“La realidad dista mucho de lo que el Gobierno había intentado vender”, se lamenta la asociación. Las entidades financieras podrán saltarse el nuevo ‘semáforo’ clasificador del riesgo de los productos financieros “sin temor a que nadie les multe por ello”, según denuncia Adicae, que critica que “la realidad dista mucho de lo que el Gobierno había intentado vender como protección real a los usuarios de banca”.
La asociación señala en un comunicado que hay muchos productos que han quedado excluidos de la orden y que son “complejos para un ahorrador de a pie”, entre los que cita: la deuda pública, los seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensiones, los planes de previsión social empresarial, los contratos de seguros concertados por los planes de pensiones para la cobertura de riesgos y prestaciones del plan, los derivados financieros, los CFD o ‘contratos por diferencias’, los depósitos y bonos estructurados, los bonos convertibles contingentes o los ‘unit linked’.
La normativa ha quedado “totalmente descafeinada”, critica además Adicae, dado que las entidades tampoco están obligadas a incluir el código de colores que indica el riesgo de los productos, sí se exigía en los primeros borradores. Además, el propio código cromático presenta sus “deficiencias” ya que es un sistema “demasiado simple y superficial” como para explicar los riesgos de productos tan complejos.
Con la redacción final de la normativa, las entidades podrán elegir entre poner el código de colores o bien un número que defina el nivel de riesgo en una escala sobre seis, que también tendrá unos colores específicos. Tampoco será obligatorio incluir el indicador de riesgo en la publicidad de los productos, salvo en la que incluya información concreta sobre sus características y riesgos.
Para Adicae, el nuevo sistema de información y clasificación de productos financieros aprobado por el Gobierno “no garantiza que se vaya a ofrecer más y mejor información al consumidor y, por tanto, que vaya a protegerse sus intereses”. “En definitiva, la medida del Ejecutivo pasa por ser un ‘coladero’ legal de fraudes al ahorro y la inversión de los consumidores”, concluye la asociación.
