La venta de viviendas públicas a fondos buitre de Botella, el soterramiento de la M30 y el resto de decisiones “con indicios de haber generado impacto negativo” en los madrileños, están en el punto de mira. Cada vez queda menos para conocer los detalles de la gestión realizada por el PP en el Ayuntamiento de Madrid. Esta semana se ha constituido el Consejo Asesor de la Auditoría Ciudadana de Deuda y Políticas Públicas de la capital, que ayudará al equipo de Manuela Carmena a conocer cómo afectaron las decisiones municipales a la vida de los madrileños. Pero, ¿qué van a analizar exactamente?
A pesar de que el nombre pueda sugerir que el equipo de Manuela Carmena sólo investigará la evolución del endeudamiento en la capital durante los últimos años, la Auditoría será integral e investigará todas las decisiones de Gobiernos anteriores “con indicios de haber generado impacto negativo en distintas dimensiones”, según lo han señalado en su página web.
Eso significa que la comisión de la Auditoría Ciudadana de la Deuda y el Consejo Asesor –de perfil académico-, con la colaboración de los madrileños, también analizará qué decisiones han contribuido al incremento de la desigualdad en la capital, así como de la pobreza o de la exclusión social. Una investigación que, muy probablemente, pasará por la venta realizada por Ana Botella de pisos públicos a fondos buitre. Del mismo modo, esperan arrojar luz sobre cómo han afectado las decisiones municipales al medioambiente o a perpetuar las desigualdades entre hombres y mujeres.
En un terreno más económico, el Ayuntamiento se pregunta: “¿Está equilibrado el gasto municipal de una gran infraestructura respecto a su utilidad pública?”. La respuesta podría poner en entredicho el ‘macroproyecto’ del soterramiento de la M30 de Alberto Ruiz Gallardón. Y en este mismo sentido, “¿era el recurso al endeudamiento la mejor estrategia financiera desde la perspectiva de los contribuyentes?”. Con esta cuestión, el Consistorio alude al hecho de que la deuda municipal se haya multiplicado por ocho entre 2003 y 2011.
Del mismo modo, las gestiones de las empresas públicas también están en el punto de mira del Ayuntamiento. “¿Cumplen las empresas adecuadamente sus contratos con el Ayuntamiento?” o “¿funcionan las empresas municipales con adecuación a los criterios y objetivos públicos que les corresponden?”, serán dos de las preguntas que intentará contestar Carmena. Aunque su equipo ya ha apuntado algunas posibles irregularidades a este respecto: la empresa pública Madrid Destino facturó 668.172,78 euros más de lo esperado en concepto de ‘eventos puntuales’ en el pasado ejercicio. Un sobrecoste que el Ayuntamiento se comprometió a investigar ya a finales del pasado año.
Con todo esto, lo que quiere el Ayuntamiento es sentar precedentes y evitar que vuelva a suceder en el futuro. Consideran que, si existe una obligación de rendir cuentas a la ciudadanía, las malas prácticas caerán en picado, en pro de un mejor funcionamiento económico y una mayor transparencia.
Por el momento, no hay una fecha límite para completar la Auditoría a la gestión de Gobiernos anteriores, pero tendrá que responder ante el Pleno municipal por primera vez el próximo día 22 de julio. No obstante, la comisión se instará de manera permanente para evaluar también las decisiones del equipo de Carmena.
Y para todo esto, el Ayuntamiento quiere contar con los madrileños, tal y como prometieron ya en campaña electoral. Estos podrán identificar casos de políticas municipales con posibles impactos negativos sobre la ciudadanía que deban ser sometidos a la Auditoría, aportar indicios de posibles impactos negativos y participar en el análisis de impactos. Asimismo, se instalarán mecanismos para que puedan participar en la toma de decisiones, consecuencia de los resultados obtenidos.
