Los sindicatos están confiados en que el procedimiento se declare nulo e improcedente. El juicio celebrado este martes en la Audiencia Nacional por la impugnación del ERE en Coca-Coca Iberian Partners, que ha afectado a 1.190 empleados y ha supuesto el cierre de cuatro plantas, ha concluido cerca de las 15:00 horas y queda visto para sentencia, que se conocerá en una o dos semanas, según fuentes sindicales citadas por Europa Press.
Las mismas fuentes han precisado que la empresa no ha podido demostrar que concurren las causas para proceder al despido colectivo, al tiempo que han señalado que la compañía ha incumplido el procedimiento del ERE puesto que «no se daban las condiciones» para materializar un despido colectivo de grupo, teniendo en cuenta que se trata de varias empresas.
Desde CSI-F han considerado que la compañía ha aprovechado las circunstancias para acometer un despido «injustificado», por lo que han confiado en que el procedimiento se declare nulo e improcedente.
Recientemente, el presidente de Coca-Cola España, Marcos de Quinto, afirmó que el embotellador asume que lo más probable es que «todo esté correcto» y que haya una sentencia favorable.
Tras afirmar que existen distintas posibilidades, De Quinto puso como ejemplo que si fuera un dictamen en el que la Audiencia Nacional considerara que el ERE es improcedente, el embotellador tendría que readmitir a los empleados o acometer un despido improcedente, que supondría 45 días por año trabajado y unas cantidades «inferiores» a las que ya ha dado la compañía a los trabajadores, lo que es, a su juicio, «paradójico».
El mejor escenario, la nulidad
A la salida del juicio, desde CCOO explicaban que no se puede tener «expectativas» al respecto porque en este caso decide «un tercero» y sería una «imprudencia» pronunciarse hacia un lado u otro, aunque sí han reconocido que el «mejor escenario» sería que el ERE se declarara «nulo» porque eso «obligaría a la empresa a negociar».
«Lo lógico sería la negociación y abrir un escenario de debate donde se pueda desarrollar alternativa a los despidos producidos. Si saliese nulo no tendría más remedio que negociar, ese sería mejor de los escenarios», han señalado.
Los servicios jurídicos de los sindicatos han hecho hincapié en sus argumentos de siempre: que la compañía no es un grupo laboral, y por lo tanto, no se puede aplicar el ERE como se hizo; o que no existen causas para esta medida como tal por entender que la empresa tiene «unos márgenes de beneficio amplios para desarrollar su actividad en los centros actuales».
También destacan que las causas organizativas y técnicas «no obedecen a un proceso de negociación» porque «no ha habido posibilidad en la mesa para negociar» y cuestionan el «concepto de voluntariedad» expresado por la empresa puesto que, aseguran, «venía precedido de un elemento de presión e intimidación porque los que no se acogían eran objeto de despido».
