Ana Gomendio, exdirectora gerente de la empresa pública de vivienda, firmó que las viviendas no eran «necesarias» para la función social del organismo. El Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) vendió en 2013 un total de 2.935 viviendas públicas de once municipios madrileños a un fondo buitre, la asociación de Azora y Goldman Sachs. Para poder llevar a cabo esta compraventa, la ley de Patrimonio de la Comunidad le exigía justificar la «innecesariedad» de las 32 promociones para poder enajenarlas.
Ana Gomendio, por entonces directora gerente del Ivima, firmó el 28 de mayo de 2013 una «memoria justificativa» en la que defiende que la venta resultaría «doblemente positiva, jurídica y económicamente», porque consideraba que garantizaba «la posición de los arrendatarios» y maximizaba el rendimiento del Instituto, según un informe al que ha tenido acceso Cadena Ser.
Gomendio, imputada por posible delito de prevaricación y malversación de fondos públicos, sostuvo en la memoria que «la función social no se verá alterada en ningún momento porque las viviendas seguirán calificadas como de protección pública». Según la exdirectora gerente, las promociones de vivienda que se pretenden enajenar «no son necesarias para el ejercicio de las competencias y funciones propias del Ivima», por lo que considera que la ley le permite llevar a cabo su venta.
Justificaba de esta forma que la operación se ajustaba “al interés público”, permitiendo salvaguardar el “patrimonio del Ivima de acuerdo a criterios de eficiencia y eficacia».
Ana Gomendio compareció el pasado viernes en la Comisión de investigación de la corrupción en la Asamblea de Madrid, donde fue cuestionada por los miembros de la actual oposición en la cámara. Ante sus preguntas sobre la operación, que enajenó por 201 millones unas viviendas con valor contable de 300 millones de euros, Gomendio calificó la venta como “una operación extraordinaria para el momento en el que se hizo, y transparente”. “En 2013 el valor de los inmuebles en Madrid había bajado hasta un 40%”, defiendió la exdirectora del Ivima bajo el gobierno del popular Ignacio González en la Comunidad de Madrid.
