Pide al Ejecutivo de Cifuentes que aclare si hubo irregularidades al ceder a una empresa de 8.500 m2 en La Pedriza dentro del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama. Ecologistas en Acción quiere que el Gobierno de Cristina Cifuentes investigue la cesión, a una empresa privada, de una parcela de monte público en el corazón de La Pedriza, en el municipio de Manzanares el Real, dentro del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que realizó el Ejecutivo de Ignacio González.
La ONG explica en su web que “los hechos se denunciaron por escrito al Director General del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y públicamente en la reunión del Patronato del Parque Nacional celebrado en noviembre, estando presente el Consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada” quejándose de que hasta la fecha no ha habido contestación.
Denuncia Ecologistas que La Consejería de Medio Ambiente del gobierno de Ignacio González, cedió a la empresa Educación, naturaleza y animación S.L (Ednya), una parcela de 8.500 metros cuadrados de superficie, en el monte de utilidad pública El Risco, propiedad de la Comunidad de Madrid y situado en el término municipal de Manzanares El Real, en La Pedriza, en el paraje conocido como Canto Cochino, dentro de los límites del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama”.
Se afirma que en dicha parcela existen dos casas forestales, construidas en granito, de más de 200 metros cuadrados, cada una, que fueron almacenes y viviendas de los trabajadores del monte. En los años noventa y hasta 2005 se destinaron a escuela taller. Allí se impartía formación enfocada a la conservación y mejora de espacios naturales. Esta actividad se enmarcaba en el Programa del Instituto Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, siendo cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
Pero que “sin embargo, en junio de 2014, la Dirección General del Medio Ambiente, sin que conste motivación alguna, decidió privatizar la gestión de la parcela y las casas forestales y convertirlas en centro de actividades del Parque Nacional. Para ello se abrió un proceso de licitación pública, durante un plazo de diez días, cuando el plazo mínimo legal son treinta días. Se presentó una única empresa, Ednya S.L., a quien se le adjudicó” haciendo notar que “al reducirse el período de licitación se perjudica la libre competencia”.
Señala igualmente, Ecologistas en Acción que “el procedimiento de adjudicación fue sorprendentemente rápido, teniendo en cuenta los tiempos de la administración, ya que “los informes y resoluciones se emitieron en pocos días y en dos meses (desde la licitación hasta la entrega de los terrenos) estaba finalizado” cuando “un trámite de estas características suele durar un año”.
Y pone como ejemplo “para ilustrar lo extraordinario del proceso, el hecho de que en cuatro días (del 30 de junio al 3 de julio de 2014), el Director General del Medio Ambiente (Ricardo Riquelme) firma la comunicación del otorgamiento de la concesión a la empresa Ednya SL, el Subdirector General de Gestión y Espacios Protegidos (Ismael Hernández) traslada esta comunicación al Subdirector General de Conservación del Medio Natural (Felipe Ruza) quien, a su vez, da traslado al Área de Conservación de Montes (Antonio Sanjuan) que comunica al codirector del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (Pablo Sanjuanbenito) esta circunstancia y solicita que emita informe sobre la viabilidad de la nueva ocupación”. Recalcando que “un día después, el codirector remite el informe favorable”, una “anormal agilidad en la tramitación”, que hace sospechar a Ecologistas en Acción que “todo pudiera estar preparado de antemano”.
Asimismo, informa esta ONG que en este informe favorable, el codirector del Parque Nacional establece que por el uso privativo de 8.500 metros cuadrados de monte, en La Pedriza, y dos construcciones de más de 200 metros cuadrados cada una, la empresa debe satisfacer, a la Comunidad de Madrid, un canon anual de 2000 euros (167 euros/mes)., haciendo notar que “además, esta cantidad no se abonará en metálico sino en inversiones en infraestructuras o dotaciones forestales”, subrayando que “estas condiciones son extraordinariamente ventajosas para la empresa Ednya SL que logra unas instalaciones en un lugar exclusivo de la Sierra, por un importe muy bajo”.
Posteriormente, en diciembre de 2014, el Director General de Evaluación Ambiental (Mariano González) eximió a la empresa de someter el nuevo proyecto al procedimiento de evaluación ambiental, una decisión que a juicio de Ecologistas en Acción considera no está justificada ya que considera aque en base a la Ley de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, vigente en ese momento (derogada a las tres semanas de firmar este informe), debería haberse evaluado.
Cuestionable autorización
Explican desde dicha organización de defensa de la naturaleza que “el proyecto de Ednya SL, eximido de evaluación ambiental, consiste en transformar las casas forestales, rebautizadas como La Majada de La Pedriza, en un centro de actividades y servicios diversos con capacidad para 180 personas, cuando “hay que tener en cuenta que La Pedriza es el paraje de la Sierra que más problemas de masificación y degradación por esta causa sufre” por lo que “sólo por esta circunstancia resulta cuestionable la autorización”.
Además esta ONG subraya que muchas de las actividades permitidas no son autorizables, ente las que cita la celebración de cursos homologados de formación no ambiental dirigidas a empresas, campamentos de verano con instalación de infraestructuras desmontables para la pernocta (tiendas de campaña), servicio de comidas y bebidas como servicio de pensión completa para el campamento, comercialización de productos gastronómicos y artesanales, celebración de eventos y actividades de carácter divulgativo y promocional, etc. Recordando que se da la circunstancia que los campamentos están prohibidos en toda la Comunidad de Madrid, salvo en aquellas zonas declaradas como tales por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, un supuesto que consideran no se da en este caso.
Tampoco les convence a Ecologistas el argumento de que el nuevo centro está vinculado a esa gestión porque se constituye como centro de información del espacio protegido, un razonamiento cuestionan debido a que “esta tarea la desempeña, desde hace dos décadas el centro de La Pedriza, ubicado a tan sólo cuatro kilómetros de las nuevas instalaciones, por lo que consideras que “se trata de una excusa para justificar unas actividades no autorizables en un parque nacional con el objeto de favorecer a una empresa privada”.
Por si esto fuera poco, aseguran que “el planeamiento urbanístico de Manzanares el Real no permite la autorización de este tipo de actividades en La Pedriza, por lo que dicen que les sorprende que el Ayuntamiento, dos meses después de la solicitud persista en no facilitar información sobre las licencias concedidas a pesar de que las instalaciones se han inaugurado y están en funcionamiento desde el 1 de diciembre
Ecologistas en Acción concluye que debido este cúmulo de las presuntas irregularidades descritas, ha solicitado al actual Director General del Medio Ambiente, Mariano González, que revise el proyecto y el proceso de concesión. Además, durante la segunda reunión del Patronato del Parque Nacional, celebrada el pasado 23 de noviembre, Ecologistas en Acción denunció los hechos ante este órgano y pidió al presidente del mismo, el Consejero de Medio Ambiente Jaime González Taboada, que se revisara todo lo autorizado, sin que “hasta la fecha nadie haya dado respuesta a las solicitudes y denuncias”.
La empresa se defiende
Por su parte, la empresa Ednya, adjudicataria del proyecto, ha precisado en un comunicado enviado a ElBoletin.com que la inversión que han realizado para desarrollar el proyecto de La Majada de La Pedriza es muy superior a la que cita Ecologistas en Acción y explican que aunque la propuesta económica inicial era de 90.000 euros, debido a los imprevistos surgidos en obra, y los problemas de estructura ocultos encontrados en los edificios, se hace necesario un nuevo proyecto de intervención, elevando la inversión a 300.000 euros.
Además, desde la empresa se quiere dejar claro que la compañía se limitó a cumplir escrupulosamente las condiciones impuestas en el concurso por parte de la Comunidad de Madrid.
