La quiebra que experimentó Argentina en el año 2001 se ha convertido, con el tiempo, en un referente de la historia financiera mundial. La quiebra que experimentó Argentina en el año 2001 se ha convertido, con el tiempo, en un referente de la historia financiera mundial. El agujero que generó ese ‘default’ superó los 100.000 millones de dólares, y la deuda pública del país se situó en el 160% del PIB. La sociedad argentina observó entonces cómo el desempleo alcanzaba el 25%, con cerca de la mitad del país viviendo en torno al umbral de la pobreza.
Actualmente la economía argentina se ha recuperado parcialmente de aquel golpe. Cristina Fernández, la presidenta del país, dice que ha sido gracias a las reformas que impulsó su marido, el fallecido Néstor Kirchner, tras ser elegido en la primavera del año 2003. Sea como fuere, y a pesar de la incertidumbre que sigue desprendiendo Argentina, es cierto que la inversión extranjera ha vuelto a esas latitudes. A ella precisamente ha apelado el Gobierno para tratar de frenar a los ‘fondos buitre’ que llevan años acosando su economía.
Ha sido a través de un anuncio en el diario británico Financial Times publicado el pasado 24 de junio. El texto, firmado por la Presidencia de la Nación, carga contra el juez estadounidense Thomas Griesa, quien ha fallado a favor de estos especuladores financieros que no se acogieron en su día a la quita propuesta por Kirchner, y advierte de la posibilidad de una segunda quiebra.
El anuncio explica que este juez ha dado la razón a los tenedores de bonos argentinos que no aceptan negociar con el Gobierno una quita tras el ‘default’ del 2001; un 7% del total. Según explica el texto, frente al 92,4% de los inversores que sí han renegociado su deuda, esta minoría está compuesta por fondos que lo único que quieren es amasar una fortuna con el enfrentamiento legal: “Ni siquiera son los prestamistas originales de Argentina. Han comprado los bonos ya quebrados a un precio ridículamente bajo con la única intención de litigar y conseguir así enormes beneficios”. Y se cita un ejemplo, el del fondo NML de Paul Singer. “En 2008 sólo pagó 48,7 millones de dólares por los bonos quebrados, pero el fallo del juez Griesa establece que se le debe pagar 832 millones de dólares en lo que supone una ganancia del 1.608% en apenas seis años”.
Aunque Argentina ha recurrido esta decisión –en el anuncio enumera entre los que apoyan su postura al FMI y los gobiernos de Francia, México, Brasil y Uruguay, además de economistas como Joseph Stiglitz y Nouriel Roubini-, advierte que de no ser escuchada su apelación tendría que pagar unos 15.000 millones de dólares, que es el valor total estimado de los bonos quebrados en 2001 que no entraron en la quita, y que es además el equivalente al 50% de las reservas de su Banco Central en divisa extranjera.
Sin embargo, el anuncio del Financial Times explica que esa cantidad apenas supone la punta del iceberg, porque según la legislación argentina, si el Gobierno debe hacer frente a ese gasto, todos los demás tenedores de bonos que sí hubiesen aceptado ya la quita tendrían derecho a demandar el mismo trato, lo que tendría un coste estimado de 120.000 millones de dólares. Además, Argentina tampoco puede negarse a pagar a esos fondos, porque el juez Griesa ya habría dado la orden de que si esto sucede se congelen los fondos del país destinados a pagar los nuevos precios acordados con ese 92,4% de los inversores que sí han negociado con las autoridades.
“Esta decisión pone a Argentina en un compromiso, pero también a cualquier otro país que se plantee una reestructuración de su deuda en el futuro”, dice el texto, que también alega que en la mayoría de los países la normativa interna establece que en un caso similar, cuando el 66% acepta el trato el resto de los tenedores debe aceptar forzosamente también.
