«Algunos aspectos las instituciones europeas cuentan con mecanismos de transparencia mucho más avanzados de los que contamos por ejemplo en el Estado Español.» Por primera vez en unas elecciones el votante elige Parlamento y presidente de la Comisión. ¿Qué opinan de este nuevo modelo? ¿Proponen algún cambio en el proceso de composición interna de los organismos comunitarios?
Este paso significa, sin duda, un pequeño paso, de los muchos que son necesarios recorrer, en la democratización de las instituciones europeas.
Si bien, en algunos aspectos las instituciones europeas cuentan con mecanismos de transparencia mucho más avanzados de los que contamos por ejemplo en el Estado Español, el andamiaje institucional de la Unión Europea, las bases sobre las que se ha construido la actual institucionalidad de la Unión Europea, están aquejados de gravísimos déficits democráticos, donde la voz, la participación y los interés de los ciudadanos de la unión cuentan bien poco respecto al poder de los grandes intereses financieros y los lobbys de presión.
Contamos sin embargo con que el proceso de construcción de la Unión Europea es todavía un proceso inacabado, en el que la ciudadanía organizada tiene la capacidad y el deber de intervenir y hacer presión para lograr construir una institución realmente democrática, al servicio y bajo el control de los ciudadanos que la habitan.
Una Europa al servicio de los ciudadanos y nunca más una herramienta de intervención no democrática de los poderes financieros y las exigencias de la Troika.
Por estas razones, la Red Ciudadana Partido X aporta a este proceso Democracia y Punto. Cuya transposición a escala europea y según las competencias de las instituciones europeas es una herramienta eficaz y definitiva para abrir al poder ciudadano las instituciones europeas y desalojar el poder opaco y antidemocrático de los lobbys y los intereses financieros y los monopolios: Transparencia, Legislación y Gobierno Ciudadano, Derecho a Voto Permanente y Referéndum vinculante y obligatorio.
Según Eurostat, en la Unión Europea hay 25,7 millones de personas sin trabajo. De ellos, más de cinco millones son españoles. A su vez, el desempleo juvenil se encuentra por encima del 20%. ¿Cuáles son sus propuestas para reducir esta pandemia?
En Europa vamos a defender un plan de desarrollo que permita poner en marcha un nuevo modelo productivo y una democracia económica que dé solución al problema crónico del desempleo, además de defender unos estándares comunes de calidad y remuneración justa en el empleo, como parte de una Economía del Bien Común.
En Europa debemos pelear para que el acceso al trabajo no esté limitado por ninguna barrera económica. El importe de la cuota de autónomo debería tener proporcionalidad con los ingresos, equiparándolo a los estándares europeos más equitativos donde lo que se pague no puede superar un porcentaje definido de lo que se cobra.
Actualmente es un agravio comparativo que los autónomos puedan facturar en cualquier país de la U.E. pero sus regímenes fiscales sean excesivamente diferentes.
Se estudiará la implantación del salario máximo intraempresarial en Europa y en el ámbito de la administración pública, se debe aprovechar el potencial del trabajo a través de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), para una modernización en la gestión pública que aumente la conexión y cooperación entre administraciones y ofrezca un servicio más ágil y eficaz a los ciudadanos creando empleos al mismo tiempo.
La supervivencia del euro parece hoy fuera de toda duda. ¿Su partido está de acuerdo con la arquitectura actual de la unión monetaria? En su caso, ¿cuáles son sus propuestas?
Nosotros no proponemos la salida del euro. Sin embargo, la arquitectura actual del euro debe ser revisada.
En primer lugar, el BCE debería estar al servicio de la prosperidad de los europeos y no exclusivamente para mantener la estabilidad de precios.
En segundo lugar, el modelo de banca actual tiene el monopolio de la creación monetaria de dinero-crédito (un 97,7% del total), es imprescindible acabar con el monopolio de un modelo bancario quebrado, que subsiste solo gracias a las ayudas de los Estados, y favorecer la creación de vías de financiación complementarias, diseñadas con modelos que respondan mejor a los retos de la economía actual, a fin de acabar con el secuestro actual que sufre la sociedad a manos del sector financiero a causa del concepto «demasiado grande para caer».
En tercer lugar, se suponía que los bancos eran tan eficientes asignando el crédito que el tratado de Lisboa obliga a los Estados a financiarse a través de ellos. ¿Cómo queda esta suposición después de que los Estados hayan rescatado masivamente al los bancos en Europa por una crisis bancaria originada por la mala asignación del crédito de los bancos? La deuda pública actual está en gran medida causada, no solo por los rescates bancarios y por las medidas de contención de los efectos socioeconómicos de esa crisis, sino también por unas condiciones endeudamiento que responden a aquella suposición de eficiencia, y que hoy es totalmente absurda a la luz de los hechos. Por todo ello es imprescindible revisar esas condiciones de endeudamiento de los Estados y la deuda originada por estos conceptos.
La Troika ha sido un mecanismo de control estrictamente financiero y presupuestario cuya actuación ha resultado controvertida. ¿Mantienen ustedes el vigor de este modelo de supervisión? En su caso, ¿cuál sería su opción? ¿Consideran que tendría que haber un elemento de reequilibrio social a los recortes de los déficits presupuestarios?
Quizás, el poder de la Troika suponga actualmente el mayor peligro al que se enfrenta la Democracia.
La Troika, desde su misma composición, es una organización radicalmente antidemocrática, que como ha sido el caso de Grecia, opera directamente como un gobierno de ocupación financiera. Supone una completa limitación de la soberanía democrática.
O Democracia o Troika. Esta la decisión a la que nos enfrentamos.
La deuda generada por el rescate bancario y las transferencias de capital a la CNE para sufragar el déficit tarifario hicieron crecer los gastos del Estado Español un 8,4%, mientras que todas las demás rubricas de gasto se reducían a golpe de recortes.
Todos los ciudadanos españoles estamos cubriendo perdidas generadas por la mala gestión, la especulación y la irresponsabilidad de los responsables financieros y el pago a los oligopolios eléctricos. Con nuestro dinero, con nuestras instituciones de bienestar y con nuestros derechos. Curiosa función de la de un Estado democrático cuyo deber constitucional es satisfacer los beneficios de los responsables de la crisis antes que los derechos y el bienestar de sus ciudadanos.
Europa carece de una política energética común. ¿Cuál es su modelo?
Europa se enfrenta a diversos retos en materia energética: la dependencia de las importaciones, la diversificación limitada, los precios de la energía, la creciente demanda mundial, la inestabilidad internacional, el cambio climático, la eficiencia energética, la necesidad energías renovables, así como la necesidad de una mayor transparencia de los mercados de la energía.
Los principales objetivos de la política energética de la UE son: garantizar el funcionamiento eficiente y competitivo del mercado de la energía, la la seguridad de suministro y abastecimiento de la Unión y la protección de los intereses de los consumidores; fomentar la eficiencia energética, el ahorro y formas de energía renovable; y la interconexión de la redes energéticas.
Diferentes medidas tomadas por el Gobierno de España en los últimos años chocan directamente con los tres primeros objetivos, por lo que la Red Ciudadana propone principalmente:
Una profunda reforma del sector eléctrico. La ordenación del sector eléctrico español y defensa por conseguir una directiva que regule el derecho al autoconsumo y el balance neto en toda Europa.
Medidas específicas para implementar el cambio de modelo energético, mediante el uso de energías renovables y la aplicación de medidas de eficiencia energética, así como medidas transversales en los sectores de mayor consumo energético.
Europa ha iniciado la negociación de un tratado de libre comercio con EEUU. ¿Cuáles son los términos en los que debería apoyarse esta relación bilateral?
Una integración EEUU y Europa jamás puede llegar impulsada por el llamado «diálogo de negocios trasatlánticos» que es como ha llegado esta propuesta y menos, con la falta de transparencia absoluta que se está gestionando.
Tememos que esa falta de transparencia aboque a este proceso a ser simplemente un instrumento para suprimir derechos democráticos de la ciudadanía europea. El TTIP intenta abrir vías de bloqueo a las subidas de impuestos, impedir mejoras en la legislación laboral, establecer propuestas de estabilidad financiera en la que el contribuyente acaba pagando la factura de los banco, favorecer las privatizaciones, frenar propuestas que impulsen la seguridad climática, etc..
Si bien unificar los procesos de seguridad del consumo de alimentos, medicinas o transgénicos podría ser una posibilidad interesante para proteger a la población mundial, hacerlo a puerta cerrada, sin tener en cuenta la voz y los intereses de la ciudadanía, es no sólo inaceptable sino, como hemos prendido de experiencias anteriores, tremendamente peligroso.
Nos parece esencial mantener el proceso actual de aprobación de productos para el consumo, en el que son las empresas transnacionales quienes tienen que demostrar que los productos que venden cumplen la normativa (sanidad, medioambiente, etc…) para que puedan comercializarse en Europa. Sería un error aceptar la postura de los EEUU, que la OMC promueve, de obligar a cualquier país a admitir la comercialización de cualquier producto salvo que el consumidor pruebe el no cumplimiento de alguna normativa por parte de ese producto. Esto significa debilitar los derechos ciudadanos enormemente.
Es especialmente indefendible el acuerdo sobre litigios inversor-estado, por el cual los estados se obligan a indemnizar a las grandes empresas si alguna de las legislaciones que promulgan afecta los intereses económicos de esas empresas.
El fenómeno de la inmigración se constituye en uno de los grandes problemas de Europa. ¿Cuáles son sus propuestas para hacer frente a esta situación?
Una cosa es clara, los derechos humanos son el suelo básico de cualquier democracia. Debe haber una política común en este tema y aclarar y unificar los criterios de la gestión de las fronteras comunitarias.
Dentro de la Unión Europea existen reivindicaciones de carácter nacionalista. ¿Cómo creen que debe afrontar Bruselas este hecho? ¿La estructura de la UE debe estar abierta a nuevas incorporaciones? En caso afirmativo, ¿cuál debería ser el criterio para aceptarlas?
Nosotros estamos preocupados por la soberanía de los ciudadanos de todos los países de la toda la Unión Europea. Creemos que hay un gran malestar con la Unión Europea por los déficits democráticos que esta presenta. Los estados miembros también adolecen de estos límites. Para nosotros la falta de credibilidad de las instituciones y por tanto derivas críticas se soluciona disminuyendo el malestar dando más poder a los ciudadanos para que las políticas que se lleven acabo vayan en el sentido de mejorar la vida de la población. Respecto a las incorporaciones de nuevos países debe estudiarse caso por caso. Es importante mejorar los estándares democráticos y sociales de la Unión Europea, al mismo tiempo que se le exige a cualquier país que quiera ser parte de ella.
Gran Bretaña mantiene su moneda, no acepta una parte importante de la legislación comunitaria, cuenta con el mercado financiero-bancario más grande de Europa y el euroescepticismo de su población se encuentra al alza. ¿Qué tipo de relación habría que establecer con este país?
Hay que mantener buenas relaciones con Gran Bretaña por la importancia que tiene, aunque no acepte toda la legislación comunitaria y no hay que tener una relación especial por este hecho.
Los últimos estudios sobre el sentir ciudadano en España han demostrado que la corrupción ocupa un lugar privilegiado en la lista de problemas que preocupan a la sociedad. ¿Cuáles son sus propuestas para luchar contra ella?
La primera medida es puramente lógica, cambiar la actual persecución de las PYMEs y los autónomos, y dirigirla allí donde se produce el gran fraude,: hacia el control del flujo financiero, de los grandes bancos y monopolios.
Para acabar con la corrupción la Red Ciudadana Partido X hemos desarrollado varios sistemas de cooperación ciudadana internacional como el que ha permitido que vean la luz los Correos de Blesa, e impulsamos un sistema ciudadano de monitorización de los Flujos Bancarios
Necesitamos una estimación real y oficial del fraude europeo. Lo que no se conoce no se puede combatir. Lo que se oculta se protege. Es necesario saber contra qué se lucha y cuál es la realidad de cada país. La inexistencia de datos oficiales sobre fraude fiscal no busca más que esconder la realidad y la comparación entre los países miembros. Se promoverá la realización de estudios anuales que recojan datos oficiales del porcentaje sobre el PIB que representa en cada país el fraude fiscal, haciendo particular hincapié en el fraude organizado a gran escala y en connivencia con los poderes políticos. Dichos estudios serán vinculantes y cada Estado miembro deberá cumplir con su mejora. El reto debe ser reducir esos porcentajes, que deben de conocerse.
Aunque en España no existen estudios oficiales sobre el fraude fiscal, sí existen informes y datos que ponen de manifiesto la magnitud del problema, según se desprende de los datos proporcionados, en España la evasión fiscal puede suponer el 25% del PIB, en Grecia es el 50% del PIB, en Alemania el 12% del PIB. Es decir los datos que podrían afectar a España nos sitúan por encima del doble de la media europea.
Las estimaciones que se estudian hacen referencia a que la cifra de cuotas no ingresadas supera los 70.000 millones de euros cada año como mínimo, cantidades estas, que deberían estar en las arcas del Estado.
Una planificación fiscal internacional y elusión fiscal. La existencia de regímenes fiscales favorables se ha consolidado en buena parte de los países de la UE convirtiendo a buena parte de ellos en auténticos paraísos fiscales en el seno de la UE ante el silencio cómplice de los demás. Esta situación no se puede permitir y debe de ser una de las prioridades de la política europea, que no puede permitir que se consoliden en su seno situaciones de opacidad fiscal que benefician a todos los interesados en poner sus beneficios a salvo de tributación.
El hecho de que sigan existiendo territorios de escasa o nula tributación, pone de relieve la doble moral europea. Acabar con cualquier intento de oposición a reformas en profundidad de la fiscalidad del ahorro y contra la evasión de capitales, no puede depender de argucias. Necesitamos una política activa que luche contra esta situación y la puesta en marcha en los Estados de medidas internas que penalicen la creación de sociedades nacionales participadas o financiadas desde este tipo de territorios, así como cualquier inversión con este origen. En este sentido cabe reforzar también el papel y las competencias del Tribunal de Justicia de la UE en materia de corrupción, así como una Plan europeo de lucha contra el fraude.
