Además de los empleados públicos, la nómina de los diputados también se mantendrán congeladas. La Mesa del Congreso ha aprobado este martes el Presupuesto de la Cámara para 2015, que ascenderá a 84,24 millones de euros, 275.026,84 euros más que el año anterior, lo que supone el primer aumento de sus recursos desde que estalló la crisis económica. Los sueldos de funcionarios, por quinto año consecutivo, y diputados se mantendrán, en principio, congelados.
En declaraciones a los medios antes de la reunión de la Junta de Portavoces, el presidente del Congreso, Jesús Posada, ha definido este presupuesto como «ajustado» puesto que, según ha dicho, se sigue aplicando la máxima de que «hay que hacer más con menos», informa Europa Press.
Posada ha explicado que la «muy pequeña subida», del 0,32%, que experimentan las cuentas de la Cámara se debe al incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social aprobadas por el Ministerio de Trabajo «para proteger el empleo».
Además, ha destacado que el sueldo de diputados y funcionarios sigue congelado y ha incidido en que los parlamentarios llevan ya siete años sin subidas. También ha apuntado que si en el marco negociador de la Administración General del Estado se acordase algún incremento en las retribuciones o alguna medida «compensatoria» de la congelación o de la supresión la paga extra de diciembre de 2012, la Cámara la acataría «inmediatamente» y actuaría «en consecuencia».
En concreto, las distintas partidas del proyecto aprobado por la Mesa ascienden a un total de 84.243.442,09 euros, frente a los 83.968.415,25 euros de 2014, un 0,32 por ciento más. Ese incremento, aunque mínimo, pone fin a seis años de recortes anuales consecutivos, que en 2011 y 2012 llegaron a ser del 6,6 y del 5,2 por ciento, respectivamente, según fuentes parlamentarias citadas por Europa Press. Con la cifra de 2015, el presupuesto de la Cámara habrá acumulado un descenso del 17,91% desde 2009.
Por séptimo año consecutivo (2009-2015), el Congreso congela las retribuciones de los diputados, además del recorte adicional que tuvo lugar en 2010 y que también se aplicó en su día a los funcionarios.
