Los Papeles de Panamá dejan al descubierto un nuevo atolladero de la coordinación económica internacional. El escritor británico John le Carré empieza su novela The Tailor of Panama con la visita de un agente secreto a una sastrería panameña para que le confeccionen un traje a medida. A partir de ahí, y con su talento habitual, desarrolla una intriga llena de tramas ocultas, mentiras, engaños y amenazas veladas.
La descomunal filtración de los llamados Papeles de Panamá recuerda los giros argumentales de esta ficción en la que el encadenamiento de falsedades conduce a un desenlace funesto. Los famosos papeles han iluminado las redes internacionales subterráneas que acompañan la globalización financiera y puesto nombre a vehículos y pasajeros que transitan por ellas. No sería posible sin la connivencia de autoridades económicas y sistemas financieros.
Es plenamente legal utilizar una entidad financiera o un bufete de abogados localizados en el extranjero para optimizar el rendimiento de tus ahorros e inversiones, siempre que se declare su importe y ganancias a efectos de la tributación sobre renta, sociedades y patrimonio. Pero los detalles filtrados llevan a preguntarse sobre las causas últimas de la elección del destino y medios empleados. No son las sociedades offshore el rostro del diablo pero posiblemente sí uno de sus instrumentos predilectos.
Los estragos sociales de la crisis financiera propiciaron que las instituciones económicas internacionales intervinieran para poner coto a los paraísos fiscales y emprender una cruzada contra las estrategias ahorradoras de impuestos de muchas transnacionales y plataformas digitales. Pero la rivalidad fiscal es una golosina para muchos gobiernos pues con la atracción de empresas se confía en crear empleo. Las legislaciones adelgazan y pierden musculatura.
En pocos ámbitos es más necesaria la coordinación económica que en materia fiscal, cuando las finanzas públicas andan renqueantes y la deuda soberana sigue su curso rampante. Pero sector financiero y grandes corporaciones diseñan productos y estructuras organizativas complejas que, respetando las normas de legalidad vigentes, frecuentemente originan tal opacidad en los flujos de capital internacional que descubrir quien ostenta la propiedad real de los activos trasmitidos a veces es una tarea muy ardua. Incluso quienes más afán ponen en ser los más listos de la clase frecuentemente acaban chamuscados y convertidos en víctimas de sus enredos.
Por si fuera poco, los papeles revelan estructuras societarias vinculadas a insignes nombres propios. Y es en el trato fiscal distinto que reciben las diferentes fuentes de ingreso donde hallaremos el móvil del delito. La picaresca de la facturación en negro para evitar el impacto de la imposición indirecta o el recurso a la creación de estructuras societarias para modificar la naturaleza del ingreso obtenido o distribuir su impacto fiscal entre contribuyentes afines son artificios tradicionales y bien conocidos. Pero quien busca refugio mediante el uso de sociedades extraterritoriales en paraísos fiscales va más allá y revela una voluntad implícita de eludir al máximo el pago de tributos. Y aunque se utilicen canales legales y los mecanismos de intercambio de información entre estados sean más efectivos, la competencia fiscal es hoy una realidad palpable y en todas partes nacen nuevos incentivos e instrumentos para evitar impuestos. Y de la elusión a la evasión fiscal tan sólo hay un paso, que es más corto en el paraíso fiscal: la ocultación de algún ingreso o patrimonio.
Como son sólo los más pudientes los que pueden permitirse el traje fiscal a medida, se agrava la desigualdad social no sólo en el origen de las rentas sino también en el ingreso familiar disponible. Las grandes empresas con sede real o ficticia en países que ofrecen ventajas fiscales son mayoría y los contribuyentes con las rentas más elevadas también son los que más buscan acomodo en formas societarias más o menos complejas para tributar por vía empresarial y eludir los elevados tipos impositivos sobre la renta personal. Así, aún cumpliendo las normas legales, no sólo se pierde la progresividad del sistema, el sistema mismo causa distorsión. Quien vive de su contrato laboral o desarrolla su actividad profesional de forma autónoma percibe el sistema fiscal como una jaula de hierro mientras vislumbra cómo los más acomodados pasean libremente por el prado.
De manera que no es tanto el dilema moral del desleal que antepone patrimonio a patria como un desafío económico relevante. Convertir los impuestos en una mercancía negociada en un mercado de libre concurrencia es un mal negocio. Conduce a instrumentos de evasión cada vez más sofisticados y a tipos impositivos irrisorios. Y deja en manos de una sociedad irritada el mantener en pie los pilares del estado del bienestar. Duele más incluso como conciudadano que como contribuyente.
*Josep Lladós, profesor de Economía de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
