«No es del todo correcto. Los votantes sólo elegirán directamente a los europarlamentarios, pero no al presidente de la Comisión.» Por primera vez en unas elecciones el votante elige Parlamento y presidente de la Comisión. ¿Qué opinan de este nuevo modelo? ¿Proponen algún cambio en el proceso de composición interna de los organismos comunitarios?
No es del todo correcto. Los votantes sólo elegirán directamente a los europarlamentarios, pero no al presidente de la Comisión. Es cierto que el Parlamento tendrá la capacidad de proponer candidato, pero será el Consejo Europeo el que finalmente tome la decisión definitiva. Es un avance, pero muy modesto.
Izquierda Unida propone un proceso constituyente en Europa que implica nuevos tratados y nuevas instituciones, con el objetivo de lograr una Europa de los ciudadanos y ciudadanas. Uno de los objetivos es, precisamente, una profunda democratización de todos los organismos e instituciones.
Según Eurostat, en la Unión Europea hay 25,7 millones de personas sin trabajo. De ellos, más cinco millones son españoles. A su vez, el desempleo juvenil se encuentra por encima del 20%. ¿Cuáles son sus propuestas para reducir esta pandemia?
No lo calificaría de pandemia porque parecería un “castigo de los dioses”, sin responsables. La situación de paro en general tiene causas perfectamente identificables que son, en lo esencial, la crisis del capitalismo y las políticas de reformas impuestas por la Troika. Específicamente en España, donde el paro ha aumentado cinco veces más que la media de la UE, es consecuencia de un modelo productivo perverso y de las políticas del bipartidismo aplicadas por PP y PSOE.
La solución está en actuar sobre las causas: hay que modificar el modelo productivo, lo que no puede hacerse en un tiempo corto, y hay que actuar con políticas urgentes de creación de empleo y desarrollo de una economía sostenible, reforzadas por un plan de reindustrialización en la UE financiado por el BEI, tal como han propuesto los sindicatos europeos. Una reforma fiscal justa aportará los recursos necesarios, junto a la lucha contra el fraude, contra la elusión fiscal y la economía sumergida. El empleo debe ser el gran objetivo. En lo inmediato hay que potenciar el consumo y la inversión productiva y apoyarse en el mercado interno. Esto es justo lo contrario de lo que está haciendo el PP.
La supervivencia del euro parece hoy fuera de toda duda. ¿Su partido está de acuerdo con la arquitectura actual de la unión monetaria? En su caso, ¿cuáles son sus propuestas?
No estamos de acuerdo con ella, pero no creemos que la causa de los problemas esté en la moneda. La política monetaria es siempre consecuencia de la política económica global y no su causa. Por tanto, hay que cambiar la política económica, avanzar en la convergencia fiscal, dar otro papel al Banco Central Europeo (que debe ser semejante a la Reserva Federal de EEUU o al Banco de Inglaterra) y mutualizar la deuda de los países miembros de la UE. Eso permitirá una moneda única sobre bases nuevas.
La Troika ha sido un mecanismo de control estrictamente financiero y presupuestario cuya actuación ha resultado controvertida. ¿Mantienen ustedes el vigor de este modelo de supervisión? En su caso, ¿cuál sería su opción? ¿Consideran que tendría que haber un elemento de reequilibrio social a los recortes de los déficits presupuestarios?
La Troika ha actuado como un mecanismo de imposición política antidemocrática. Hoy se puede decir que sus políticas han fracasado tras seis años de crisis. Simplemente hay que disolverla. En cuanto a los recortes, no se trata de reequilibrarlos. Nosotros no nos oponemos a una racionalización del gasto público que evite aeropuertos sin aviones y autopistas sin coches, pero sí lo hacemos a usar los recursos públicos para salvar los fiascos privados, es decir, para socializar las pérdidas. Esto, junto a la desfiscalización del Estado defendida por PP y PSOE, ha transformado un país que tenía superávit en un país con un déficit que el PP es incapaz de corregir.
Se trata de algo de planteamiento sencillo: reducir el déficit y la economía sumergida a la media de la UE, limitar severamente la elusión fiscal y hacer una reforma fiscal justa y progresiva que consiga una contribución fiscal equivalente a la media de la UE (hoy estamos al menos ocho puntos de PIB por debajo). Como puede ver cualquier ciudadano, nada confiscatorio, todo en la media de la UE. Con ello, desaparecería el déficit presupuestario. Sólo es necesaria voluntad política para hacerlo.
Europa carece de una política energética común. ¿Cuál es su modelo?
Hay que reducir la dependencia de los combustibles fósiles y levantar un polo público del sector energético que garantice que se puedan desarrollar políticas que tengan en cuenta el beneficio y las necesidades sociales. En sectores estratégicos como la energía no podemos permitir la especulación y corresponde al Estado la responsabilidad y el control. Hay que avanzar en la definición de un mix energético, del que no debe formar parte la energía nuclear, con un componente creciente de energías renovables. Además, las principales empresas energéticas, muchas de ellas privatizadas por PP y PSOE, deberían a volver a ser de titularidad pública.
Europa ha iniciado la negociación de un tratado de libre comercio con EEUU. ¿Cuáles son los términos en los que debería apoyarse esta relación bilateral?
Dos cosas que, desgraciadamente, no se están cumpliendo: la transparencia y el beneficio mutuo. Por el contrario, la negociación se hace en secreto y las consecuencias de lo que se va conociendo son muy lesivas para la economía europea, muy especialmente para la española. Hace unos días IU presentó una moción en el Congreso para que haya un referéndum antes de que se ratifique este tratado. PP y PSOE unieron sus votos una vez más para echar por tierra en el Pleno esta propuesta.
Nuestra producción agrícola quedará seriamente amenazada no solamente en las exportaciones, sino también en el mercado interno. El tejido productivo español, formado en su inmensa mayoría por pequeñas empresas, se verá sometido a una concurrencia agresiva de las empresas estadounidenses, los derechos laborales van a recibir una fuerte presión y la posibilidad de hacer políticas públicas estará seriamente limitada.
El fenómeno de la inmigración se constituye en uno de los grandes problemas de Europa. ¿Cuáles son sus propuestas para hacer frente a esta situación?
Las políticas de la UE son reflejo del contraste entre un discurso basado en derechos humanos y la realidad de una ‘Europa fortaleza’ que blinda sus fronteras, usa mano de obra barata, recorta derechos e impone un modelo represivo muy poco acorde a los principios proclamados.
Los seres humanos no son ilegales. Reclamamos la aplicación de los Tratados Internacionales, que deben ser ratificados por España en su caso. Exigimos el cierre de los CIE, defendemos medidas protectoras contra la trata de migrantes, abogamos por el derecho al trabajo y a los derechos sociales de los inmigrantes que residen en la UE y defendemos una política de inmigración común e integradora. En los últimos tiempos estamos asistiendo a políticas de expulsión incluso de ciudadanos de la UE en ciertos países, como ocurre con los españoles y otros en Bélgica o con los gitanos en algunos lugares. Estas prácticas deben ser erradicadas.
Dentro de la Unión Europea existen reivindicaciones de carácter nacionalista. ¿Cómo creen que debe afrontar Bruselas este hecho? ¿La estructura de la UE debe estar abierta a nuevas incorporaciones? En caso afirmativo, ¿cuál debería ser el criterio para aceptarlas?
Nosotros somos partidarios del derecho a decidir porque es democrático, pero somos contrarios a soluciones independentistas. En el caso español defendemos una República Federal y Solidaria que represente un nuevo marco de convivencia entre los pueblos que la integren.
Dicho esto, conviene recordar que la OTAN no tuvo ninguna dificultad para intervenir militarmente y trocear la antigua Yugoslavia, en el corazón de Europa. La OTAN no tiene ningún sentido. Obviamente, Bruselas debería aplicar un criterio democrático a las nuevas incorporaciones, si estas se solicitan.
Gran Bretaña mantiene su moneda, no acepta una parte importante de la legislación comunitaria, cuenta con el mercado financiero-bancario más grande de Europa y el euroescepticismo de su población se encuentra al alza. ¿Qué tipo de relación habría que establecer con este país?
El Reino Unido, con esas características que refleja la pregunta, incide en numerosas ocasiones reforzando las posiciones más cerradas en lo económico y en lo político y es un obstáculo para el avance de una Europa de los pueblos. Por ejemplo, la legislación tributaria y la lucha contra los paraísos fiscales encuentran serios obstáculos en los gobernantes ingleses. En no pocas ocasiones, sus posiciones aparecen más cercanas a sus socios privilegiados, los Estados Unidos, que a las del resto de Europa. Creemos que la relación con este país debe someterse a un mayor equilibrio entre derechos y deberes, compromisos y beneficios.
Los últimos estudios sobre el sentir ciudadano en España han demostrado que la corrupción ocupa un lugar privilegiado en la lista de problemas que preocupan a la sociedad. ¿Cuáles son sus propuestas para luchar contra ella?
Izquierda Unida ha presentado en el Congreso numerosas iniciativas contra la corrupción, incluida una proposición de ley específica y la creación de una comisión de investigación sobre la financiación de todos los partidos en los últimos 20 años. En todos los casos nos hemos encontrado con el veto del PP y, algunas veces, también del PSOE ante estas propuestas. Somos partidarios de abordar este problema con la máxima urgencia porque se ha convertido en un cáncer de la democracia. Se requiere un tratamiento integral, que incluye la investigación, por un lado, y la modificación de todas las leyes que tienen que ver con el tema, como por ejemplo la de Financiación de los Partidos Políticos o la de Contratos de las Administraciones Públicas. Los procedimientos judiciales deben ser mucho más rápidos y hay que investigar y juzgar no sólo al corrupto sino también al corruptor. Hacen falta muchos más recursos para que la Justicia sea ágil y los casos no se alarguen durante años, con la consiguiente sensación de impunidad en nuestra sociedad.
