«Al presidente de la Comisión lo sigue eligiendo el Consejo Europeo, pero en esta ocasión tendrá que tener en cuenta la composición del Parlamento Europeo para su propuesta.» Por primera vez en unas elecciones el votante elige Parlamento y presidente de la Comisión. ¿Qué opinan de este nuevo modelo? ¿Proponen algún cambio en el proceso de composición interna de los organismos comunitarios?
En efecto, un aspecto aparentemente novedoso es que, en otoño de 2014, se deberá tener en cuenta los resultados de estas elecciones. Al presidente de la Comisión lo sigue eligiendo el Consejo Europeo, pero en esta ocasión tendrá que tener en cuenta la composición del Parlamento Europeo para su propuesta. El presidente de la Comisión Europea no emana directamente de los votantes pero sí que implica cierta participación en ello. Sin embargo, hasta que la Europa social no sea liberada del cerrojo impuesto por la construcción de la Europa meramente económica, y de sus elites, estos cambios no serán más que epidérmicos. El déficit democrático seguirá presente en tanto y cuando el Consejo Europeo, órgano de naturaleza intergubernamental, siga fijando (bajo el veto de Alemania) las grandes directrices y objetivos de la Unión en los ámbitos más relevantes. En resumen, hacen falta nuevos canales de participación democrática más allá de la elección del presidente de la Comisión. Entre otras propuestas, nuestro programa sugiere presupuestos comunitarios más participativos.
Según Eurostat, en la Unión Europea hay 25,7 millones de personas sin trabajo. De ellos, más de cinco millones son españoles. A su vez, el desempleo juvenil se encuentra por encima del 20%. ¿Cuáles son sus propuestas para reducir esta pandemia?
Entendemos que la manera de resolver esta pandemia pasa por atender a las necesidades de nuestra realidad. Vivimos tiempos en los que obtener un salario o un ingreso está cada vez menos garantizado, pero al mismo tiempo, tener un trabajo o un salario cada vez garantiza menos salir de la pobreza. El trabajo deja de ser un medio para convertirse en un fin: ya no importa el salario, importa tener trabajo, y, al mismo tiempo, cada vez más gente no «sirve» ni para tener un trabajo precario. Según un estudio de la Comisión Europea, un 65% de las personas que en España se encuentran en riesgo de exclusión social, no consigue salir de la pobreza cuando encuentra trabajo. Necesitamos encontrar otras formas de integración social y distribución del bienestar, que no sean las recetas que empobrecen, tales como la proliferación de falsos autónomos, el aumento de la precariedad y la temporalidad, la pérdida de derechos y la deflación salarial. Me parece que el problema del paro habría que abordarlo en dos horizontes:
1) Es necesario crear empleo ya, mañana mismo, lo que exige fuertes incrementos del gasto público (en los sectores de servicios a la ciudadanía: educación, sanidad y dependencia). Como empiezan a señalar muchos economistas, el Estado tiene que actuar como “empleador de última instancia” ante la catástrofe del paro. En segundo lugar, es necesario impulsar el consumo privado de los hogares y la demanda, para activar de nuevo la inversión empresarial y la creación de empleo. Las empresas no invierten porque no tienen demanda y seguirá así por mucho que reduzcan los salarios. Para ello hace falta que los y las asalariadas recuperen la capacidad adquisitiva perdida.
2) Pero además hacen falta medidas de medio plazo, todas ellas combinables. Repartir el empleo reduciendo las horas de trabajo ayuda a salvar empleo y permite que todos puedan trabajar. No es tan fundamental crecer más para crear empleo, como sí lo es, repartir el que ya hay sin reducir proporcionalmente el salario. Estudiar la posibilidad de la renta básica puede ser una herramienta que ayude a propiciar este nuevo escenario laboral y asiente las bases para un modelo laboral acorde a la sociedad de la información en el siglo XXI. Es igualmente imprescindible el cambio de modelo productivo, invirtiendo en tecnologías, nueva industria verde y aumentar el presupuesto de I+D+I. Para ello necesitamos una reforma fiscal que sirva para devolver a la sociedad el dinero que los más ricos no pagan en impuestos o defraudan.
La supervivencia del euro parece hoy fuera de toda duda. ¿Su partido está de acuerdo con la arquitectura actual de la unión monetaria? En su caso, ¿cuáles son sus propuestas?
La arquitectura jurídica de la UE está pensada para garantizar las relaciones financieras a nivel europeo, pero en ningún caso se ha construido para incluir en este proyecto a las necesidades de la ciudadanía europea. Necesitamos una Europa y por lo tanto una España que cambie de prioridades y eso pasa irremediablemente por modificar la política monetaria. La actual arquitectura de la unión monetaria es una herramienta perfecta para empobrecer a la población, en especial a los países del sur y acabar con todo rastro de los sistemas de bienestar. Por su propia naturaleza, la unión monetaria obliga a que los ajustes externos de las economías ante posibles déficits en la balanza de pagos no se puedan hacer ya devaluando el tipo de cambio (dado que no hay monedas nacionales). Eso obliga a que la devaluación sea salarial. Si de lo que se trata es de devaluar, no hay otra alternativa. Mientras que el BCE practique una política que funcione como un lobby de los bancos en lugar de ejercer de banco central, en lugar de la moneda, seguirá devaluándose la vida. Lo primero de todo es bajar el tipo de cambio sin miedo a la inflación, pues la demanda es muy débil. Pero hay alternativas a la devaluación, se pueden hacer crecer los salarios más en los países con mayor nivel de competitividad (Alemania, Austria, Finlandia…) donde han permanecido estancados. Serviría para equilibrar los desequilibrios externos sin necesidad de caer en las devaluaciones competitivas (monetarias o salariales). Si realmente queremos avanzar en una verdadera construcción de Europa, eso no se puede hacer sin unos fondos de compensación interterritorial significativos (no del 1% del PIB, como los FEDER). Eso permitiría modificar el modelo productivo (y por tanto la competitividad) de los países más estancados. Hay que democratizar al BCE y eso significa que no sólo preste a la banca privada, sino también a los Estados (inyectándoles liquidez, comprando bonos en los mercados de deuda sin contrapartida). Esto es lo que hace la FED precisamente, y sirve para evitar los ataques financieros y para evitar los recortes del gasto y de los salarios. Pero para llevar a cabo cualquier modificación antes hay que contar con la fuerza y el poder político para que sea posible, de lo contrario el BCE seguirá recetando una medicina que empeora la salud del paciente.
La Troika ha sido un mecanismo de control estrictamente financiero y presupuestario cuya actuación ha resultado controvertida. ¿Mantienen ustedes el vigor de este modelo de supervisión? En su caso, ¿cuál sería su opción? ¿Consideran que tendría que haber un elemento de reequilibrio social a los recortes de los déficits presupuestarios?
En primer lugar, eliminar esa dualidad que sirve de profecía autocumplida, cuando dicen que el norte es ahorrador y el sur despilfarra. Por supuesto que no hay nada que exculpar a nuestra casta local y al uso de las cajas para engrasar la maquinaria especulativa de la burbuja. Pero eso no es óbice para conocer el mapa general en el que se ha construido artificialmente el modelo de la burbuja inmobiliaria. Cuando para entrar en la UE se exigía una masiva desindustrialización de los países del sur a cambio de su ingreso, se estaban sentando las bases para que los países como España consumieran los productos producidos en Alemania con el mismo dinero que prestaban los bancos alemanes y franceses. Sus inversiones especulativas se apoyaban en unos tipos de interés muy bajos que provocaban el aumento de los precios y la creación de una burbuja inmobiliaria. Es decir, todo ese despilfarro era condición necesaria para que los bancos se deshicieran del excedente financiero y sacaran rentabilidad con la propia burbuja y con el consumo del sur a los productos fabricados en el norte. El ahorro de unos y el despilfarro de otros son dos caras de la misma moneda que se retroalimenta. La deuda no es una consecuencia, la deuda es una forma de gestionar la economía y asegurar la dominación política de la población bajo la relación despótica del acreedor y el deudor. La Troika es la encargada de velar por los intereses de los accionistas de todos esos bancos que tanto dinero han ganado y ganan ahora cuando entramos en la etapa del reembolso. Hay que crear una agencia de “rating” pública europea; hay que modificar el papel del BCE para que se ponga al servicio del bienestar de la ciudadanía y no de los bancos; hay que prohibir la especulación, crear un sistema fiscal europeo y mutualizar la deuda. Es necesario abrir procesos de auditoría de la deuda (pública, privada e hipotecaria), que conduzcan a reducciones efectivas para los hogares. Medidas similares se están implementando en Islandia, y aunque no son extraordinarias, si son relevantes para ayudar a entender por qué el consumo se está recuperando y por qué la economía crece, creando empleo desde hace un tiempo. Si asfixias a la gente, es imposible que pueda respirar y salir adelante.
Europa carece de una política energética común. ¿Cuál es su modelo?
Creo que el ejemplo del caso español, con un oligopolio de grandes empresas, debe ponerse como ejemplo a evitar. A casi un millón y medio de familias se les ha cortado la luz por no poder hacer frente a unas facturas que no han parado de subir en los últimos años. Al mismo tiempo, las eléctricas siguen obteniendo enormes beneficios, mientras el Estado acumula una deuda de dudosa legitimidad que además está en manos de los bancos. Un buen diseño de modelo energético debe garantizar por encima de todas las cosas el acceso de todas las familias a tener calefacción en su casa, avanzando hacia una forma de generarla ecológicamente. En una sociedad como la actual, nacionalizar significaría establecer una serie de medidas combinadas; habría que asegurar el suministro eléctrico a todos los ciudadanos y, al mismo tiempo, apoyar con políticas públicas la creación y desarrollo de cooperativas de energías renovables y limpias que cooperaran y compitieran entre sí para ofrecer el mejor servicio. Propiedad pública no quiere decir que las decisiones se tomen en un despacho en Bruselas, sino que los municipios sean los garantes del suministro de un recurso común, siempre bajo la atenta mirada de la sociedad civil, de modo que no se trabaje de forma opaca facilitando el lucro privado como ocurría con las cajas de ahorros en España. Para eso es necesario contar con mecanismos de control democrático de la ciudadanía, convirtiendo en realidad el derecho a decidir y a velar por el cumplimiento de los derechos y la seguridad pública.
Europa ha iniciado la negociación de un tratado de libre comercio con EEUU. ¿Cuáles son los términos en los que debería apoyarse esta relación bilateral?
Lo primero que hay que señalar de este tratado es que tanto la opacidad con la que se han desarrollado las negociaciones como los desmedidos elogios de los think tanks neoliberales son muy sospechosos. En este discurso la palabra libertad se confunde con liberalización, cuando en realidad significa que el beneficio de unos pocos corre a costa del recorte de libertades de la mayoría. Asimismo, hay que señalar que este tratado, negociado a espaldas de la ciudadanía, corre a cargo de Karel de Gucht, comisario europeo de Comercio que está siendo investigado por defraudar 900.000 euros a las autoridades fiscales belgas. El TLC, lejos de aumentar la libertad de la población, la somete a condiciones que dependen de la arbitrariedad de agentes económicos que nadie ha elegido. Es un tratado que, adelgazando aún más la democracia y engordando el imperio del beneficio privado, se apoya sobre la devaluación de nuestras condiciones de vida. Toda normativa o derecho adquirido que impida su comercialización a bajo coste será borrada en aras de garantizar la libertad de comercio. La sanidad pública, los derechos laborales, la educación y el conjunto de derechos sociales y servicios públicos se presentan bajo este tratado como escollos u obstáculos que impiden la competencia y el lucro de actores que suelen actuar al margen y en contra del bienestar de la mayoría social. Se lamina cualquier forma de ejercer la soberanía popular ante el chantaje de los especuladores. Los únicos libres en este tratado serán los fondos de inversión, las grandes empresas y las pólizas de seguros, todos ávidos de convertir derechos colectivos en servicios individuales. Es importante recordar qué grupos políticos apoyan la puesta en marcha de este Tratado para que luego ninguno de ellos vengan dando lecciones de democracia.
El fenómeno de la inmigración se constituye en uno de los grandes problemas de Europa. ¿Cuáles son sus propuestas para hacer frente a esta situación?
En nuestro programa presentamos algunas medidas encaminadas a la anulación de los programas contra la inmigración FRONTEX y EUROSUR. Creemos que es hora de terminar con esos centros de vergüenza humanitaria que son los CIES y cuyas lamentables condiciones tanto impacto tienen en nuestra sociedad. Recordemos que quien acaba en un CIE no es por cometer un delito, sino que se debe a una falta administrativa equiparable a saltarse un semáforo. Ciertamente, cualquier actuación efectiva en un mundo cada vez más globalizado exige tomar medidas no unilaterales de lucha contra las mafias y de compromisos internacionales orientados a luchar contra particulares y empresas que se aprovechan de la condición de los inmigrantes para ofrecer peores condiciones laborales.
Dentro de la Unión Europea existen reivindicaciones de carácter nacionalista. ¿Cómo creen que debe afrontar Bruselas este hecho? ¿La estructura de la UE debe estar abierta a nuevas incorporaciones? En caso afirmativo, ¿cuál debería ser el criterio para aceptarlas?
Durante un tiempo Europa era pensada como el garante de los derechos sociales y los sistemas de bienestar; el problema es que la lógica política de la UE está pensada para dar pleno poder a los mercados financieros. Esto implica que los países ya no cuentan con los instrumentos de soberanía anteriores, pero tampoco se han construido otros modelos a nivel europeo desde donde la ciudadanía pueda ejercer realmente su soberanía y, por tanto, la democracia. No se han articulado instancias supranacionales que transformen la soberanía nacional cedida en verdadera soberanía democrática. Esto produce reacciones en las que la vuelta a la forma Estado-Nación se percibe como una vuelta a lo anterior conocido. Bruselas en este sentido, y así pensada la UE, es el problema, pues genera esa relación de frialdad y alejamiento con la ciudadanía. Por lo tanto, lo primero que habría que hacer es reestructurar a la propia UE bajo unos principios totalmente distintos, donde las necesidades de la población sean prioritarias ante el beneficio especulativo. Es necesario iniciar un proceso de refundación de la Unión que democratice su funcionamiento, de modo que el parlamento sea un verdadero parlamento, el poder ejecutivo sea elegido por los ciudadanos realmente y no sea la lógica intergubernamental del Consejo Europeo y los derechos de veto de los más fuertes los que guíen la acción de la política económica.
Desde esta perspectiva, Europa puede estar abierta a nuevas incorporaciones cuya garantía para entrar no sea aplicar los recortes que impone la Troika, o ser simplemente mano de obra barata, sino la de conformar gobiernos democráticos que trabajan para el bienestar de la población.
Gran Bretaña mantiene su moneda, no acepta una parte importante de la legislación comunitaria, cuenta con el mercado financiero-bancario más grande de Europa y el euroescepticismo de su población se encuentra al alza. ¿Qué tipo de relación habría que establecer con este país?
Gran Bretaña cuenta con un banco central que les permite controlar su moneda y la puede depreciar tal y como debería hacer el BCE, pero si bien eso es importante, no es suficiente. El legado de Thatcher fue más déficit público y una serie de privatizaciones en sectores importantes que han dejado una secuela bastante negativa. El transporte es un claro ejemplo. Londres tiene la City, un enorme centro financiero donde la mitad del sistema bancario británico ha quebrado y ha tenido que ser nacionalizado y su deuda generada hace que la deuda total del Reino Unido sea 5 veces el PIB. La relación que debe mantenerse con Gran Bretaña debe ser amistosa, en tanto y cuanto los problemas de unos pueblos y otros no dejan de tener orígenes parecidos. En todo caso, será necesario esperar a los resultados de estas elecciones para ver cómo cambia el mapa político británico, si finalmente el UKIP llegara a irrumpir como primera fuerza. El mapa social, lamentablemente, sigue siendo muy preocupante.
Los últimos estudios sobre el sentir ciudadano en España han demostrado que la corrupción ocupa un lugar privilegiado en la lista de problemas que preocupan a la sociedad. ¿Cuáles son sus propuestas para luchar contra ella?
Este 5 de mayo hemos presentado un plan anticorrupción liderado por el exjuez Antonio Gómez Villarejo destinado a erradicar la corrupción política, adoptar medidas destinadas a combatir el fraude fiscal. Nuestros candidatos, en caso de conseguir un puesto en la Eurocámara, estarán obligados a limitarse sus sueldos como parlamentarios. En otro orden de cosas, abogamos por el endurecimiento de la ley de incompatibilidades y la prohibición de los privilegios fiscales y legales tales como el aforamiento o la no declaración en persona en los procedimientos judiciales. Podemos ha criticado además la actual ley de financiación de partidos y ha propuesto la no condonación de deudas de partidos políticos por parte de las entidades bancarias, así como la prohibición a los imputados de formar parte de las listas de cualquier partido que se presente a unas elecciones.
