Los médicos iberoamericanos cargan contra la privatización de la Sanidad

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Los médicos iberoamericanos cargan contra la privatización de la Sanidad

Quirófano

El FIEM denomina la violencia de género como “una manifestación inaceptable de discriminación, desigualdad e inequidad”. El Foro Iberoamericano de Entidades Médicas (FIEM) ha celebrado recientemente su VIII encuentro en el que se han reunido, en la capital gallega, la Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe, el Consejo de Colegios Médicos de España y la Orden dos Médicos do Portugal.

El encuentro concluyó con la aprobación de la ‘Declaración de Santiago de Compostela’, en la que se manifiestan en contra de la “paulatina privatización de los sistemas de salud por parte de algunos gobiernos”. Precisamente en España son muchos los colectivos sociales que defienden retrocesos en las prestaciones sanitarias públicas.

El Foro analiza, entre otros, temas de impacto social, como la violencia de género y la política del medicamento. Señalan en lo referente a este ámbito que la violencia de género es “una manifestación inaceptable de discriminación, desigualdad e inequidad para cualquier sociedad democrática”, por lo que exigen que se intensifiquen las respuestas gubernamentales y sociales ante este problema de salud pública, “que es también un problema de Estado”.

En el documento recuerdan que la participación de los profesionales en la gestión es clave para obtener los mejores resultados en el uso adecuado de los recursos y en una asistencia de calidad y la seguridad de los pacientes. “Los Sistemas Sanitarios basados en valores de solidaridad y justicia social son más equitativos y justos”, afirman.

Además, destacan que “la colaboración público-privada en la provisión de ciertos servicios de salud puede ser una estrategia útil y necesaria en algunas circunstancias que debe, en todo caso, agregar calidad y equidad a la prestación, sin que ello suponga un menoscabo para los Servicios Públicos”.

Los miembros del FIEM se comprometen, al respecto, a mejorar las competencias necesarias para la toma de medidas preventivas y correctoras pertinentes, estableciendo, además, un Observatorio de violencia de género dentro de los países que integran dicho Foro, que facilite su denuncia y registro.

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