Una de cada cinco diputaciones suspende en transparencia sobre contrataciones

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Una de cada cinco diputaciones suspende en transparencia sobre contrataciones

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El nivel administrativo más denostado por consumir alrededor del 80% del presupuesto que gestiona, sigue suspendiendo a la hora de informar sobre las contrataciones de servicios, según Transparencia Internacional. El índice que mide el nivel de apertura informativa de las diputaciones provinciales, a cargo de Transparencia Internacional, encuentra mejoras en 2015 respecto a la anterior edición: la nota media sobre un total de 80 indicadores de las 45 diputaciones sube a 81 sobre 100, frente a los 69 de 2013. Sin embargo, las mejores notas se quedan en las áreas que proporcionan información sobre las propias diputaciones y en la relación con los ciudadanos. Por el contrario, las calificaciones caen en el apartado de “transparencia en las contrataciones de servicios”, donde diez provincias suspenden y otras cinco se quedan con un aprobado justo.

En este apartado, Transparencia Internacional evalúa en qué medida se informa sobre la composición y las convocatorias de contratación, sobre las relaciones con proveedores o si se publica la lista y la cuantía de las operaciones con los mismos. También puntúa la existencia de “un historial accesible con la lista y cuantía de todos los contratos de la Diputación y sus adjudicatarios”. Solo 15 provincias obtienen la puntuación máxima por su capacidad de ofrecer este tipo de información.

Además, el índice bianual de la ONG pro transparencia recuerda que 15 diputaciones no pasan del aprobado en el área de cumplimiento con la Ley de Transparencia. El informe recuerda que este conjunto de indicadores es ya obligatorio desde diciembre de 2015, por la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Las diputaciones con peor desempeño son Ávila, Cuenca y Teruel, que suspenden, seguidas de Almería, Soria, Ciudad Real y Cádiz, que no pasan del aprobado.

Las diputaciones representan uno de los niveles administrativos más denostados, y su supresión ha sido ya reclamada por la mayor parte de grandes partidos, excepto el PP. La principal crítica se centra en la gran cantidad de recursos que consumen en su propio funcionamiento: solo un 20% o 25% la financiación que gestionan llega a la ciudadanía, mientras el resto de los 6.000 millones que manejan anualmente se dilapidan en personal, deuda y otros gastos corrientes.

Sin embargo, gran parte de ellas sigue en manos del PP, que en 2015 se quedó con un botín de unos 4.700 millones de euros al controlar una treintena de diputaciones, cabildos y consejos insulares. Este puede ser uno de los motivos por los que la reforma de la Administración Local diseñada por el partido de Mariano Rajoy, atascada en su implantación, reforzaba el papel de las diputaciones en detrimento de los pequeños municipios.

Consideradas instituciones heredadas de estructuras provinciales caciquiles, han sido el nido de sonados casos de corrupción y arrojado datos que transmiten poca confianza institucional: por ejemplo, en la diputación de Valencia llegó a haber 37 asesores para 31 diputados.

Sobre la metodología del índice de Transparencia Internacional España cabe destacar que solo se analiza “si la información requerida está o no públicamente disponible, pero no se evalúa la calidad de la información publicada, ni tampoco la calidad de la gestión de los gobiernos provinciales”. Tampoco se mide “la posible corrupción existente en las instituciones evaluadas”, advierte la plataforma.

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