El votante realmente no elige al presidente de la Comisión, pero sí es cierto que por primera vez el Parlamento Europeo podrá proponer a un candidato en base al resultado de las elecciones de mayo. Por primera vez en unas elecciones el votante elige Parlamento y presidente de la Comisión. ¿Qué opinan de este nuevo modelo? ¿Proponen algún cambio en el proceso de composición interna de los organismos comunitarios?
El votante realmente no elige al presidente de la Comisión, pero sí es cierto que por primera vez el Parlamento Europeo podrá proponer a un candidato en base al resultado de las elecciones de mayo que, eso sí, tendrá que ser aprobado por el Consejo Europeo.
UPyD no apoya esta forma de hacer política “a puerta cerrada”. Queremos que los representantes europeos tengan fuerza pero también que tengan que rendir cuentas ante los ciudadanos -a través de sus representantes en el Parlamento-, no ante los Estados. Por ello, proponemos dotar de mayor poder al Parlamento Europeo otorgándole la iniciativa legislativa plena, queremos reforzar y reestructurar la Comisión Europea donde la figura principal de presidente de la Comisión coincida con la de presidente del Consejo Europeo y, con el objetivo de eliminar la falta de transparencia en la actual política “a puerta cerrada”, suprimir el Consejo y sustituirlo por un Senado de la UE.
Según Eurostat, en la Unión Europea hay 25,7 millones de personas sin trabajo. De ellos, más de cinco millones son españoles. A su vez, el desempleo juvenil se encuentra por encima del 20%. ¿Cuáles son sus propuestas para reducir esta pandemia?
El desempleo estructural es consecuencia de una quiebra del modelo productivo tradicional, que la globalización y las nuevas tecnologías ha convertido en ineficiente, de un sistema educativo fracasado que no forma en la excelencia, y de un modelo político que ha vampirizado los recursos que la sociedad debiera haber dedicado a preparar el futuro.
Por todo ello, nuestra prioridad en el Parlamento Europeo será facilitar la creación de empleo. ¿Cómo? UPyD cree fundamental fomentar la movilidad, garantizar condiciones y coberturas mínimas comunes, y compartir prácticas de éxito entre estados.
Además, propondremos permitir la libertad de circulación no sólo de los trabajadores, sino también de los desempleados para que puedan buscar trabajo y formarse profesionalmente en cualquier Estado de la Unión Europea. Para que esto sea viable, se deberá crear una Seguridad Social europea que garantice coberturas mínimas comunes a todos los ciudadanos (por ejemplo, del inglés en España, semejantes a las del español en Inglaterra), facilitando así la movilidad.
En UPyD consideramos que la tragedia del desempleo juvenil no es sólo un problema actual, sino de futuro: no sólo estamos perdiendo una generación, estamos perdiendo capital humano y, por lo tanto, la futura competitividad de la UE. Para combatirla, incentivaremos la contratación indefinida frente a la temporal y la creación de un “Programa Europeo de Formación Mínima”, que establezca la vuelta a los estudios reglados (Instituto o FP) de las personas que lo abandonaron prematuramente y para los casos de fracaso escolar. Además, presionaremos para que se exprima EURES (portal de empleo Europeo); no se le está sacando el provecho que debería.
La supervivencia del euro parece hoy fuera de toda duda. ¿Su partido está de acuerdo con la arquitectura actual de la unión monetaria? En su caso, ¿cuáles son sus propuestas?
Nuestras propuestas económicas se fundamentan principalmente en la solidaridad, ya que UPyD tiene la firme convicción de que Europa no puede ser una unión -¿división?- entre países acreedores y países deudores. La solidaridad supranacional debe regir las relaciones económicas de los países miembros.
El euro ha constituido un gran avance en la construcción de la unión política y económica de Europa, pero no es una estación de destino, sino solo una parada intermedia. En consecuencia, creemos en la moneda única pero somos críticos con la arquitectura actual de la unión monetaria. De hecho, estamos convencidos de que muchas de las causas de la crisis tienen su base en el diseño de la zona euro, que fue concebida con una insuficiencia institucional profunda incapaz de solventar problemas bancarios a nivel supranacional.
Entre otras medidas, proponemos una verdadera unión bancaria y la mutualización de la deuda -estamos todos en el mismo barco-; otorgar al BCE de mayores competencias, convirtiéndolo en el prestamista de última instancia en las crisis de deuda pública nacional (refrendado por el Parlamento); una unión fiscal que incorpore impuestos compartidos y permita la transferencia de recursos entre países de la UE (evitaría competencia y evasión fiscal de empresas); una política europea que obligue a la banca e instituciones financieras a dar prioridad a la concesión de créditos, especialmente a Pymes; y, sobre todo, promover un verdadero mercado interno (energía, infraestructuras transfronterizas…), fomentar el programa Horizon 2020 y que la UE controle la inversión de los recursos europeos en I+D en cada uno de los Estados Miembros y promover la reindustrialización de Europa (llegar al 20% para 2020).
La Troika ha sido un mecanismo de control estrictamente financiero y presupuestario cuya actuación ha resultado controvertida. ¿Mantienen ustedes el vigor de este modelo de supervisión? En su caso, ¿cuál sería su opción? ¿Consideran que tendría que haber un elemento de reequilibrio social a los recortes de los déficits presupuestarios?
La institución de la Troika ha sido una manera poco adecuada de afrontar la crisis en los países deudores. Primero, por su falta de control por parte de las instituciones más democráticas europeas -Parlamento-, lo que introduce un elemento de opacidad -para decirlo en negativo- o de ausencia de transparencia en un proceso que debería ajustarse al viejo principio de «luz y taquígrafos». Segundo, porque introduce un elemento que no tiene que ver con Europa, como es el FMI.
El mejor reequilibrio social consistiría en actuar desde un presupuesto europeo más ambicioso del actual en las políticas a plantear en este ámbito.
Europa carece de una política energética común. ¿Cuál es su modelo?
La energía no es un fin en sí misma, es un medio para un objetivo: competitividad industrial, desarrollo económico y mantenimiento del estado de bienestar. Por lo tanto, algo tan fundamental no debe estar dominado por el interés nacional, y tiene que ser el interés común -Europeo- el que rija las decisiones energéticas de la UE. Por ejemplo, si hubiese una política energética común muchos países no sufrirían las consecuencias energéticas del conflicto de Ucrania. En consecuencia, UPyD aboga por desarrollar planes energéticos comunes que acaben con la falta de transparencia y libertad del mercado energético europeo, y que la CE coordine, bajo el control del Parlamento, la implementación de una verdadera infraestructura energética europea.
En cuanto a las tipos de energía, la situación de alta dependencia energética de la UE nos exige considerar todas las fuentes de energía disponibles -incluido el fracking y la energía nuclear-, libre de cualquier prejuicio basado en doctrinas políticas o de pensamiento, sin dejar de apoyar el desarrollo de las energías renovables, sobre todo aquellas con niveles de eficiencia más altos.
Europa ha iniciado la negociación de un tratado de libre comercio con EEUU. ¿Cuáles son los términos en los que debería apoyarse esta relación bilateral?
Las relaciones con los EEUU son muy importantes para la UE, somos socios y mantenemos proyectos comunes en muchos aspectos. Pero es verdad que EEUU no puede tratar al conjunto de los ciudadanos europeos como presuntos delincuentes invadiendo sus espacios de expresión propios, como ha venido ocurrieron con las escuchas telefónicas o los controles de los correos electrónicos. Hay líneas rojas, y no se pueden cruzar.
Respecto del tratado, entendemos como muy positivo para el desarrollo y el crecimiento económico entre los dos socios. En consecuencia, consideramos la UE debe trabajar para que el futuro tratado de libre comercio con EEUU garantice la igualdad real, no solo formal, de los actores económicos a ambos lados del Atlántico, de manera que permita el sano ejercicio de la libertad y la competencia sin trabas que distorsionen el mercado. Sin embargo, convendría plantear la reflexión precisa que acabo de formular.
El fenómeno de la inmigración se constituye en uno de los grandes problemas de Europa. ¿Cuáles son sus propuestas para hacer frente a esta situación?
Usted mismo lo dice en la pregunta, la inmigración no es un problema de los estados fronterizos, es un problema de Europa. A pesar de esta realidad, Bruselas sigue viendo esto como un problema periférico (el ejemplo de Melilla es claro en este sentido), y eso tiene que acabar.
Para ello, proponemos que la inmigración caiga dentro del marco de seguridad de la UE. La Comisión Europea será quien coordine la protección de las fronteras exteriores de la Unión y todos los Estados miembros, sin excepción, compartirán los medios humanos y materiales adscritos al control de fronteras y flujos migratorios bajo un mismo marco legal. En consecuencia, defendemos el establecimiento de un sistema unificado de permisos de residencia y trabajo en la UE, la protección conjunta de las fronteras exteriores e la Unión, y el diseño y puesta en marcha de una estrategia común frente a la inmigración ilegal.
UPyD defiende también seguir fomentando y facilitando la integración de los inmigrantes en base a la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.
Dentro de la Unión Europea existen reivindicaciones de carácter nacionalista. ¿Cómo creen que debe afrontar Bruselas este hecho? ¿La estructura de la UE debe estar abierta a nuevas incorporaciones? En caso afirmativo, ¿cuál debería ser el criterio para aceptarlas?
Aplicando el consenso para avanzar en la construcción de una Europa de los ciudadanos. El nacionalismo -como dijo el presidente Mitterrand- es la guerra.
La UE debería digerir previamente la integración que supuso la caída del Muro de Berlín de finales del siglo pasado. Algunos de sus países ni siquiera podrían hoy en día pasar los estándares democráticos de la UE, la corrupción sigue siendo un gran problema en muchos de ellos (lamentablemente España no es una excepción a este respecto).
Gran Bretaña mantiene su moneda, no acepta una parte importante de la legislación comunitaria, cuenta con el mercado financiero-bancario más grande de Europa y el euroescepticismo de su población se encuentra al alza. ¿Qué tipo de relación habría que establecer con este país?
En UPyD defendemos una Europa donde los ciudadanos, y no los estados, sean el centro de la política, y su voluntad, y no la de los estados, gobierne las instituciones. En consecuencia, nuestro horizonte es federalista, y creemos que a medio plazo, en un mundo cada vez más globalizado, Europa será una unidad o, en caso contrario, caerá en la insignificancia. Para aquellos que quieran quedarse anclados en una concepción nacional del pasado la UE deberá articular, en la medida de lo posible, mecanismos de cooperación, pero sin que ello suponga retrasar u obstaculizar el desarrollo de la Unión.
Por lo tanto, nuestra posición respecto a la UE difiere de la de Gran Bretaña, lo que no significa que no respetemos su visión ni consideremos inviable el diálogo con ellos para conseguir mayores avances, pero siendo conscientes de que nuestro objetivo final no es el mismo que el suyo.
Los últimos estudios sobre el sentir ciudadano en España han demostrado que la corrupción ocupa un lugar privilegiado en la lista de problemas que preocupan a la sociedad. ¿Cuáles son sus propuestas para luchar contra ella?
Como sabe, desde su nacimiento UPyD ha luchado contra la corrupción que, cada día que pasa, parece que está más propagada por todos los niveles de la administración. Esta situación, que consideramos la gran lacra de nuestra democracia, ha conseguido alejar a las instituciones y a los políticos, especialmente a los partidos viejos, de los ciudadanos y de sus problemas. Urge por lo tanto devolver la política a los ciudadanos, sus legítimos dueños, y restaurar la confianza en el buen funcionamiento del Estado, ya que si no restauramos la democracia y la confianza ciudadana (que está en el nivel más bajo de la última década, y cayendo), no lograremos superar la triple crisis sistémica (económica, política y social) en la que nos encontramos. Necesitamos un cambio real y profundo, una REGENERACIÓN. Nuestro futuro, y así lo creemos, depende de ello.
Para conseguirlo queremos legitimar la democracia (porque no nos engañemos, esta deslegitimada) a través de una lucha comprometida y eficiente contra la proliferación de
casos de corrupción, mal gobierno y despilfarro. Esta deslegitimación está agravada por la evidente falta de independencia de la cúpula de la justicia y de la necesaria separación de los poderes del Estado; separando de manera efectiva los poderes del Estado y asegurando la independencia de la justicia, eliminaremos el control ejecutivo de los órganos de gobierno judicial y de la Fiscalía, permitiéndonos progresar en la tan necesitada igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades y la libertad personal (PARA TODOS, SIN EXCEPCIÓN NI PRIVILEGIOS), sin que supuestos derechos históricos o colectivos, creencias religiosas o identidades étnicas o nacionalistas, puedan emplearse para coartar la igualdad y la libertad o excluir de sus beneficios a cualquier segmento de la sociedad ni a los habitantes de un territorio particular.
Además, queremos rescatar las instituciones que están al servicio de intereses privados, de partido o grupo de intereses opacos, ajenos al interés general; fomentar la responsabilidad política que obligue a los gobiernos (y a sus representantes) a cumplir sus compromisos y asumir la responsabilidad de sus actos, dando cuantas explicaciones les sean requeridas; impulsa una ley electoral proporcional que garantice la igualdad de valor del voto y el derecho activo y pasivo a la participación política en igualdad de condiciones, y apoyar la evolución de la Unión Europea hacia un Estado federal con ciudadanía e instituciones democráticas comunes -económicas, fiscales, financieras, monetarias, judiciales, legislativas y ejecutivas- a todos los efectos, superando la actual asociación confederal de Estados nacionales.
Para llevar adelante estas reformas, UPyD pide exige un Pacto de Legislatura en el que los principales partidos parlamentarios se comprometan públicamente a aprobar por vía de reformas legales que eviten cambien esta situación y a modificar la Ley Electoral para, a continuación, proceder a la convocatoria de Elecciones Generales para abrir un periodo constituyente que ponga nuestra democracia a la altura de las exigencias del siglo XXI y permita la refundación del Estado según los procedimientos democráticos y con el protagonismo ciudadano.
