Califica de “tomadura de pelo” a los dependientes las ayudas fiscales de 100 euros de un Gobierno que ha recortado un 37% las partidas destinadas para la dependencia. La Coordinadora Estatal de Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español ha emitido hoy un agrio comunicado en el que critica duramente las “ayudas” para personas con discapacidad y dependientes incluidas en la reforma fiscal que ha adelantado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por considerarlas una “campaña de marketing” que se produce paralelamente a los importantes recortes del Gobierno de las ayudas a los dependientes.
El comunicado se produce después de que Montoro anunciara el viernes, tras el Consejo de Ministros, que colectivos, como familias numerosas, con hijos discapacitados o ascendientes con discapacidad, recibirán una deducción de 1.200 euros anuales que se podrá cobrar por adelantado (a razón de 100 euros mensuales), como la que actualmente existe para hijos menores de tres años, y que podrá acumularse según la situación personal de cada uno de los contribuyentes.
Una medida que este colectivo considera una “campaña de marketing y lavado de cara que se quiere hacer con el anuncio de estas ‘ayudas’ intentando hacer ver una sensibilidad social hacia este colectivo que dista mucho de ajustarse a la realidad”, según explica en una nota José Luis Gómez-Ocaña, portavoz de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado español.
Haciendo notar que al mismo tiempo que anuncia estas ayudas el Gobierno de Mariano Rajoy “ha metido la tijera en lo que llevamos de legislatura en más de 2.278 millones de euros en los presupuestos dedicados para atender a las personas en situación de dependencia” y ha rebajado en un 37% las partidas destinadas para la dependencia” y denunciando que “como consecuencia de dichos hachazos las personas que reciben un servicio o prestación por dependencia, han disminuido en 7.526”.
Informa Gómez-Ocaña que “actualmente hay 918.506 personas con derecho reconocido, es decir, valoradas con grado de dependencia de los cuales únicamente reciben alguna prestación o servicio 741.713 por lo que hay casi 190.000 personas que, a pesar de tener reconocido por ley ese derecho, no son atendidos”.
Y señala que “el importe que, como máximo, a falta de saber con exactitud las condiciones concretas para acceder al impuesto negativo de 1.200 euros, a 100 euros al mes, estaría sobre los 534 millones de euros, todo ello en función de los datos oficiales del Ministerio de Sanidad según los cuales en la actualidad hay 141.409 personas reconocidas como grandes dependientes y 304.085 como dependientes severos”.
Por ello, la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español (CO-LAPAD) califica “estas medidas como una tomadura de pelo y una humillación hacia el colectivo de personas en situación de dependencia a las que se les ha hurtado más de 2.278 millones de euros, se les han arrebatado derechos que tenían reconocidos por Ley, se les ha calificado de defraudadores lanzando la sombra de la sospecha sobre los familiares que se encargan de su cuidado, se les está retrasando los servicios y prestaciones a los que tienen derecho de tal manera que muchos de ellos están falleciendo antes de hacer efectivo ese derecho”.
Y concluye este colectivo que “calificar como la ‘más social de la historia’ esta reforma fiscal es un verdadero ataque a la inteligencia, no solo de las personas dependientes sino de la sociedad en general”.
