OHL, investigada en la Púnica, y Dragados, sancionada por el Ayuntamiento, se adjudican las obras por 7,1 y 7 millones respectivamente. La reforma de la Línea 1 del Metro de Madrid, la mayor inversión en su renovación en 10 años, ha generado polémica desde su mismo anuncio por parte de la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes. Fue el pasado 12 de febrero, el mismo día en el que terminaba el plazo de presentación de ofertas para una licitación que se había publicado cuatro días antes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).
Frente a las demandas de los vecinos de los distritos más afectados y del propio Ayuntamiento de Madrid de acometer las reformas por tramos; la Comunidad de Madrid aprobó realizar las reformas mediante el cierre total de 25 estaciones de esta línea, la segunda con mayor tránsito del metro madrileño.
En consecuencia, cada uno de los lotes de adjudicación ascendió a una mayor cuantía de la que previsiblemente hubiese supuesto su alternativa, que habría de suponer una fragmentación de los mismos, según aseguran expertos técnicos. En concreto, hablamos de un Lote 1, que cubre las obras de consolidación del túnel de la Línea 1 entre las estaciones de Cuatro Caminos y Antón Martín, adjudicado por 7 millones de euros; y de un Lote 2, entre las estaciones de Antón Martín y Portazgo, que lo hizo por 7,1 millones.
Y las empresas que se han hecho con esos contratos fueron las constructoras Dragados (filial de ACS) y OHL, viejas conocidas de las Administraciones del PP. Una resolución que Metro de Madrid S.A. publicó en su página web el viernes 29 de abril. Es decir, justo al inicio del puente de mayo.
La empresa presidida por Juan Miguel Villar Mir, Obrascón Huarte Laín SA (OHL), es una de las principales empresas implicadas en la trama Púnica que investiga el Juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y algunos de sus directivos están investigados en varios sumarios judiciales. Es el caso de Javier López Madrid, yerno del presidente de la constructora, imputado por los posibles delitos de cohecho y blanqueo de capitales en relación con la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid, precisamente, a cambio de adjudicaciones de obras de administraciones públicas gobernadas por este partido.
Así, la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, dirigida entre 2003 y 2004 por Francisco Granados, hoy encarcelado por su presunta implicación en la Operación ‘Púnica’; otorgó contratos a OHL por casi 300 millones de euros. Entre ellos, varias obras del Metro de Madrid.
Tanto el Juez Velasco como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospechan que OHL podría haber recibido dichos contratos a cambio de realizar donaciones ilegales al PP de Madrid. Algo que López Madrid ha negado ante el Juez; pero el hecho es que en febrero de este año, agentes de la UCO acudieron a retirar documentación tanto al domicilio y a las empresas de Javier López Madrid, como a la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid.
El propio, Juan Miguel Villar Mir –ex ministro del gobierno Arias Navarro de 1975– está imputado, junto al expresidente balear Jaume Matas, en el Caso ‘Son Espases’ que instruye el Juez Castro desde Palma de Mallorca. En éste, se investiga el supuesto amaño del concurso para construir, por una suma inicial de unos 700 millones de euros, el Hospital Son Espases de Mallorca en 2006.
En su declaración ante el Juez Castro, el pasado 17 de septiembre de 2015, Villar Mir negó cualquier intervención en relación con el concurso para la construcción del Hospital, que finalmente fue adjudicado a Dragados. Pero en el mes de enero de este año, con el objetivo de esclarecer la posible relación entre la construcción del hospital ‘Son Espases’ y la financiación del Partido Popular, el Juez Castro incorporó al sumario los expedientes de las obras de la sede nacional del PP en la Calle Génova de Madrid, así como el auto de apertura de juicio oral contra Bárcenas y Lapuerta. Y es que el nombre de Villar Mir, también aparece en los papeles de Bárcenas por haber realizado pagos al PP por un total de 540.00 euros entre 2004 y 2008, aunque no tendrá consecuencias legales debido a que ya ha prescrito el supuesto delito.
Mientras que la otra empresa adjudicataria de las obras del túnel de la Línea 1 de Metro, Dragados SA (filial de ACS), también aparece en el Caso ‘Son Espases’ ya que formaba parte de la UTE que fue quien finalmente se adjudicó el concurso y construyó el hospital. Durante el procedimiento, algunos testigos sostuvieron que Jaume Matas pidió a Florentino Pérez, Presidente de ACS, una cantidad importante de dinero a cambio de la concesión de las obras; aunque este extremo fue también negado por el entonces representante de Dragados en Baleares, Juan Antonio Esteban, en su declaración como testigo ante el Juez Castro.
Además, esta misma semana le acaba de ser incoado a la mencionada filial un procedimiento sancionador por parte del Ayuntamiento de Madrid. En esta ocasión, se trata de aclarar si EMESA–empresa propietaria del 20% del Proyecto Calle 30 y participada por Ferrovial y Dragados– cobró más de dos millones de euros entre 2007 y 2015 por trabajos que según el Ayuntamiento aparentemente no han sido realizados en el marco de la gestión de la M-30.
En todas las ocasiones en que Metro de Madrid ha sido preguntada por las causas judiciales en que están inmersas empresas adjudicatarias, se ha limitado a responder que la Ley de contratos públicos de los sectores del agua y el transporte únicamente impide presentarse a una licitación pública a aquellas empresas condenadas mediante sentencia firme. Alegan que, si no es el caso, Metro de Madrid no puede excluir a ninguna candidata de un proceso de contratación.
