudadores no pagaron cuando se acogieron a la amnistía fiscal”. Y lo haga antes del 30 de noviembre, ya que en caso contrario, “prescribirá el derecho de la administración” a realizar estas revisiones.
 
En concreto, según los cálculos de los de Albert Rivera, se han perdonado 2.800 millones a estos “defraudadores”. Un dinero que se tiene que recuperar. Para ello, esta misma semana el partido naranja ha registrado una Proposición no de Ley (PNL) para garantizar que quienes se beneficiaron de esta amnistía, una de las medidas estrellas de Montoro, tributen al 10% y no al 3%.
 
“Esta polémica regularización fiscal asestó un golpe fatal a la ya frágil conciencia fiscal de nuestra sociedad y supuso un enorme fracaso que ha sido objeto de repetidas críticas e iniciativas en sede parlamentaria”, denuncia Ciudadanos en la mencionada proposición en la que recuerda que el objetivo pasaba por recaudar unos 2.500 millones de euros. Al final, según datos de la AEAT, se afloraron 40.000 millones y apenas se recaudaron 1.193 millones.
 
Asimismo, la formación naranja no se olvida de que esta regularización fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, que admitió a trámite el recurso, aunque aún no se ha resuelto este asunto. “Para asegurar la efectividad de la decisión del Constitucional es preciso que las situaciones jurídicas no hayan adquirido firmeza”, defiende Ciudadanos en esta proposición en la que destaca que “esto sólo ocurrirá si se inician las correspondientes comprobaciones antes de que prescriban las obligaciones tributarias de los defraudores”.
 
Ante todo esto y ante el paso de los días, los de Rivera urgen a Rajoy a ordenar a la Dirección General de la Agencia Tributaria “la realización urgente de las comprobaciones inspectoras de los contribuyentes acogidos a la regularización de 2012, y a que éstas se inicien en todo caso antes del 30 de noviembre de 2016” para evitar que los contribuyentes acogidos a la misma se salgan con la suya.