El artículo 135, que antepone el pago de la deuda a cualquier gasto público y social, supuso un antes y un después en el PSOE. El PSOE puede consolarse echando la vista atrás, mirando al 26 de agosto de 2011, cuando a las 12:40 de la mañana, el partido liderado entonces por José Luis Rodríguez Zapatero aprobó, junto al Partido Popular, la reforma del artículo 135 de la Constitución. Aquel día el PSOE sí que estaba entre la espada y la pared, y acabó juntándose con el PP para cercenar casi todo el apoyo social que le quedaba tras los recortes de 2010, y el famoso “cueste lo que me cueste” de ZP. Desde entonces, los resultados de los socialistas en las elecciones han ido cayendo estrepitosamente. De los 169 escaños y los más de 11 millones de votos que tenía el PSOE de Zapatero en agosto de 2011, a los 85 escaños y los cinco millones y medio de votos de los que dispone hoy Pedro Sánchez. Es decir, en estos cinco años de vida del ‘nuevo’ artículo 135, el PSOE ha perdido 6 millones de votos, más de la mitad de sus votantes. Quizá por eso algunos socialistas no quieran volver a saber nada de pactar con los populares.
Sin embargo, Pedro Sánchez, que ha comentado varias veces que cambiaría ese artículo, no debería culpar a Zapatero de la ‘herencia recibida’ en el PSOE. El actual secretario general de los socialistas votó a favor y defendió la reforma constitucional del artículo 135 aprobada por el PSOE y el Partido Popular. En un artículo publicado en septiembre de 2011 en el diario El Periódico de Cataluña, Pedro Sánchez aseguraba que “al elevar de rango el principio, reforzamos el compromiso del Estado con la estabilidad presupuestaria, cuestión que beneficia de forma clara a la economía española y a la catalana. Nunca creí que lo que diferenciara a la izquierda y la derecha fuese el tamaño del déficit público. La estabilidad de las cuentas es un principio de buen gobierno”. Es anecdótico señalar que aquel Pedro Sánchez creía que España no entraría en recesión. Pero por entonces – y posiblemente por ahora – nadie sabía nada.
Sin la aprobación de aquel artículo no se entendería tanto el auge y éxito de Podemos. Si bien es cierto que el 15-M ya había sucedido, aquella medida exprés de la Constitución fue la gota que colmó el vaso de muchos votantes socialistas que desde entonces no han vuelto a serlo.
La idea sobre la que aprobaron esta reforma ‘exprés’ era que “la reforma del artículo 135 de la Constitución persigue garantizar el principio de estabilidad presupuestaria vinculando a todas las Administraciones Publicas, reforzar el compromiso de España con la Unión Europea y garantizar la sostenibilidad económica y social”. Así se presentaba el escrito de ley que en resumidas cuentas garantizaba que el Estado tendría como prioridad absoluta pagar los intereses y capital de deuda pública, que estarían incluidos entre los gastos presupuestarios. De esta forma, el pago de intereses de deuda se convertía en más prioritario para el Estado que el pago de prestaciones por jubilación, exclusión, desempleo o pobreza.
En la votación de conjunto el resultado fue: 316 votos a favor y 5 en contra. Coalición Canaria, UPYD y dos socialistas, Antonio Gutiérrez y José Manuel Bar Cendón (este último por error) fueron los que votaron en contra. Los diputados socialistas De la Rocha, Barrio de Penagos y José Antonio Pérez Tapias se abstuvieron como CiU y PNV, y los diputados de Izquierda Unida no se presentaron. Sin embargo, con superar tres quintos de la cámara no bastaba para reformar la Constitución. Si un 10% de la cámara solicitaba la realización de un referéndum, la reforma debía ser consultada y aprobada por la población. Sin embargo, no se llegó al 10% y no fue necesario convocar un referéndum.
Artículo 135
La reforma dejó el artículo 135 de la siguiente manera:
Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.
2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.
Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.
El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito.
Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.
El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.
Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:
5.a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.
b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.
c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.
¿Cómo era antes de la reforma el artículo 135?
El Gobierno habrá de estar autorizado por Ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito.
2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.
