La Plataforma del Tercer Sector hace un último llamamiento para reformar el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana en su último trámite parlamentario. Cáritas, Cruz Roja Española y otras cinco ONG que forman parte de la Plataforma del Tercer Sector hacen un último llamamiento al Partido Popular para que modifique la denominada ‘ley mordaza’ ya que consideran que el texto actual “conlleva una grave lesión para los Derechos Humanos y las personas más vulnerables” y conduce a la “criminalización de la pobreza”,
Tal y como informa Cáritas en su página web, la Plataforma del Tercer Sector (en la que participan también organizaciones como Cermi y la ONCE) ve con preocupación la aprobación en el pleno del Senado del Proyecto de Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, haciendo notar que “al igual que sucedió en el Congreso en diciembre” la norma “ha contado solo con los votos del Grupo Parlamentario del Partido Popular y el veto a la totalidad del resto” de los grupos políticos.
La Plataforma del Tercer Sector recalca que el rechazo de todos los grupos parlamentarios excepto del Partido Popular es reflejo de la oposición a este Proyecto de Ley por parte de la ciudadanía, entidades sociales, plataformas, operadores jurídicos, organismos de Derechos Humanos de la Unión Europea y, en los últimos días, de relatores de Naciones Unidas. Y, dado que en dos semanas, ella ley volverá al Congreso de los Diputados para su última votación, hace un nuevo llamamiento para que se tengan en cuenta las propuestas y aportaciones de las ONG que se dedican a trabajar en favor de los colectivos más desfavorecidos.
Se queja dicha plataforma de que “aunque han sido modificados parcialmente algunos artículos referidos a los Derechos Humanos de Manifestación y Reunión, no se han tenido en cuenta las aportaciones más relevantes hechas desde el Tercer Sector y recogidas en su documento de propuestas y que tienen, entre otros, el objetivo de evitar una deriva que conlleve la criminalización de la pobreza, como en otros países de nuestro entorno europeo está sucediendo”.
Puntos negros
Entre las cuestiones que más preocupan a estas ONG, se señala que en la ley no se incluye la prohibición expresa de llevar a cabo posibles identificaciones causadas por perfiles raciales o étnicos, dado que conllevan un acto de discriminación directa (Directiva 2000/43/CE).
Del mismo modo, la plataforma lamenta que no se modifique la redacción actual sobre registro domiciliario, eliminando garantías muy básicas, ni se garantizan las medidas de accesibilidad necesarias para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
La Plataforma rechaza que se siga castigando con sanciones económicas, que pueden llegar a los 30.000 euros, especialmente a las personas por su situación de vulnerabilidad, como sucede con el ejercicio de la prostitución, el consumo de drogas en la calle y la situación de las personas sin hogar.
Asimismo, insiste en que en el texto que ha salido del Senado se continúa “limitando la posibilidad de evitar la sanción por consumo y tenencia de drogas a cambio de sometimiento a tratamiento sólo a menores de edad”.
Devoluciones en caliente
Asimismo, la Plataforma del Tercer Sector se manifiesta en contra de que la ley de luz verde a las devoluciones en caliente y explica que “sigue mostrando su rechazo frontal al mantenimiento de la disposición sobre expulsiones sumarias, que, aunque se ha visto modificada en la tramitación en el Senado, sigue manteniendo en el llamado “rechazo en frontera”, consecuencia directa de la pretensión de entrar por un puesto fronterizo habilitado sin cumplir los requisitos de entrada”.
Recuerdan desde esta plataforma del voluntariado que “la Ley Orgánica de Extranjería ya cuenta con procedimientos legales para el caso de entradas irregulares en España por puestos no habilitados, que conllevan una serie de garantías como son la asistencia letrada, el derecho a intérprete y la posibilidad de solicitar protección internacional, identificar potenciales víctimas de trata y otros perfiles vulnerables”.
Denunciando que “las actuaciones descritas en el Proyecto de Ley vulneran lo dispuesto por los artículos 12 y 13 de la Directiva europea 2008/115/CE y el artículo13 del Código de Fronteras Schengen, que establecen como garantías en todo procedimiento de retorno, la obligatoriedad de una resolución motivada para la denegación de entrada”.
Recalcan desde este colectivo que la oposición a la Ley de Seguridad Ciudadana que expresan “es compartida por una gran mayoría social y política” y recalcan que, por ello, han recibido positivamente el pacto ratificado públicamente por la mayoría de partidos políticos en la oposición para derogar o modificar la ley cuando sea posible.
La Plataforma del Tercer Sector en España se constituyó el 10 de enero de 2012 como una entidad sin ánimo de lucro que pretende defender el valor de lo social desde una voz unitaria, a la vez que intenta promover soluciones en favor de los colectivos más desfavorecidos, proteger los derechos sociales e impulsar la igualdad entre las personas.
Fue fundada por siete de las organizaciones más representativas en el ámbito de lo social: Plataforma del Voluntariado de España (PVE), Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en el Estado Español (EAPN-ES), Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Cruz Roja Española, Cáritas y la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE).
Según explican en su web, la plataforma representa en torno a 29.000 entidades en todo el país, de carácter privado, voluntario y sin ánimo de lucro, en las que trabajan más de 500.000 personas remuneradas, el 2,5% del empleo nacional y a cerca de 900.000 voluntarios, que prestan servicios de apoyo directo a más de 5.000.000 de personas, en su mayoría en situación de vulnerabilidad y exclusión social.
