El Transnational Institute e Institute for Policy Stuides denuncia cómo la vuelta de tuerca del TTIP que negocian México y la UE trae numerosos peligros para ambas partes. “El tratado UE-México blinda los privilegios de los grandes inversores y supone la pérdida de derechos laborales, más destrucción ambiental y más violaciones a los derechos humanos”. La advertencia de Ecologistas en Acción ya ha sido lanzada. Pero no son los únicos peligros que se han identificado de la vuelta de tuerca que está diseñando la Unión Europea y México de su ’TTIP mexicano’ .
El estudio ‘Desenmascarados: Los derechos corporativos en el renovado TLC México-Unión europea’, realizado por el Transnational Institute (TNI) e Institute for Policy Stuides (IPS), aprecia en el proyecto varios riesgos como que “blindará las privatizaciones y las reformas proempresariales en el sector del petróleo y el gas en México”. Unas privatizaciones que ya comenzaron en diciembre de 2013 cuando el gobierno mexicano abrió, tras varias décadas, la explotación de la industria del gas y el petróleo a compañías extranjeras. Algo que, sumando este Tratado de Libre Comercio, provocaría “el fortalecimiento de la protección de las inversiones”. “Será muy difícil para los futuros gobiernos mexicanos el revertir estas políticas sin correr en riesgo de ser demandados ante tribunales internacionales de inversión”, denuncia el informe.
Un conflicto que alimentaría las demandas en un país centroamericano que no va sobrado de ellas. Como recuerdan los autores del texto, México ya se ha enfrentado a 23 casos de arbitrajes por temas de inversión, lo que le sitúa en el séptimo país más demandado del mundo. Por lo que el ‘TTIP mexicano’ situará al país “en una posición de riesgo de ser objeto de una nueva oleada de demandas de inversión por parte de inversionistas europeos”, así como “incrementará las probabilidades de que los gobiernos de la UE sean blanco de demandas de multinacionales mexicanas”.
Otro de los puntos negros identificados por los expertos que dañaría gravemente a México y a algunos de los Estados miembros que conforman la UE sería la dificultad de retirarse de este ‘TTIP mexicano’. Si el país centroamericano sustituyese sus tratados que tienen con los países europeos por este acuerdo con la UE, a su gobierno le resultará “prácticamente imposible retirar los nuevos derechos otorgados a los inversionistas extranjeros”. Una medida que también afectaría a aquellas naciones europeas que desearan revisar los derechos reservados a los inversionistas mexicanos: si apuesta por esa decisión “debería abandonar la Unión Europea para renunciar a sus compromisos”, según el informe del TNI y del IPS.
Siguiendo por el camino de decantar la balanza a favor de las compañías por encima de los países soberanos, los autores del estudio recuerdan que este tratado “permitirá a los inversionistas extranjeros impugnar legislaciones de interés público en México y en Europa”. Una cuestión que aprecian en el texto del modelo de inversiones de la UE que “no incluye ningún elemento que pueda impedir que las empresas impugnen decisiones de interés público ni que los árbitros fallen a favor de los inversionistas, condenando a los Estados a pagar miles de millones de dinero de los contribuyentes por concepto de indemnización por la implementación de medidas públicas legítimas”.
Y por último, pero no menos importante, uno de los puntos más negros que señalan Ecologistas en Acción, TNI e IPS es el que tiene que ver con los Derechos Humanos (DDHH) . Si finalmente el acuerdo entre la UE y México llega a buen puerto, según estas organizaciones, se acentuará “aun más el desequilibrio entre la legislación vinculante para las grandes empresas y las directrices meramente voluntarias en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos”. “La propuesta de la UE no prevé obligaciones para los inversionistas; solo derechos”, critica el estudio.
