La nulidad de las cláusulas suelo agrieta los cimientos de un sistema financiero aturdido e incapaz de hallar sosiego alguno. Continúa la banca navegando bajo tormenta y con viento de costado, pagando las consecuencias de las malas decisiones de sus patrones y de un uso deficiente de las cartas de navegación. Tradicionalmente sobreprotegidas y autocomplacientes, algunas embarcaciones de la flota parecen flotar ahora a la deriva, peligrosamente escoradas y en espera de tiempos mejores.
Tras el espectáculo bochornoso de las preferentes, la sentencia reciente del Juzgado Mercantil número 11 de Madrid, declarando la nulidad de las cláusulas suelo en el macroproceso impulsado por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, abre una nueva vía de agua en los navíos más imprudentes.
La sentencia no ha hecho más que confirmar el aviso previo de otros juzgados mercantiles, audiencias provinciales y el propio Tribunal Supremo sobre la desacertada gestión de determinados productos financieros por parte de las entidades del sector. Incluso la Comisión Europea avisaba recientemente al sector del riesgo de continuar con tales prácticas. Advertencias más que suficientes para proceder a mediaciones y acuerdos extrajudiciales, provisionar el riesgo existente y poner a buen recaudo las cuentas de resultados futuras. Probablemente no todos hayan sido tan precavidos.
Cuando alegremente el Banco de España ratificó y valoró positivamente la aplicación de dichas cláusulas lo hizo desde la defensa de los intereses del sector, apremiado por las dificultades para mantener su volumen de negocio y sus márgenes comerciales. Los actores económicos de la Eurozona han penetrado en territorio inexplorado guiados por un Banco Central Europeo que febrilmente ilumina el camino mediante recortes en los tipos de interés. Pero son precisamente las entidades financieras quienes peor sufren los efectos del hundimiento del Euribor, principal índice de referencia en el mercado hipotecario. No sólo porque se reducen los ingresos derivados del crédito concedido sino también porque en el negocio diario no son banales los ingresos procedentes de los préstamos interbancarios.
La sentencia no discute la legalidad de establecer, en un contrato mercantil libremente acordado entre las partes, una cláusula que garantice un ingreso mínimo para quien ofrece la financiación, pues no se observa actuación de mala fe. Pero anula su aplicación por incumplir un requisito esencial en todo acuerdo: el deber de una explicación clara y comprensible de sus repercusiones económicas reales.
Debemos ser conscientes de que el abuso ahora sancionado no se sustenta en el empleo excesivo de disposiciones que limitaban las variaciones del tipo de interés sino en la alteración percibida por los usuarios de la naturaleza real del contrato. Muchos se preguntaron cómo era posible que cuando el Euribor se hundía continuaran pagando lo mismo, sin advertir lo que realmente habían firmado. Como decía el filósofo inglés John Locke, la mejor defensa contra el mundo es un conocimiento perfecto del mismo.
Aunque la sentencia abre las puertas para que, indirectamente por la vía de la alegación, se beneficien de ella muchas más familias que las 15.000 directamente implicadas en la demanda colectiva, el quebranto para el sector va más allá de la devolución de los ingresos indebidos, pues perjudica seriamente su imagen y lamina la confianza de la sociedad en otra de sus instituciones económicas.
El fallo probablemente reforzará además la tendencia de las entidades proveedores de crédito a buscar incesantemente nuevas fuentes de ingreso que permitan mantener sus márgenes de negocio, con la consabida retahíla de comisiones como principal protagonista.
Y, a un nivel más amplio, nos pone a todos ante el dilema de optar por mejorar sensiblemente los niveles de educación económica y financiera de la sociedad o de cruzar los dedos y confiar en que nuestros gobernantes e instituciones judiciales sepan proteger ecuánimemente los intereses de los consumidores. Ustedes deciden.
*Josep Lladós, profesor de Economía de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
