La rotundidad a la hora de pedir nuevos ajustes contrasta con una metodología que reconoce haberse basada en juicios económicos, antes que en un análisis econométrico de los datos Pese a que el programa de rescate al sector bancario ya ha finalizado, la evaluación al “Programa de Asistencia al Sector Financiero” a España entre 2012 y 2014 publicada por la Comisión Europea, finaliza reconociendo que las amenazas para el sector financiero, al igual para el conjunto de la economía, quedan lejos de haberse resuelto. Todo ello, pese al tono de auto complacencia que caracteriza al informe y a que paradójicamente considera un éxito la intervención. Una lógica similar a la que sigue para pedir a España que realice nuevas reformas, pese a unos más que cuestionables resultados sociales. Aunque como hemos visto no parece que lo sean para el ejecutivo comunitario.
En concreto, como esas amenazas que aún penden sobre el sector bancario y sobre el conjunto de la economía, se destacan factores como “un mercado de crédito aún declinante, el entorno de bajos tipos de interés, o los altos niveles de préstamos morosos y de activos embargados” como factores que ponen en duda la sostenibilidad de los beneficios bancarios. También se reconoce que será difícil recuperar el valor de las entidades que están todavía bajo el control del FROB al definir dicho objetivo como “desafiante”.
Asimismo, se apuntan como amenazas para el crecimiento a medio plazo a factores como la posición inversora internacional negativa de España; a sus altos niveles de deuda, déficit y desempleo; a la dualidad en el mercado laboral; o a la falta de economías de escala en las pequeñas empresas, que, a su vez, según se indica, representan un gran porcentaje de la economía.
Y, sin embargo, la receta continúa siendo más de lo mismo ya que, pese a reconocer que en España la consolidación fiscal a o largo de 2013 se vio acompañada de un entorno de contracción de la demanda interna y de recesión continuada; la evaluación se permite concluir que “la recuperación solo podrá ser mantenida si el ritmo del proceso de ajuste no se detiene”. Incluso se señalan objetivos concretos como “la reforma de los servicios y de las asociaciones profesionales”.
Un aspecto en el que, una vez más, se reconoce que se va en contra de la petición de los agentes sociales quienes consideran necesario rebajar el ritmo de consolidación fiscal ya que al ser éste procíclico tan sólo ha contribuido a dificultar la recuperación. Pero por el contrario, los evaluadores consideran más importante factores tan poco tangibles como “restaurar la confianza en la capacidad administrativa de España y en su capacidad de tomar medidas” ya que es así como se “refuerza el flujo de buenas noticias”.
Unas consideraciones que no destacan precisamente por su solidez, pero que quizá se expliquen por el hecho de que la evaluación en cuestión reconocer haberse realizado de forma “esencialmente cualitativa”. Es decir, como el propio documento afirma, está “basada en juicios económicos, antes que en un análisis econométrico de los datos”; curiosamente en sentido contrario a la forma habitual de proceder de DG Ecfin.
Dudas metodológicas
Así las justificaciones ofrecidas a la hora de escoger la metodología del documento contribuyen a levantar ciertas dudas como el hecho de que la alternativa de usar un modelo marco económico sea calificada por los evaluadores como “no apropiada en el contexto de esta evaluación ex post». Para ello, se acogen a la necesidad de considerar la multipicidad de factores relacionados con “la excepcional naturaleza de la crisis” y “la importancia del contexto político y otros factores no observables y exógenos”.
Quizá el motivo sea que sólo procediendo de esta forma, el informe se puede permitir concluir que el Gobierno español acertó al solicitar el rescate y que los costes de esta opción fueron menores a los de otras alternativas. Y aún así, sólo se permite realizar esta afirmación, tras verse obligado a reconocer que “en la ausencia de un contrafáctico, es dificil evaluar con certitud si el gobierno español podría haber logrado la restructuración del sector bancario y avanzar con la consolidación fiscal y las reformas estructurales sin la ayuda de la asistencia financiera”.
Curiosa afirmación, pese a que difícilmente el informe podría haber llegado a otra conclusión si tenemos en cuenta que esta evaluación ha sido realizada en base a la recolección de datos y testimonios de los propios “individuos y organismos involucrados en el programa”. Es decir, hablamos del BCE, del FMI, de los representantes de otros países miembros en el Eurogroup Working Group (EWG), y de organismos españoles como el Banco de España, el FROB, el Ministerio de Economía y Competitividad, la Sareb o representantes del sector bancario y agentes sociales, escogidos eso sí bajo el asesoramiento del Ministerio de Economía.
El mencionado informe de evaluación fue además realizado por la Unidad A.3 de la Dirección General de Economía y Finanzas de la propia Comisión Europea (DG Ecfin) y ha contado con la supervisión de otras direcciones generales también del ejecutivo comunitario, como Competencia (DG Comp) o Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Mercados de Capitales (DG Fisma).
