El Gobierno levanta la moratoria a las renovables en plena polémica de las comisiones

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El Gobierno levanta la moratoria a las renovables en plena polémica de las comisiones

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La licitación se producirá por primera vez a través de un sistema de subasta y será por una potencia total de 700 megavatios, 500 de los cuales de eólica. Después de tres años de parón en la industria de las renovables, el Gobierno ha decidido abrir ahora la licitación de nuevos proyectos de energía limpia. Un cambio de guion que llega justo en pleno estallido de la polémica por el pago de comisiones a políticos de Castilla y León para agilizar el desarrollo de algunas plantas de generación.

El que será el primer concurso de potencia renovable desde que en enero de 2012 entró en vigor la moratoria al desarrollo de energías verdes primadas se ultima ya en los despachos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. De momento se trata de un borrador de real decreto que José Manuel Soria podría llevar a una de las sesiones del Consejo de Ministros las próximas semanas, según han informado agencias.

Aunque las críticas a la moratoria han sido una constante durante estos tres últimos años, por parte de inversores y productores de energías renovables, el anuncio podría producirse en plena polémica por los mecanismos empleados en algunas concesiones de Castilla y León. Ha sido esta misma semana cuando se ha conocido el contenido de un informe de 94 folios que la Agencia Tributaria ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción a modo de denuncia por “la existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo” que cobraron de las eléctricas al menos 110 millones de euros para agilizar la tramitación de parques eólicos en esa región.

En el referido informe no se deja títere con cabeza en la industria, pues se apunta tanto a “autoridades públicas” de la comunidad autónoma en cuestión, como a las “empresas eléctricas que iban a hacer la instalación y explotación de los parques”, pasando por “los intermediarios promotores” así como por “las sociedades propiedad de los empresarios locales” que son los que habrían recibido las transferencias de fondos o de acciones.

Por el momento, el ministro Soria parece querer congraciarse con la industria renovable, transparencia de por medio, con la salida a concurso de una potencia total de 700 megavatios. De los mismos, 500 serían de energía eólica, mientras que los 200 restantes se completarían con la menos habitual de biomasa. Precisamente cuando más en duda parece estar la transparencia del sector, el Gobierno se ha decantado por primera vez por un sistema de subasta para realizar la adjudicación, algo que en cualquier caso ya estaba contemplado en la reforma energética implantada por el popular canario.

La memoria económica que acompaña al real decreto y su correspondiente orden ministerial contempla que los sobrecostes de la potencia eólica serán de unos 21 millones anuales tras su entrada en funcionamiento, mientras que sitúa los de la biomasa en los 130 millones por año. En ambos casos, estos importes se cargarán a los peajes de la tarifa eléctrica conforme se produjera la entrada en funcionamiento de estas nuevas plantas que romperían con más de tres años de bloqueo a la industria subvencionada.

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