Marjaliza regresa a prisión por el caso Púnica

Corrupción

Marjaliza regresa a prisión por el caso Púnica

Audiencia Nacional

El empresario se encuentra en prisión desde el pasado 31 de octubre por blanqueo de capitales, falsificación documental y tráfico de influencias entre otros. El constructor David Marjaliza, presunto líder de la trama de corrupción Púnica y socio del exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid, Francisco Granados, ha sido trasladado de nuevo a la cárcel de Soto del Real tras declarar en calidad de imputado por segunda vez ante el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, según han informado fuentes jurídicas.

Dicho empresario, que se encuentra en prisión desde el pasado 31 de octubre, ha declarado este viernes durante tres horas, después de haberlo hecho ayer durante dos horas acompañado de su abogado defensor, José Antonio Choclán.

En el juicio ha sido preguntado por el juez y las fiscales Anticorrupción Teresa Gálvez y Carmen García por las “operaciones de lavado de dinero por valor de 11 millones de euros, que habría realizado a partir de compra de obras de arte en Suiza y transacciones financieras en Singapur”, según la fiscalía.

Estos siete millones en Suiza y cuatro en Singapur, boqueados desde mayo provendrían, según los investigadores, del reparto de dividendos y el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos públicos en municipios de la Comunidad de Madrid.

El dinero de Suiza fue reconocido por la defensa de Marjaliza en un recurso de apelación presentado por su defensa en noviembre pasado. El escrito señalaba que el constructor “debía pagar 7,3 millones de euros para regularizar estos fondos, a los que habría que añadir un recargo por presentación extemporánea de 1,4 millones y unos intereses de demora de 2 millones más”.

Marjaliza está imputado por los delitos de integración en organización criminal, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsificación documental, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública y negociaciones prohibidas a funcionarios.

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