EL SUP califica de «escandaloso» lo que ha dicho Fernández Díaz y Jueces para la Democracia le acusa de situarse fuera de la Constitución. Ayer el ministro del Interior en funciones insinuó que existe una especie de ‘mano negra, conspiración o persecución contra el PP ya que no considera casual que estén saliendo a la luz tantas causas judiciales por la corrupción de los populares, y no contra otros partidos, en este preciso momento en que hay conversaciones para conformar un Gobierno, unas graves acusaciones de Jorge Fernández Díaz que han provocado la indignación en el colectivo de jueces y fiscales.
Jueces para la Democracia, a través de su portavoz, Joaquim Bosch, ha hecho público un comunicado en el que asegura que el “ministro del Interior se sitúa fuera de la Constitución al cuestionar a los jueces”, le recuerda que “vivimos en un Estado de Derecho, con separación de poderes y en el que existe independencia judicial”, haciendo notar a Fernández Díaz que “ya no estamos en aquellos tiempos en los que los magistrados estaban al servicio del poder político”.
Le echa en cara JpD al ministro que “en una democracia constitucional nadie está por encima de la ley. Y tampoco lo están los políticos” y le aclara que “por ello, los jueces estamos obligados a aplicar el ordenamiento jurídico cuando se detectan indicios de delito en los que pueden estar implicados cargos públicos en relación con las tramas corruptas”.
Considera esta asociación judicial que “los jueces en nuestro país actúan de manera independiente e imparcial” y que por tanto “acuerdan detenciones, registros o intervenciones telefónicas cuando se cumplen los requisitos legales y concurren suficientes indicios de delitos”.
Recalca Bosch que “Además, no es cierto que se haya producido una acumulación injustificada en estos días de casos vinculados a la corrupción”, puesto que “cualquier ciudadano sabe que ya hace bastante tiempo que existen numerosos procedimientos que afectan a tramas corruptas, con cifras que se aproximan a las 2.000 personas investigadas por estos delitos”. Por lo que es lógico que el avance de las investigaciones lleve a nuevas diligencias”.
Jueces para la Democracia señala además al ministro “la enorme gravedad de los hechos investigados, en los que se intenta aclarar si determinadas tramas corruptas se han apropiado de elevadas cantidades económicas de toda la sociedad, con la colaboración de cargos políticos” y avisa a Fernández Díaz que “ante estas situaciones el poder judicial no puede mirar hacia otro lado” .
Considera este colectivo de jueces progresistas que “una sociedad democrática debe facilitar cualquier investigación judicial sobre cuestiones que afectan a las reglas más básicas de convivencia” quejándose de que “sin embargo, al ministro del Interior parece que le moleste el Estado de Derecho”.
Concluyendo JpD su comunicado con una crítica contundente al ministro: “Descalificar la importante labor judicial es una enorme falta de respeto institucional y una grave irresponsabilidad. No resulta admisible que un miembro del Gobierno, que es el máximo responsable de las fuerzas de seguridad, se dedique a erosionar la legitimidad de nuestras instituciones”.
”Vergonzoso”
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) responde al ministro que “de lo que no puede quedar duda es que tanto investigadores, como jueces y fiscales no hacen más que cumplir con su obligación” y califican de “vergonzoso que el ministro del Interior en vez de defender sus actuaciones ponga en tela de juicio la imparcialidad de estos profesionales del servicio público, que demuestran en su quehacer diario que trabajan por y para los ciudadanos”.
Recuerda el sindicato policial que hace mucho que viene defendiendo “la necesidad de que tanto la Policía como la Justicia queden totalmente separadas de la política y fuera de los intereses de quienes ejercen el gobierno, hecho este, que no sólo no ha cuidado ninguno de los gobiernos que se han sucedido hasta el momento en las distintas legislaturas, sino que en los últimos tiempos hemos visto cómo han intentado potenciarlo”.
Añade el SUP que cree necesaria “una Policía única, civil, dependiente en sus labores de policía judicial únicamente de Jueces, tribunales y Ministerio Fiscal, quienes igualmente han de ser independientes del poder gubernativo, pues sólo así mantendremos un estado de derecho justo, a la altura de los ciudadanos para los que los funcionarios públicos trabajamos”:
